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Karmen Ramírez Boscán
URGENTE: Cuerpo Militar del estado Colombiano, acaba de destruir, presuntamente con granadas y bombas, Pista Tradicional de Carreras de Caballo en territorio Wayuu, con el "argumento" de que era una pista clandestina de aterrizaje al servicio del narcotrafico. Los hechos ocurrieron hasta hace poco menos de una hora cerca a la Ranchería Orroco, via a Uribia.
sábado, 26 de febrero de 2011
Mujeres indígenas y participación política.
Aportes para una reflexión de fondo
Por lo que actualmente, hablar del tema del tema de derechos de los pueblos indígenas nos remite a hablar de derechos desde un concepción de discriminación positiva, que alude al hecho de hacer énfasis especial en derechos que a determinados grupos poblacionales le han desconocido o violentados de manera histórica, perpetuando con ello situaciones de vulneración y degradación de su dignidad, y desde donde se busca, en cierta forma, reparar el daño al que han sido sometidos.
Desde la realidad que nos atañe como mujeres indígenas y afro descendientes de América Latina y del Caribe, cabe mencionar, que si bien existe una normatividad que se sustenta en los insignes esfuerzos por lograr sociedades menos injusta y más incluyentes a partir de la construcción de derechos fundados en el concepto de discriminación positiva, es decir, que asumen abiertamente la deuda que tiene la humanidad con estas poblaciones, la diferencia entre la aparición de la norma y el cumplimento de la misma es abismal; porque hablar de derechos de los pueblos indígenas implica hablar de la noción misma de derecho desde los pueblos indígenas; noción intrínsecamente relacionada con la vida, con la cultura, con las formas de entender el mundo, con el territorio, con la cosmogonía de los pueblos, es decir con la realidad misma de los pueblos, y desligar el concepto, extrapolarlo a los territorios comunes de los marcos jurídicos y la norma, es en la mayoría de los casos dejar por fuera a los mismo pueblos que se pretende defender, y es aquí donde quiero centrar mi reflexión sobre la noción de derecho, mujeres indígenas y participación política.
No obstante, esta relación con los Estados se encuentra marcada, no sólo por la negación de nuestra autodeterminación, sino también por el desconocimiento sistemático de nuestros derechos consuetudinarios, máxime a la hora de obtener beneficios para la sociedad no indígena cuando los mismos surgen de la explotación salvaje de nuestros territorios y de nosotros mismos como seres humanos, y es aquí donde aparece la barbarie.
Barbarie que ha obligado a los pueblos indígenas y a las mujeres a centrar la lucha en la defensa a la vida, y en países como Colombia donde el conflicto afecta de manera permanente al conjunto de la sociedad en general y a los pueblos indígenas en particular, la lucha se ha orientado a denunciar los abusos y la violación de derechos perpetradas por los diversos actores armados, lo que sin duda es una gran necesidad para garantizar el derecho fundamental de la vida; pero, que nos deja por fuera en muchos casos de la posibilidad de hacer frente a procesos de expoliación económica ocurridos en nuestro territorio llamados mega proyectos, o proyectos económicos bien sean nacionales o transnacionales; proyectos que no solo violentan nuestros territorios y cultura, sino que además exacerban las condiciones de pobreza en nuestras comunidades al dejarnos sin los referentes de identidad desde donde nos construimos como pueblo, y que niegan nuestras formas de desarrollo económico propio, situándonos en la marginalidad económica y por ende social.
Hasta aquí tenemos, que pese a los esfuerzos por integrar las necesidades y particularidades de los pueblos indígenas al concurso internacional de superación de desequilibrios sociales y económicos; se presentan con mayor fuerza en la escena global, sistemas normativos excluyentes donde el derecho propio de los pueblos indígenas es situado en un rango de inferioridad; además nos enfrentamos de forma permanente al desconocimiento e irrespeto por nuestras formas de vida, por nuestra autodeterminación y por la capacidad de defender y construir desarrollo social, económico y cultural; y tenemos también y por si fuera poco, situaciones de barbarie y violación sistemática de nuestros derechos humanos y colectivos; marginación, discriminación y exclusión social y expoliación económica de nuestros territorios; flagelos que se hacen más evidentes en sectores poblacionales como las mujeres, quienes han sido silenciadas a lo largo de los procesos de participación política; lo que se presenta como un síntoma más de la violencia y la exclusión generalizante hacia las mujeres en el mundo.
