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martes, 25 de octubre de 2011

DAUPARÁ 2011. Muestra de Cine y Video Indígena en Colombia.


Bogotá. Octubre 25 al 30.
 ENTRADA GRATUITA

Sala Fundadores de la Universidad Central / Biblioteca Nacional / 
Colegio Gimnasio Moderno / Cinemateca Sala Alterna Universidad Nacional / Universidad Javeriana / Universidad Externado de Colombia /Calles de Bogotá

Este año la muestra exhibirá + de 60 obras en representación de distintos pueblos indígenas de Colombia, México, Bolivia, Canadá, Ecuador, Guatemala, Panamá, Argentina, Brasil, Venezuela y Perú. 
Conversatorios y mesas de trabajo con la presencia de distintos realizadores indígenas provenientes de los pueblos NASA, ARHUACO, WIWA, KOGUI, WAYUÚ, INGA, KANKUAMO, KAMENTSA, MISAK, SENÚ, EMBERA, TIKUNA, MAKUNA, MUISCA y PASTOS entre otros.

Selección Nacional / Selección Internacional / Retrospectiva de Ojo de Agua Comunicación de México / Muestra Especial del “Premio Anaconda” / Muestra Especial “Festival Internacional del Cine y Video de los pueblos indígenas”.

Inauguración: Martes 25 de Octubre
Sala Fundadores-Universidad Central 
Estreno película Ñanz
Cll 22 No. 5-85
6:00 p.m.
ENTRADA LIBRE




