Por, Maira Alejandra Goonzález - Wayuu Jayaliyu
Miembro de La Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu
”Yo me siento muy triste hoy porque hay
muchos familiares de los que ya han muerto que
no asistieron a esta reunión, si no estamos unidos no tendremos fuerza.
Ese es nuestro problema no buscamos la unidad,
como wayuu somos centinelas gratuitos de nuestras fronteras, vivir en fronteras es muy
duro, solo el amor a nuestra tierra a nuestros lugares sagrados nos mantienen
aquí. Muchos contrabandeamos porque el hambre y la necesidad nos obligan a
hacer tantas cosas que no quisiéramos
hacer. No tenemos la culpa de haber nacidos wayuu pero aquí continuamos en pie
de lucha” Así inicio Ana estela nava conocida popularmente como (la pocha) su
intervención ante los familiares de las víctimas de atropellos y asesinatos perpetrados por
fuerzas militares en Venezuela debido a la implementación del plan anti contrabando
que activo el gobierno venezolano en la
zona fronteriza de la guajira con Colombia.
El comité de derechos humanos de la
guajira realizo una asamblea donde se percibieron testimonios de diversos
hechos acaecidos en comunidades
diferentes de la guajira venezolana desde el año 2010 con la implementación del
distrito militar hasta la actualidad.
José David González coordinador de
derechos humanos en la entidad indígena afirmo “hemos caminado y llevado a las
diversas instancias los casos que han afectado a numerosas familias wayuu.
Tenemos documentos entregados a la
vicepresidencia de Venezuela a través de
la comisión nacional de derechos humanos, recibidos de oficios dirigidos a la fiscalía general de la república, y otras
instancias como la asamblea nacional de Venezuela y parlamento indígena de
América donde hemos levantado nuestra voz de protesta por la vulnerabilidad de
derechos en el territorio wayuu e igualmente presento cifras manejadas por el comité de derechos humanos de la
guajira en la actualidad la cual consta de 13 personas asesinadas por las
balas militares,28 heridos ,15
torturados,27 persona s privadas de libertad de manera ilegitima,1 secuestrado
y más de 60 allanamientos ilegales en el territorio originario acompañado de
una campaña estigmatizada en contra del pueblo wayuu.
González destaco que el estado debe
consultar a los pueblos indígenas para
realizar procedimientos en los territorios indígenas, agrego que próximamente se va a constituir una comisión de derechos
humanos para revisar los casos de cada una de las personas que han sido
privados de libertad de manera ilegítima en la región fronteriza con Colombia.
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