Prueba de ello son los procesos de consulta previa, mecanismo necesario e indispensable para asegurar que la realización de proyectos no afecte en forma irreversible nuestras formas tradicionales de subsistencia como pueblos indígenas dentro de nuestros territorios, formas que constituyen y sustentan nuestra estructura cultural y suministran la base para la preservación y el desarrollo en el tiempo de nuestras cosmogonías, saberes ancestrales y formas culturales, basados en el derecho que nos asiste como pueblos indígenas a la subsistencia de conformidad con modos y medios tradicionales de producción y reproducción material y cultural, dentro de los territorios ancestrales.
Lo que convierte el mecanismo de consulta previa en un derecho fundamental; en cuanto se hace necesario para garantizar a través de él, el derecho no sólo a la subsistencia, sino también de aquello que de él depende. Sin embargo; si bien en las diversas legislaciones nacionales e internacionales se ha reconocido y ratificado el derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada; surge nuevamente el abismo entre la aceptación de la norma y la realización de la misma, ya que en efecto actualmente los territorios indígenas son el escenario de la implementación de proyectos económicos, energéticos e incluso militares que afectan con cambios abruptos nuestros sistemas sociales, culturales y medioambientales; proyectos que no han sido debidamente consultados y sobre cuyas condiciones no se ha llegado a un acuerdo con las comunidades directa y específicamente afectadas y donde tampoco se incluyen las diversas visiones y roles de las mujeres desde su quehacer cotidiano, familiar y comunitario. Lo que nos pone como pueblos en una larga lucha por la realización del derecho a la consulta previa, mientras paralelo a ello y de forma simultánea se implementan en nuestros territorios estos proyectos, aumentando con ello la desarticulación de nuestras comunidades, los cambios de roles de género, fomentando aun más la segregación social y la pobreza, incrementando la vulneración de la que ya venimos siendo víctimas. Por estas razones invitó a los participantes en el presente evento que revisemos las formas en que se supone se hace o se realiza la participación, mas aun en el caso de la participación política de la mujer, que a lo largo de las últimas décadas se resume en la asistencia a eventos sobre participación, eventos que suman una larga lista, pero que no son suficientes al momento mismo de defender dentro de nuestros pueblos los derechos que nos asisten, pues la participación se ha asumido desde el concepto de representación en escenarios de discusión, pero aun no se logra aunar esfuerzos que hagan efectivo el disfrute de nuestro derechos de acuerdo a nuestras formas de vida, dejándonos en un espejismo de vinculación participante que nos aleja cada vez de la razón y fundamento de nuestras luchas.
Quiero además invitarlos e invitarlas a reflexionar sobre la eficacia de una participación que nos deja por fuera de la construcción de nuestro desarrollo, y nos niega la posibilidad de decidir de acuerdo a nuestros usos y costumbres como hombres y mujeres que tenemos un papel diferenciado dentro de nuestras cultural, pero donde esa diferencia es la base de la unidad, y son las partes del todo. Invitarlos también a emprender acciones que protejan de forma efectiva, haciendo uso de aquellos mecanismos ya existentes y reconocidos, nuestra cultura, nuestra estructura social, nuestra pervivencia como pueblos y que a su vez garanticen una real participación de las mujeres en estos escenarios, donde se tenga en cuenta nuestra visión y se contribuya a la reducción de la marginalidad interna y se apueste, no solo, al reconocimiento de nuestro papel en la vida misma de las luchas, sino que además se incluya nuestra visión, ya no desde la concepción de la discriminación positiva en la construcción de derechos, sino más bien desde la noción misma de equidad basada en la diferencia.
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| Jakeline Romero Epiayu - Epaya'a SJW-FMW Foto: Miguel Iván Ramírez Boscán Campaña por la Eliminación de Todas las Formas de Vilencia en Contra de Wounmainkat. "Porque en Wounmainkat - Nuestra Tierra Los Únicos Gigantes somos los Wayuu" |
Por: Jakeline Romero Epiayú[1]
En nuestra América latina a lo largo de los procesos sociales y culturales de reivindicación de derechos, que se han gestado desde cada pueblo obedeciendo a las particularidades emanadas de los contextos de cada uno de ellos, la mujer siempre ha estado desde su gestación y durante su desarrollo como sujeto creador, como luchadora, como artífice de las transformaciones y logros alcanzados; asimismo, ocurre en el caso de las luchas de los pueblos indígenas en el mundo, donde la mujer ha desempeñado un rol fundamental en los logros obtenidos, pues, no sólo ha sido la protectora de la cultura, la garante de la pervivencia cultural y la creadora de escenarios de reivindicación, sino la transformadora directa de realidades desde la cotidianidad de su hacer y desde su compromiso efectivo con las luchas.