Los derechos políticos de las mujeres indígenas


Las mujeres indígenas no son pasivas ante la violación de sus derechos, en los últimos años han formado organizaciones y han generado condiciones para el reconocimiento y el respeto a esas garantías.
Aunque han hecho visibles sus propias demandas dentro de los movimientos indígenas en los que han participado, aún existe una profunda desigualdad en el ejercicio de sus derechos políticos con respecto a los hombres.
Sin pretender en absoluto justificar esta desigualdad, hay que decir que pensar el tema de la participación política de las mujeres es pensar en el tema de la diferencia en la igualdad, y en el tema de los derechos individuales y colectivos: en primer lugar, hay que entender la propia forma en que las mujeres indígenas luchan al interior de las comunidades con una concepción no de ruptura con lo comunitario, sino en base a una complementariedad entre hombres y mujeres que permea la cosmovisión de los pueblos originarios de toda América Latina. En segundo lugar, no ver la participación política de las mujeres indígenas circunscrita a lo meramente electoral, es decir, el ejercicio de votar. Es necesario generar una serie de condiciones para que las mujeres indígenas ejerzan sus derechos políticos y participación con libertad e igualdad de condiciones, desde el mejoramiento del nivel de vida, hasta la garantía de la libertad de asociación u organización sin la presión interna de la comunidad y sin injerencia de programas gubernamentales o no gubernamentales.
Hoy por hoy, existen factores que afectan de manera directa no sólo sus derechos políticos, sino al conjunto de sus derechos humanos y colectivos: las mujeres han hecho frente al desastre humano provocado por la situación económica: en condiciones de extrema pobreza, alimentan y visten a los y las hijas, son la primera línea en la defensa de la tierra y el territorio, las semillas, los recursos, ante la migración de hombres adultos y jóvenes asumen la dirección de la familia, etc., y cada vez más asumen estas responsabilidades de manera colectiva, creando y fortaleciendo organizaciones comunitarias.
Pero al mismo tiempo, esta misma situación sigue siendo un enorme obstáculo para lograr el respeto a sus derechos: el analfabetismo, la desnutrición, la cantidad y las cargas de trabajo, el monolingüismo, entre otros elementos, limitan su participación en la vida política de la comunidad, del municipio, del estado, del país.
Es por ello que la participación política de las mujeres debe entenderse en el contexto de las propias formas de organización de las comunidades indígenas, cuidando bien de no justificar situaciones de subordinación con el tema de los usos y costumbres, tema muy polémico en el ámbito de los derechos humanos.
El concepto mismo de usos y costumbres está rebasado: los pueblos y comunidades indígenas tienen sistemas normativos propios, equivalentes conceptual y procedimentalmente al sistema normativo constitucional. Pero estos sistemas no han sido reconocidos en México y por ello, ante la ausencia de un marco de pluralismo jurídico, normalmente entran en contradicción en la cotidianidad de los pueblos. Estos sistemas normativos indígenas no son homogéneos; efectivamente, existen muchos casos en los que, mediante estos sistemas, se impide que las mujeres indígenas participen en una elección o sean elegidas para ocupar cargos de gobierno de la comunidad; se han dado casos en que las mujeres indígenas manifiestan su preferencia del sistema electoral para poder votar, participar y tomar cargos cuando no se les permite. Existen otros más como las autonomías que se han organizado no sólo en Chiapas sino en otras regiones del país, en las que se están creando nuevos sistemas normativos a partir de reglas comunitarias ya existentes y la incorporación de nuevas para establecer relaciones más justas y equitativas entre hombres y mujeres y asegurar una mayor participación de las mujeres en cargos de gobierno, cosa que aún no se logra.
En todo caso, las mujeres indígenas todavía están fuera de los cargos de poder y decisión dentro de la comunidad, de su organización y de las estructuras políticas de su municipio, región o estado, pues ni la vía electoral, ni la de los sistemas normativos propios, garantizan, hasta el día de hoy, la vigencia de sus derechos políticos.
El tema de los “usos y costumbres” no debe ser utilizado como un argumento para no reconocer los sistemas normativos indígenas y las autonomías, pues es un argumento que también considera, desde una visión colonizadora y discriminatoria, a las mujeres indígenas como seres pasivos y vulnerables y no como activas defensoras de sus propios derechos. Las mujeres indígenas han demostrado que pueden consolidar organizaciones locales con articulaciones nacionales e internacionales para lograr el reconocimiento de sus derechos y buscar solución a sus demandas tanto al interior de sus comunidades como fuera de ellas.
Los esfuerzos deben dirigirse a abrir esos candados que impiden que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos; uno de ellos es el que imposibilita a las mujeres el acceso a la tierra y por tanto a su participación en la asamblea que es el órgano supremo de decisión de la comunidad. Otro es la reflexión en las propias comunidades sobre el equilibrio que debe existir los derechos de las mujeres y las decisiones colectivas mediante la visibilización de las condiciones de discriminación hacia la mujer. Obviamente, es fundamental el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas como marco para éstos ejerzan la libre determinación, no sólo en el papel, sino en la vivencia de cada día, y las mujeres indígenas puedan participar, de la forma que ellas elijan, en la vida política de sus pueblos y de su país.
“Yo no sé leer ni escribir, pero no necesito saberlo para sentir que me discriminan”
Doña Jose, mazahua del Estado de México1

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* Directora General Adjunta de Quejas y Reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Conversemos en Twitter: @TnBbDk
Más información en www.conapred.org.mx

1 Citada por Martha Sánchez Néstor, “Ser mujer indígena en México: una experiencia personal y colectiva en el movimiento indígena en la última década”, en Martha Sánchez Néstor (coordinadora). La otra mirada, voces e historias de mujeres indígenas latinoamericanas. México. UNIFEM. 2005.
Hilda Téllez Lino*

Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas en América Latina


El documento recoge la literatura disponible sobre el tema de áreas protegidas y pueblos indígenas e información proporcionada por los países de la región latinoamericana, a través de informes nacionales, discusiones realizadas durante el desarrollo de un foro electrónico, estudios de casos y un seminario/taller, involucrando a especialistas de los distintos países. Los resultados de estas actividades están reflejados en el presente documento, cuyo propósito es ofrecer orientación técnica y servir de fuente de información para revisar las políticas, la legislación y las regulaciones relacionadas con el tema. También incluye las recomendaciones de líneas de políticas y acciones para mejorar la gestión de áreas protegidas con pueblos indígenas, resultantes del seminario/taller llevado a cabo en Argentina en el 2007. Se espera que este documento represente una herramienta útil para todas las instituciones y los profesionales que estén involucrados en la gestión de áreas protegidas con pueblos indígenas sean del sector público, como también de organizaciones no gubernamentales, el sector privado y estudiantes interesados en el tema.
Número de páginas: 
58 p.
Editorial: 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO)
Año de Edición: 
2008
Lugar de edición: 
Santiago, Chile.
Autores:
Alvarado Barragán, Lourdes
Documento Completo:
pueblos_indigenas_y_areas_protegidas_en_america_latina_.pdf

lunes, 24 de octubre de 2011

Alias ‘Pedro’ aceptó haber asesinado a Jaime Rengifo Jr. y perpetrado varias masacres en Maicao