Sin embargo, este gran aporte ha sido una y mil veces invisibilizado, excluido dentro de la exclusión, absorbido desde los discursos amplios de la lucha; dejando el tema de derechos de las mujeres reducido a un mero arquetipo de ideales comunes generalizantes que dejan por fuera la realidad de mayor marginación y discriminación de las mujeres al interior de los pueblos y que pretende subsanarse desde la noción global de derechos homogéneos y estandarizados en los marcos normativos existentes de la Ley estatutaria; que si bien, reconoce la existencia del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas; no logra cubrir las demandas de los pueblos en general ni de las mujeres en particular.
Si bien, durante las últimas dos décadas, la comunidad internacional ha posibilitado espacios y mecanismos para el reconocimiento de las necesidades específicas y las preocupaciones de los pueblos indígenas y a su vez, han incorporado en el análisis diversos enfoques de género que han orientado la atención dirigida a la situación de los pueblos indígenas, nosotros y nosotras aún nos encontramos con problemas y dificultades, que otros grupos poblacionales no tiene que soportar. Situaciones que se maximizan cuando atañen a las mujeres aumentando con ello los niveles de vulneración de los que venimos siendo ya, y aunque indigne reconocerlo, victimas históricas.
Son varios los factores que aportan a la perpetuación de esta situación, siendo, quizá uno de los más importantes el que las sociedades no-indígenas y sus marcos normativos y jurídicos propios se caractericen por una falta de respeto al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, evidenciado así, el fracaso de sus sistemas jurídicos en materia de equidad e igualdad de la norma que los sustenta; pues, parte de esta inoperancia es posible en tanto, asumen que los derechos de los pueblos indígenas se sustenta sobre normas menos importantes o que son sistemas carentes de normas vinculantes jurídicamente, para que el poder colonizador las tenga en cuenta en el marco de la Ley estatutaria; desconociendo con ello, que todos los pueblos y culturas tienen sistemas y regímenes jurídicos y políticos propios sustentados en las costumbres y que están relacionados intrínsecamente con el modo de vida de cada pueblo en particular.
Por lo que actualmente, hablar del tema del tema de derechos de los pueblos indígenas nos remite a hablar de derechos desde un concepción de discriminación positiva, que alude al hecho de hacer énfasis especial en derechos que a determinados grupos poblacionales le han desconocido o violentados de manera histórica, perpetuando con ello situaciones de vulneración y degradación de su dignidad, y desde donde se busca, en cierta forma, reparar el daño al que han sido sometidos.
Desde esta concepción, irrumpen en la escena de la construcción de derechos temas como grupos étnicos y poblaciones diferenciada, bien sea, con base en una discapacidad, en una situación derivada de conflictos, en el hecho de ser mujer o pertenecer a un rango etéreo determinado; cuando estas características se cruzan con la de pertenecía étnica, el proceso de construcción de esos derechos nos remite a una situación perpetuada de exclusión social y discriminación, que hace necesario que estos derechos no sólo sean reconocidos como normas internas o como parte de los bloques de constitucionalidad de los Estados, sino que además se revistan de garantías que hagan efectiva su aplicación y disfrute.
Desde la realidad que nos atañe como mujeres indígenas y afro descendientes de América Latina y del Caribe, cabe mencionar, que si bien existe una normatividad que se sustenta en los insignes esfuerzos por lograr sociedades menos injusta y más incluyentes a partir de la construcción de derechos fundados en el concepto de discriminación positiva, es decir, que asumen abiertamente la deuda que tiene la humanidad con estas poblaciones, la diferencia entre la aparición de la norma y el cumplimento de la misma es abismal; porque hablar de derechos de los pueblos indígenas implica hablar de la noción misma de derecho desde los pueblos indígenas; noción intrínsecamente relacionada con la vida, con la cultura, con las formas de entender el mundo, con el territorio, con la cosmogonía de los pueblos, es decir con la realidad misma de los pueblos, y desligar el concepto, extrapolarlo a los territorios comunes de los marcos jurídicos y la norma, es en la mayoría de los casos dejar por fuera a los mismo pueblos que se pretende defender, y es aquí donde quiero centrar mi reflexión sobre la noción de derecho, mujeres indígenas y participación política.
Para adentrarnos en el tema, es necesario comenzar la reflexión partiendo del hecho contundente que los pueblos indígenas somos quienes hemos estado en nuestros territorios desde antes de la llegada de los invasores europeos a América y quienes hemos resistidos las subsiguientes invasiones provenientes de todos lados del mundo occidental, y que en diferentes momentos históricos se han perpetrado amparados en discursos de salvación, modernización, desarrollo económico, civilización e incluso justicia; dejando tras de sí un saldo genocida y etnocida en su pasar y desconociendo el hecho que nosotros los indígenas y las indígenas tenemos nuestras propias formas de organización, de desarrollo económico, nuestra propia identidad, que somos en nosotras y nosotros mismo cultura, que somos entramado social, que tenemos nuestras tradiciones, nuestros idiomas, que son los pilares de la autodeterminación a que tenemos derecho; y que desconocen también nuestras formas propias de relacionarnos con lo que nos rodea y nos constituye, y que eso que nos rodea y constituye y con lo que tenemos que relacionarnos son también los Estados-nación donde están incluidos nuestro territorios y nacionalidades.
No obstante, esta relación con los Estados se encuentra marcada, no sólo por la negación de nuestra autodeterminación, sino también por el desconocimiento sistemático de nuestros derechos consuetudinarios, máxime a la hora de obtener beneficios para la sociedad no indígena cuando los mismos surgen de la explotación salvaje de nuestros territorios y de nosotros mismos como seres humanos, y es aquí donde aparece la barbarie.
Barbarie que ha obligado a los pueblos indígenas y a las mujeres a centrar la lucha en la defensa a la vida, y en países como Colombia donde el conflicto afecta de manera permanente al conjunto de la sociedad en general y a los pueblos indígenas en particular, la lucha se ha orientado a denunciar los abusos y la violación de derechos perpetradas por los diversos actores armados, lo que sin duda es una gran necesidad para garantizar el derecho fundamental de la vida; pero, que nos deja por fuera en muchos casos de la posibilidad de hacer frente a procesos de expoliación económica ocurridos en nuestro territorio llamados mega proyectos, o proyectos económicos bien sean nacionales o transnacionales; proyectos que no solo violentan nuestros territorios y cultura, sino que además exacerban las condiciones de pobreza en nuestras comunidades al dejarnos sin los referentes de identidad desde donde nos construimos como pueblo, y que niegan nuestras formas de desarrollo económico propio, situándonos en la marginalidad económica y por ende social.
Situación que hace que la lucha de los pueblos indígenas por la defensa del derecho propio, de la ley de origen; es decir, por la defensa de nuestros derechos consuetudinarios, que son incluidos abstractamente en el marco normativo del grupo de derechos sociales, económicos y culturales y que son excluidos a la hora de hacerse efectivos y concretos en su aplicación en cada contexto, sean siempre estigmatizadas, satanizadas, judicializadas e incluso arropadas de ilegalidad e ilegitimidad; por ello, los pueblos indígenas, exigimos en el marco de la reivindicación de derechos, la posibilidad de participar en condiciones de igualdad, equidad y justicia; reivindicaciones que son acuñadas desde la necesidad de hacer parte activa en la toma de decisiones sobre nuestro territorio y del reconocimiento de nuestras luchas, que apuntan al respeto por nuestras formas de vida, por la soberanía en nuestros territorios, por el derecho a la existencia y a la pervivencia. Luchas que son en esencia la lucha por el derecho de participar en la planificación de nuestro propio desarrollo y del buen vivir.
Hasta aquí tenemos, que pese a los esfuerzos por integrar las necesidades y particularidades de los pueblos indígenas al concurso internacional de superación de desequilibrios sociales y económicos; se presentan con mayor fuerza en la escena global, sistemas normativos excluyentes donde el derecho propio de los pueblos indígenas es situado en un rango de inferioridad; además nos enfrentamos de forma permanente al desconocimiento e irrespeto por nuestras formas de vida, por nuestra autodeterminación y por la capacidad de defender y construir desarrollo social, económico y cultural; y tenemos también y por si fuera poco, situaciones de barbarie y violación sistemática de nuestros derechos humanos y colectivos; marginación, discriminación y exclusión social y expoliación económica de nuestros territorios; flagelos que se hacen más evidentes en sectores poblacionales como las mujeres, quienes han sido silenciadas a lo largo de los procesos de participación política; lo que se presenta como un síntoma más de la violencia y la exclusión generalizante hacia las mujeres en el mundo.
Prueba de ello son los procesos de consulta previa, mecanismo necesario e indispensable para asegurar que la realización de proyectos no afecte en forma irreversible nuestras formas tradicionales de subsistencia como pueblos indígenas dentro de nuestros territorios, formas que constituyen y sustentan nuestra estructura cultural y suministran la base para la preservación y el desarrollo en el tiempo de nuestras cosmogonías, saberes ancestrales y formas culturales, basados en el derecho que nos asiste como pueblos indígenas a la subsistencia de conformidad con modos y medios tradicionales de producción y reproducción material y cultural, dentro de los territorios ancestrales.