Ante el Juez de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla,  Zoraya Anyul Chalela Romano, el desmovilizado de las AUC frente Contrainsurgencia Wayuú, José Gregorio Álvarez Andrade alias ‘Pedro’ o ‘Comandante 16’ aceptó los cargos que se le imputan por parte de la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento forzado, torturas, hurto y desapariciones en hechos registrados en el año 2003 en Maicao, cuando actuaba como comandante del frente paramilitar.

En la audiencia de imputación de cargos se realizó un recuento pormenorizado de todos los hechos que se registraron en contra de periodistas, comerciantes, trabajadores y demás personas que eran declarados objetivos militares por parte de los integrantes de las AUC, que haciendo caso a las órdenes de alias ‘Pedro’ o ‘Comandante 16’ asesinaban a quienes supuestamente no cancelaban las ‘vacunas’, hablaban mal de las autoridades o eran miembros de bandas delincuenciales de esta zona de La Guajira.

Inicialmente el grupo Justicia y Paz de la Fiscalía representada por Alberto Ariza Hernández, entregó toda la información relacionada con la muerte del periodista Jaime Rengifo Jr. quien fue asesinado el 29 de abril de 2003 en momentos en que se hallaba en el Hotel Venecia de Maicao.

El periodista Rengifo Jr. fue asesinado de 7 impactos de bala porque denunciaba todas las irregularidades y presuntos nexos de la Policía y el Ejército con los integrantes de las autodefensas. Su muerte fue ordenada por alias ‘Pedro’.

Otro de los homicidios que se le endilgan a José Gregorio Álvarez Andrade alias ‘Pedro’ es el de haber ordenado la muerte de un trabajador del matadero de Maicao, identificado como Wilfredo Enrique Riquett Pérez de 24 años de edad. El crimen de este hombre se llevó a cabo el 30 de junio de 2003.

El hecho más relevante de esta audiencia que contó con la presencia de varios familiares de las victimas que se trasladaron desde Maicao a Barranquilla, lo constituyó la narración de la muerte de 4 personas y dos más que resultaron heridas durante una balacera registrada el 8 de noviembre de 2003 en la Licorería y Refresquería ‘Belkis’ del barrio El Carmen de Maicao donde cayó muerto un prestante empresario del sector transportador de la localidad.

Los muertos que se hallaban jugando una partida de dominó fueron identificados como Benancio Iguarán Cotes, Efraín Segundo Galván Magdaniel, Roberto Lucas Peralta López y Antonio Mauricio Bertíz Medina, atacados con proyectiles de arma de fuego  por tres sujetos que se movilizaban en un auto de color blanco.

Al respecto fueron muchas las versiones que tejieron en torno a esta masacre que conmovió a todo el departamento de La Guajira, teniendo en cuenta quién era  el señor Benancio Iguarán. 

Tomado de:  http://www.diariodelnorte.net/judiciales/regionales/8376-alias-pedro-acepto-haber-asesinado-a-jaime-rengifo-jr-y-perpetrado-varias-masacres-en-maicao.html

domingo, 23 de octubre de 2011

Pronunciamiento Público de las Mujeres, Campesinas y Afrocolombianas de América Latina


En la ciudad de Bogotá, durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2011, nos reunimos en el Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería mujeres colombianas campesinas, indígenas, afrocolombianas, urbanas y jóvenes provenientes de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Caldas, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Cesar, Guajira, Cundinamarca, Valle del Cauca y delegadas internacionales de organizaciones de Guatemala, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Perú y Argentina.