Lo que convierte el mecanismo de consulta previa en un derecho fundamental; en cuanto se hace necesario para garantizar a través de él, el derecho no sólo a la subsistencia, sino también de aquello que de él depende. Sin embargo; si bien en las diversas legislaciones nacionales e internacionales se ha reconocido y ratificado el derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada; surge nuevamente el abismo entre la aceptación de la norma y la realización de la misma, ya que en efecto actualmente los territorios indígenas son el escenario de la implementación de proyectos económicos, energéticos e incluso militares que afectan con cambios abruptos nuestros sistemas sociales, culturales y medioambientales; proyectos que no han sido debidamente consultados y sobre cuyas condiciones no se ha llegado a un acuerdo con las comunidades directa y específicamente afectadas y donde tampoco se incluyen las diversas visiones y roles de las mujeres desde su quehacer cotidiano, familiar y comunitario. Lo que nos pone como pueblos en una larga lucha por la realización del derecho a la consulta previa, mientras paralelo a ello y de forma simultánea se implementan en nuestros territorios estos proyectos, aumentando con ello la desarticulación de nuestras comunidades, los cambios de roles de género, fomentando aun más la segregación social y la pobreza, incrementando la vulneración de la que ya venimos siendo víctimas. Por estas razones invitó a los participantes en el presente evento que revisemos las formas en que se supone se hace o se realiza la participación, mas aun en el caso de la participación política de la mujer, que a lo largo de las últimas décadas se resume en la asistencia a eventos sobre participación, eventos que suman una larga lista, pero que no son suficientes al momento mismo de defender dentro de nuestros pueblos los derechos que nos asisten, pues la participación se ha asumido desde el concepto de representación en escenarios de discusión, pero aun no se logra aunar esfuerzos que hagan efectivo el disfrute de nuestro derechos de acuerdo a nuestras formas de vida, dejándonos en un espejismo de vinculación participante que nos aleja cada vez de la razón y fundamento de nuestras luchas.
Quiero además invitarlos e invitarlas a reflexionar sobre la eficacia de una participación que nos deja por fuera de la construcción de nuestro desarrollo, y nos niega la posibilidad de decidir de acuerdo a nuestros usos y costumbres como hombres y mujeres que tenemos un papel diferenciado dentro de nuestras cultural, pero donde esa diferencia es la base de la unidad, y son las partes del todo. Invitarlos también a emprender acciones que protejan de forma efectiva, haciendo uso de aquellos mecanismos ya existentes y reconocidos, nuestra cultura, nuestra estructura social, nuestra pervivencia como pueblos y que a su vez garanticen una real participación de las mujeres en estos escenarios, donde se tenga en cuenta nuestra visión y se contribuya a la reducción de la marginalidad interna y se apueste, no solo, al reconocimiento de nuestro papel en la vida misma de las luchas, sino que además se incluya nuestra visión, ya no desde la concepción de la discriminación positiva en la construcción de derechos, sino más bien desde la noción misma de equidad basada en la diferencia.
[1] Indígena Wayuu, Eiruku Epiayu, Epaya'a (Consejera) de la Fuerza de Mujeres Wayuu, Colombia.
Asesoría Técnica - Margareth Murcia Escalona
Asesoría Técnica - Margareth Murcia Escalona
viernes, 25 de febrero de 2011
Nota de Acción Urgente
URGENTE: Cuerpo Militar del estado Colombiano, acaba de destruir, presuntamente con granadas y bombas, Pista Tradicional de Carreras de Caballo en territorio Wayuu, con el "argumento" de que era una pista clandestina de aterrizaje al servicio del narcotrafico. Los hechos ocurrieron hasta hace poco menos de una hora cerca a la Ranchería Orroco, via a Uribia.
¡Ah propósito!
Por Karmen Ramírez Boscán
Epaya’a Miou – Consejera Mayor
Sütsüin Jiyeyu Wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu
Al cumplirse ya los 5 años de existencia de la Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuu, hablar someramente de una aproximación al proceso organizativo que adelantamos las comunidades Wayúu afectadas por el fenómeno del paramilitarismo en nuestro territorio, es bastante complicado, especialmente cuando al mismo tiempo se pretenden hacer algunos planteamientos relacionados con las nuevas formas de resistencia que, frente al conflicto armado interno colombiano, hemos venido trazando desde la Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayúu.
Antes de entrar en materia, es necesario referirse a dos tipos de procesos organizativos que desde siempre coexisten al interior de nuestros Pueblos Indígenas. Aunque en algunos Pueblos Indígenas con mayor intensidad que otros, uno de los procesos está estrictamente relacionado con la estructura cultural propia, tradicional, fundamentalmente ancestral, que si bien ha persistido desde todos los tiempos, no es invariable, de hecho muchos pueblos indígenas han debido enfrentar cambios fundamentales que determinantemente han transformado patrones culturalmente esenciales. Los otros procesos se relacionan estrechamente con la necesidad de idear estrategias que consientan la construcción de salidas para enfrentar ciertas necesidades que forzosamente manan en determinados lapsos históricos y que desbordan la capacidad de organización tradicional.
Es preciso mencionar esto porque categóricamente los pueblos indígenas de hoy no somos exactamente iguales a los de antes. Constantemente hemos sufrido transformaciones, no solo desde hace 500 años, sino que desde siempre, miles de razones han contribuido a que estos cambios hayan sido definitivos para nuestra pervivencia o infortunadamente para la desaparición absoluta de algunos de nuestros pueblos hermanos, puesto que no todos los pueblos resistimos de la misma manera, como diversas son nuestras culturas, nuestros territorios, pensamientos y sueños.
Justamente varias comunidades del Pueblo Wayúu, en este momento, damos cara a algunos de esos cambios estructurales, que han sido marcados por la presencia de actores armados en nuestro territorio, o por la explotación de recursos naturales que involucran intereses de multinacionales, entre otros. Difícilmente hemos recorrido un largo camino que apenas comienza, pero hemos logrado entender durante estos pocos años de proceso organizativo, que solo procurando criterios consensuados conjuntamente para defender lo nuestro, podremos enfrentar un monstruo que si bien no nos exterminará instantáneamente, sí nos carcome precipitadamente, provocando mutilaciones tajantes a las fibras más profundas de nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural que indiferentemente son los que nos permiten subsistir en este tiempo y espacio.
En este momento crítico de la historia colombiana, las mujeres indígenas de todos los pueblos, hemos emprendido una labor difícil como peligrosa pero al mismo tiempo valiente, que nos ha permitido dar vuelta a algunos patrones culturales, otrora intocables al interior de nuestras propias culturas.
Las mujeres Wayúu, desde que inició la arremetida paramilitar en nuestro territorio y particularmente en algunas comunidades de Maicao (sin desconocer, por supuesto, otras comunidades que adelantan procesos importantes en la Alta Guajira y a las cuales reconocemos de manera respetuosa), hemos asumido bravamente la tarea de interponer denuncias por las constantes violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra mas de 200 Wayúu por los antes AUC que hoy se autodenominan Águilas Negras o son denominadas por el gobienro BACRIM – Bandas Criminales Emergentes. En principio nadie quería escuchar del tema y tampoco las y los Wayúu sentíamos que debíamos hablar de la problemática que resistíamos silenciosamente, dramáticamente.
Llama altamente la atención que algunas de las organizaciones Wayúu con mayor trayectoria en los escenarios de las reivindicaciones políticas y vinculadas al movimiento indígena nacional, guardaran silencio frente a las violaciones que se estaban cometiendo por parte de los paramilitares en contra de varias comunidades de nuestro pueblo. Esta posición podría explicarse por varias razones como son, desconocimiento, temor, tolerancia o incapacidad de trascender los límites culturales para alcanzar un equilibrio con lo externo, desde la concepción propia.
Es aquí cuando los cambios a los que me referí anteriormente se tornan definitivos para nuestro fortalecimiento y crecimiento. Particularmente considero que nuestra cultura no debe ser la excusa que nos impida enfrentar realidades que en algunos momentos pueden resultar desconocidas, contribuyendo a que gravemente se nos divida. Sin embargo, tristemente desde muchos escenarios, especialmente internos, se afirma que el Pueblo Wayúu carece de liderazgos representativos, y que por el contrario, cada vez existen más y más organizaciones de papel, (que al momento para el caso del Pueblo Wayúu, llegan a ser algo más de 1400), las cuales definitivamente prevalecen por intereses particulares relacionados fundamentalmente con la canalización de recursos de los gobiernos locales, así como del sistema general de participaciones o, de la cooperación internacional. Esto comporta la necesidad de cuestionar profundamente la corrupción que indudablemente ha generado cambios estructurales altamente negativos los cuales se han desplegado por supuesto, sin ningún tipo de reflexión interna.
Definitivamente, no debemos simplemente arrojar nuestras propias responsabilidades a otros o a otras como un pretexto para ocultar una verdad latente, que alimenta las posiciones acomodadas de gobiernos opresores. Hablar desde un pueblo indígena como el Wayúu que tiene un sistema social descentralizado, el cual tradicionalmente se encuentra dividido por clanes, con muchos liderazgos cuya representatividad se circunscribe a escenarios específicos, desde mi punto de vista no es más que una disculpa que solo intenta ocultar debilidad e incapacidad para asumir los cambios de manera conciente. Como Wayúu que somos no debemos permitir que las condiciones de las dinámicas organizativas tradicionales basadas en los grupos familiares y los clanes, nos impidan enfrentar una problemática que ya no es ajena para ninguno de nosotros, sin que esto se entienda como la ruptura absoluta de una cultura milenaria, sino mas bien la reinvención de nuevas estructuras o instancias organizativas que concilien la tradición y el cambio.