Nosotras, hijas de la Madre Tierra y constructoras de nuestros territorios, constatamos después de compartir y analizar las afectaciones que producen las políticas minero-energéticas en el continente, particularmente en Colombia, donde hoy nos reunimos, lo siguiente:

  1. El modelo extractivista y de explotación de la naturaleza desconoce a las comunidades, pueblos y organizaciones que por centenares de años han preservado todo lo que en ella se encuentra. Un modelo inmerso en la lógica capitalista y patriarcal de impacto global, que en aras de la acumulación económica mercantiliza la vida, la Madre Tierra y nuestro patrimonio natural y cultural.
  2. La agresiva presencia de los megaproyectos minero energéticos y empresas trasnacionales, además de transformar la economía política del continente, impone formas, sentidos de vida, proyectos políticos, culturales e ideológicos a nombre del desarrollo y el progreso.
  3. Para imponer estos megaproyectos se crean condiciones ideales mediante el despojo, con el que a la vez que se privatizan ríos y caminos, se vulneran y desconocen los derechos sociales, económicos y cultuales de los pueblos.
  4. Para despojar de sus tierras y territorios a las etnias (negritudes e indígenas), a las comunidades campesinas y urbanas a lo largo y ancho del país, en Colombia, se ha utilizado la guerra como estrategia.
  5. Junto a lo anterior, se intensifican la criminalización y la estigmatización de la organización social y de la protesta popular. La mirada negativa y prejuiciosa que estas conductas ocasionan inciden en el impedimento del acceso a la justicia y en la desarticulación de las organizaciones de mujeres y demás sectores populares. En ese ambiente, las empresas cooptan a líderes y lideresas sociales con estrategias, programas y discursos que prometen mejorar sus vidas.
  6. Sumado a lo anterior, la legislación del despojo implementada en los últimos gobiernos ha legitimado los efectos de la guerra y afianzado la impunidad histórica particularmente en Colombia, de modo que se favorece la entrega de nuestro patrimonio natural y cultural.

El Encuentro también permitió hacer visibles las afectaciones específicas para las mujeres de la imposición de megaproyectos minero energéticos en nuestros territorios:

  • La actividad minero energética en las zonas se entrelaza con la exacerbación de las violencias de género y del conflicto social y armado en el país. Eso vulnera la dignidad, vida y cuerpos de las niñas y mujeres. Son múltiples los antecedentes de violencias generalizadas, de agresión física y sexual, de amenazas y estigmatizaciones.
  • La megaminería se acompaña de bases militares, mayor presencia de todos los actores armados y aumento de vigilancia privada, lo que hace más vulnerables a las mujeres.
  • La salud de las mujeres y las niñas recibe también fuertes impactos agresivos de los megaproyectos. Se acentúan las enfermedades de transmisión sexual (ETS), respiratorias, mentales y de la piel, auditivas y todas aquellas derivadas de la actividad minera extractiva y de las fumigaciones. Además, se destaca el incremento de los abortos, malformaciones, cáncer y embarazos de adolescentes, entre otras problemáticas de la salud.
  • Con dolor e indignación afirmamos la permanente demanda de servicios sexuales por parte de funcionarios y obreros de la industria minero energética, servidumbres, trata de personas, migración de mujeres, así como la estigmatización de las mujeres que ejercen el trabajo sexual promovido por este tipo de actividades económicas.
  • La gran minería transforma el uso tradicional de la Madre Tierra, por lo tanto destruye la economía campesina, las formas de consumo y los hábitos alimenticios. Para adquirir los productos que antes se cultivaban en las regiones campesinas, ahora mineras, hay que comprarlos y para ello el continente se fue acondicionando a la importación masiva de alimentos que en la actualidad, en el caso colombiano, asciende a más de 12 millones de toneladas al año.
  • A nombre del progreso, se modifica la actividad productiva tradicional y los territorios se convierten en todo el país en zonas mineras donde las empresas minero energéticas contratan a la población en forma temporal; de esa manera, los habitantes pierden la autonomía productiva y en especialmente en el caso de las mujeres se restringen sus labores a actividades históricamente marginales en la economía.
  • Se violenta la identidad cultural y espiritual de los territorios de pueblos originarios y de las comunidades campesinas, lo que rompe el tejido social, los lazos familiares, organizativos y comunitarios. La conflictividad en las comunidades se incrementa con su desintegración, hay mayores conflictos entre vecinos y vecinas y se entraba la unidad para actuar y defender el territorio.