Nosotras mismas como mujeres indígenas, hemos apostado, en principio inconcientemente, a esta propuesta de reinvención. Es por esto que aprovechando los privilegios que como mujeres Wayúu tenemos al interior de nuestras comunidades, los cuales nos permiten ciertos niveles de participación y toma de decisiones importantes, hemos entendido que definitivamente las guerras que se estaban y siguen llevando a cabo en nuestro territorio y que insistentemente pretenden involucrarnos, van mas allá de nuestras formas de mantener el equilibrio y la paz por medio de las guerras internas entre familias; decididamente nos hemos dado a la tarea de aprender a movernos en escenarios políticos tanto locales, como nacionales e internacionales, los cuales antes eran intimidantes e intocables para nosotras; asimilamos la necesidad de establecer alianzas con otros pueblos indígenas, con el movimiento indígena nacional y con organizaciones indígenas de otros pueblos para que nuestras demandas se multipliquen; aprendimos a incidir en las instituciones, pero también a exigir por la protección de nuestros derechos. En este recorrido, hemos conocimos también otros pueblos tribales, como el Sami, un pueblo mucho mas numeroso que el Wayúu, localizado en los países Nórdicos (noruega, Suecia, Finlandia y Rusia) o el Inuit, un pueblo localizado en Estados Unidos Canadá y Groenlandia, los cuales siendo tribales uno y otro, han logrado la conformación de espacios internos que les permiten ser mas fuertes políticamente al momento de exigir respeto por sus derechos, y al mismo tiempo, como las mujeres Kuna de Panamá o las Maya Tzeltal de México han logrado transformar juiciosamente parámetros antes impensables, por la reivindicación de lo propio y la protección de lo tradicional.
Si los cambios se están ocurriendo sin la menor intensión de reflexión, desde el momento que emprendemos un viaje sin retorno a alguno de los centros urbanos que nos rodean, bien sea por necesidad o bien sea por fuerza mayor: ¿por qué no podemos articular una propuesta conjunta para exigir el respeto por nuestra cultura, por nuestro territorio y especialmente por nuestra vida? ¿Por qué no procuramos espacios que nos permitan discernir estos cuestionamientos, así como otros más que seguramente, ya han surgido?
La SJW-FMW es un esfuerzo pequeño que procura dinamizar un proceso alrededor de las victimas que hemos promovido desde el Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento, localizado en Maicao.
Desde el Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento localizado en jurisdicción de Maicao, hemos procurado dinamizar el proceso organizativo alrededor de las victimas Wayúu del paramilitarismo. En principio solo éramos unas cuantas familias enfurecidas con ganas de hacer justicia, pero poco a poco se fueron sumando mas y más familiares de víctimas que no estaban dispuestos a guardar silencio y que en una u otra medida buscábamos aunar esfuerzos. Hoy por hoy, hemos conformado la Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayúu en donde hacemos esfuerzos muchos Wayúu de diferentes familias, clanes, territorios, con diversas formas de concebir el mismo mundo Wayúu que nos representa, unidos a pesar de millones de razones internas que difícilmente hubieran posibilitado estos espacios, por una misma causa, la de defender el honor de nuestros muertos, la de limpiar sus nombres para que puedan descansar en paz y emprender su último viaje a Jepira.
La SJW-FMW la componemos mujeres delegadas de organizaciones, cabildos, asociaciones de autoridades tradicionales, para aunar esfuerzos en torno a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del Pueblo Wayuu, pero también hay hombres Wayuu. En nuestros inicios, hemos procurado dar a conocer la crisis humanitaria que enfrentan algunas de las comunidades que han sido afectadas por el fenómeno del paramilitarismo, pero estamos seguras que no podemos limitarnos en los temas, cuando esta problemática es un conjunto de reiteradas violaciones y negaciones de derechos para nuestro pueblo.
No pretendemos ser la organización 1401 del Pueblo Wayúu, tampoco la que represente a todo el Pueblo Wayuu cuando hay tanta diversidad interna, sino mas bien, un espacio facilitador que promueva el diálogo para la adecuada articulación y coordinación de trabajo prioritariamente sobre temas relacionados con los derechos humanos.
Desde aquí hemos procurado dar seguimiento a las propuestas planteadas por nosotros en múltiples reuniones tanto internas como del orden interinstitucional e interagencial. Procuramos de la misma manera llamar la atención de organizaciones de derechos humanos para que hagan presencia más permanente en el territorio y comprueben, pero al mismo tiempo nos apoyen, en la difusión de una realidad que permanece imperceptible para algunos sectores.