En este Encuentro, las mujeres latinoamericanas ratificamos:

  • Nuestro derecho a la vida, a la organización social, la movilización y la denuncia contra los megaproyectos minero energéticos que pongan en riesgo nuestra vida y la de nuestros territorios. Y en tanto la guerra es un impedimento para ejercer estos derechos exigimos y trabajaremos por una solución política al conflicto social y armado que vive Colombia.
  • La urgencia de avanzar en la comprensión del impacto de los megaproyectos minero energéticos en la vida de las niñas y mujeres para aclarar nuestro papel en la resistencia y defensa de nuestros territorios.
  • La necesidad de visibilizar y posicionar en la agenda de nuestras organizaciones sociales y populares los impactos negativos sociales, económicos, ambientales y culturales de estos megaproyectos en la vida de las niñas y mujeres campesinas, indígenas, afro, jóvenes y urbanas.
  • La exigencia de incluir las afectaciones en las políticas públicas y en especial las políticas públicas de mujeres, para que se genere una real protección de los derechos humanos de las mujeres.
  • La necesidad de investigar, documentar, hacer seguimiento y divulgar con enfoque de género cada uno de los casos que se están presentando en Colombia y el continente.
  • Avanzar en la formación e información de las comunidades afectadas y las comunidades en general, de modo que eso permita implementar estrategias para la defensa de nuestros derechos.
  • Recuperar el sentido de la relación de las mujeres con la Madre Tierra, el territorio, el agua, las semillas y la producción, en tanto eso ratifica su función social en la lógica comunitaria no mercantilista y afirma nuestra identidad cultural.
  • Visibilizar y denunciar la grave situación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en contextos de los megaproyectos minero energéticos.
  • Impulsar las consultas populares adelantadas con autonomía de las comunidades y organizaciones. En este sentido, rechazamos las consultas contempladas en las normatividades nacionales e internacional, hasta tanto no se garantice la formación político organizativa de las comunidades y para las comunidades. Esta formación es la que garantiza una adecuada toma de decisiones colectivas e incluyentes de las mujeres, decisiones acordes con las particularidades de las comunidades y basadas en una verdadera consulta libre, previa e informada.

Como hijas de la Madre Tierra, hermanas en el dolor y la indignación entrelazamos nuestros esfuerzos y procesos organizativos para articularnos en la defensa de nuestras tierras, territorios, cultura y soberanía alimentaria y territorial.
Bogotá, 12 de octubre de 2011

Acción Ecológica - Ecuador , Acipuc - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia, Afrosiso, Cauca, Asociación Biabuma - Antioquia, Colombia, Asociación Agropecuaria de Caramanta, Antioquia, Colombia, Asociación Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia, Asociación de Distribuidores de El Salvador, ADES - El Salvador, Asociación de Mujeres Artesanas de Cerrito, Asomuarce, Santander, Colombia, Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, Antioquia Colombia, Asociación de Vendedoras de Pescado de La Playa, Betulia, Santander, Colombia

Ceiba - Amigos de la Tierra Guatemala, Cima - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia
Cinturón Occidental Ambiental, Colombia, Colectivo de Abogados José Alvear, ColombiaComité Cívico Pro Defensa de Marmato, Caldas, Antioquia, Comité en Defensa del Páramo de Santurban, Santander, Colombia, Conciencia Campesina, Colombia, Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, Chocó, Colombia, Consejo Comunitario de La Toma, Cauca, Colombia, Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Colombia, Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, Colombia, Corporación CEAM, Colombia, Ecotierra, Tolima, Colombia, Feminas Nomadas, Guajira, Colombia, Fundación Mujer y Vida, Colombia, Fuerza de Mujeres Wayuu, Guajira, Colombia, Fundación Synergia, Fundaexpresión, Santander, Colombia, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo, Sostenible, Grufides - Perú, Iniciativa de Mujeres por la Paz, Colombia  , Marcha de Mujeres Campesinas, Colombia, Proceso de Comunidades Negras, Colombia, Red Juvenil Territorio Sur, Bogotá, Colombia , Red de Mujeres y organizaciones del Meta, Colombia, Red Latinoamericana de mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales y contra la minería

 
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