Cuando se cumplen entonces cinco años de camino, afirmamos que nuestro trabajo, por obtener verdad, justicia y reparación, reivindica la sangre de los Wayuu que ha sido derramada en Wounmainkat – Nuestra Tierra.
¡Porque en Wounmainkat los Únicos Gigantes somos los Wayuu!
Maikou, Wajira, Wounmainkat,
Enero de 2011
Nota de Acción Urgente
URGENTE: Cuerpo Militar del estado Colombiano, acaba de destruir, presuntamente con granadas y bombas, Pista Tradicional de Carreras de Caballo en territorio Wayuu, con el "argumento" de que era una pista clandestina de aterrizaje al servicio del narcotrafico. Los hechos ocurrieron hasta hace poco menos de una hora cerca a la Ranchería Orroco, via a Uribia.
lunes, 14 de febrero de 2011
Confirmada sentencia a frente Contrainsurgencia Wayúu, que tenía acorralado a vendedores del Mercado de Maicao
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, confirmó la sentencia a varios miembros de las AUC, que delinquían en el Mercado Público de Maicao. Igualmente, varios de los investigados fueron absueltos.
Siendo condenados a 15 años de prisión como coautores de los delitos agravados de concierto y extorsión: Osiris Martínez, Orlando Andrade, Pedro Carreño, Luis Crespo de León, Douglas Casas, Orlando Zúñiga, Dixon Rangel, Néstor Buendía, Elis Guerra, Hikliz Berrio, Jhon Puentes, Arles Mercado, Over Rangel, José Ortiz, Eduar Madrid, Guillermo Pushana y Edgar Serna. Así mismo, a Augusto Borja, Eduard Rodríguez, Wilder Vanegas y Eider Urdaneta, como coautores del delito de concierto para delinquir agravado, fueron penados con 7 años.
Carlos Alberto Salgado Ávila, fue hallado culpable y fue sancionado con una pena de 15 años y 6 meses de prisión.
Por su parte, Aleisi Antonio Arredondo Vásquez, alias ‘Patepollo’ y Luis Ipuz Pino, alias ‘El Cachaco’, fueron condenados a 30 años de prisión como coautores de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Los antes mencionados fueron responsables de la muerte del menor César Jalet Iguarán Boscan, integrante de la etnia Wayúu. Su muerte se produjo a manos de tres personas en Semana Santa del año 2004.
Mientras que José Gregorio Álvarez Andradre, alias ‘Pedro’ o ‘comandante 16’ se sometió a sentencia anticipada, dando lugar a la ruptura de la unidad procesal. Por otra parte, la señora Olga Coronado Pérez, falleció en el penal.
A los anteriores nombrados, según el Juzgado, concertaron para organizar, promover, armar y financiar a grupos al margen de la ley, como el denominado frente ‘Contrainsurgencia Wayúu’, orgánico del Bloque Norte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá que también operó en La Guajira.
El grupo ilegal operó en el casco urbano y rural del municipio de Maicao, atropellando a la etnia Wayúu y en su momento convocaron a reuniones en la plaza de mercado a los vendedores en donde les exigían el pago de vacunas, para suplir los gastos del grupo de autodefensa y para fortalecer su estructura.
Su tarea era atropellar, preferentemente contra el grupo étnico, al que desalojaron de sus tierras. En su mayoría, los implicados laboraban en el Mercado de Maicao, estaban vinculado a la organización delincuencial, desde carretilleros, hasta vendedores minoristas y mayoristas de plátano, denotándose su crecimiento económico de una forma astronómica.
Al grupo paramilitar estaba integrado por unas ochentas personas y se le sindicó de la comisión de numerosas conductas delictivas: homicidios, extorsiones y desplazamiento forzado. Su base en zona urbana era la Bocatoma y en el casco urbano, era Bananos Carraipía, localizada en la plaza de mercado de Maicao.
Pedro Carreño Montoya, alias ‘El Cachaco’, tenía una colmena en el Mercado de Maicao, lugar en donde los paramilitares se reunían.
José Adrián Ortiz Ureche, apodado ‘El Cole’ un carretillero del Mercado de Maicao y de un momento comenzó andar en carro. Orlando Rafael Andrade García, alias ‘Nando’, cobraba vacunas en el Mercado de Maicao.
Igualmente, al alto tribunal absolvió de los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada a Jailton Ortiz, Freddy Zúñiga, Alfredo Cardales, Freddy Osorio, Osvaldo Medina, Julio Deluque y Adolfo Navarro.
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Tomado de: EL INFORMADOR
