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martes, 16 de agosto de 2011

Proponemos a Colombia una minga por la paz

Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN

Proponemos a Colombia una minga por la paz

“Los pueblos y autoridades indígenas agrupadas en el CRIC hacemos un llamado fraterno a la sociedad colombiana a organizarnos en torno a la exigibilidad -al Estado colombiano y los actores armados no estatales-, para que no se degrade más el conflicto armado y para que busquemos una solución política negociada del mismo... Es hora de la paz y no de la guerra. Hora para que desde el Estado, desde la insurgencia y demás grupos armados, no se levanten las armas contra el pueblo. Que cesen las masacres, los homicidios selectivos, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones forzadas, las mutilaciones, los señalamientos, la muerte y la ignominia. Hora de la Verdad y de la Justicia. Hora de que la riqueza del país sea puesta a favor de la igualdad y la equidad”.

Declaración del CRIC a los 40 años de su constitución. La María, febrero de 2011.

¿Desde dónde hablamos de paz? Los indígenas del Cauca hace 50 años venimos trabajando en unas ideas elementales: 1. Constituir territorios autónomos de las comunidades y los pueblos, lo que se opone a los territorios privatizados que impulsan el Estado y el mercado, y es muy distinto al modelo de “zonas liberadas” de la insurgencia; 2. Constituir y fortalecer los gobiernos propios y comunitarios, basados en el poder popular, que se opone también a la democracia simulada que hoy existe en el país y a los gobiernos verticales que proponen la guerrilla y el Estado; 3. Aplicar la justicia propia en perspectiva de la armonía de la gente y con la naturaleza; 4. Desarrollar modos de vida sustentables que enfrenten el consumismo capitalista; y 5. Fortalecer los lazos con el conjunto del movimiento popular colombiano. Algo de eso hemos avanzado. Nuestra convicción es que solo los territorios autónomos gobernados por sus propias comunidades son garantía de la realización de los derechos humanos y garantía de paz y dignidad. Además durante años luchamos para que la ONU aprobara la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce el “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”; ahí nosotros entendemos exactamente “libre determinación”.

Un proyecto de autonomía territorial como éste está muy lejos de los proyectos del Estado y de la
insurgencia, pues la autonomía es contraria a cualquier modelo territorial o de gobierno que pretenda uniformar desde afuera o desde arriba a las comunidades, o que no cuente con nosotros. Así, aunque no seamos un actor militar, nos hemos convertido en fuertes contradictores de los propósitos de los actores armados.

Somos actores políticos en el conflicto armado interno. El territorio, la autonomía y la cultura de los pueblos indígenas no solo son los directos afectados por la guerra, sino que son en gran medida el objeto de la disputa (política y militar) de los actores armados. Y ese es el punto de partida realista con que debemos intervenir en este Encuentro, que generosamente la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra ha convocado, y al cual acudimos de buen grado, con responsabilidad y con prudencia. Pero sobre todo con decisión. A partir de eso, venimos a compartir con ustedes unas ideas simples.

Primera idea: El conflicto armado debe resolverse porque lo estamos perdiendo todos y todas

1. El conflicto armado interno debe resolverse. Los actores que lideran la política nacional -populares, empresariales, insurgentes, estatales- están perdiendo social, económica y políticamente por la continuación de la guerra. Solo unos pocos sectores -especialmente ligados al capital minero-energético transnacional, al narcolatifundio y a la mafia de los gastos militares- son ganadores netos. Es verdad que a pesar de la guerra muchos se han adaptado, hacen negocios, ganan dinero, logran algún poder. Nosotros mismos en el Cauca, enfrentando la guerra, hemos logrado importantes avances en materia organizativa y de autonomía. Pero a la larga la mayoría perdemos.
Pierde el Estado mismo, porque ha sido sustituido en su conjunto por las lógicas y la institucionalidad de la guerra, que es el verdadero régimen político en muchas regiones del país. Pierde la economía nacional, porque el derroche del Producto Bruto Interno en gastos de guerra -contratistas ladrones y burócratas armados- es una carga creciente que ataca la producción nacional. Pierde el movimiento popular, porque nuestros acumulados políticos y organizativos son erosionados y difícilmente logran consolidarse en medio de la violencia política. Pierde la insurgencia, no tanto por la evidente asimetría militar frente al Estado, sino porque la necesidad de mantener y fortalecer el aparato militar la distancia cada vez más del movimiento popular.

2. La lucha armada de la guerrilla no da muestras hoy de ser eficaz para cambiar el sistema político ni para defender al movimiento popular de las agresiones del Estado y del mercado. Y el terrorismo de Estado -a pesar de su dinámica criminal- tampoco ha logrado impedir repetidos levantamientos sociales, ni resolver la contradicción interna entre los guerreristas y los sectores empresariales que demandan la modernización de la economía capitalista.

3. Es obvio que el conflicto colombiano tiene unos determinantes socio-económicos. Pero su existencia y persistencia sobre todo es el resultado de las decisiones políticas de los actores armados: de las clases dominantes, que optaron por impedir a sangre y fuego cualquier posibilidad de cambio democrático en el país; y de la insurgencia, que ha considerado imposible cualquier acción política popular por fuera de la lucha armada.

4. Casi 50 años después de esa decisión de ir a la guerra, el conflicto armado se generalizó y se volvió una guerra crónica que no tenía otro destino que degradarse: desde los “falsos
positivos” al reclutamiento de niños y niñas, desde la violencia sexual contra las mujeres hasta los ataques indiscriminados. Cuando la guerra dura tanto ya no es un método extremo para resolver una situación política intolerable; se vuelve un modo de vivir. Y vivir para la guerra es una enfermedad. Por otro lado, resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Todo indica que el conflicto armado interno se ha convertido en un pantano cada vez más amplio donde se ahogarán las próximas dos generaciones de colombianas y colombianos si no lo terminamos.

Segunda idea: el modelo uribista de la guerra se agotó y se abren de nuevos opciones políticas

5. Una vez las guerrillas se replegaron y dispersaron como efecto del Plan Colombia, las ventajas del ejército tendieron a disminuirse; desde el 2008 se evidencian el repunte de los hostigamientos insurgentes, el incremento en las bajas de la fuerza pública y la merma del impacto mediático por los golpes a comandantes guerrilleros. El gobierno es consciente de que un nuevo cambio sustancial en la dinámica de la guerra solo puede lograrse con una inyección masiva de recursos y un copamiento territorial en las zonas de retaguardia estratégica de la guerrilla. Pero la disminución de recursos provenientes del gobierno estadounidense, la fatiga de los empresarios con el impuesto de guerra, el déficit presupuestal, la corrupción generalizada de los mandos militares, hacen que esta vía hoy sea improbable, y sobre todo ruinosa.

6. Ante esta situación, la solución política aparece nuevamente como posibilidad. Al parecer el gobierno considera que antes de hablar de paz es necesario crear algunas condiciones que le posibiliten sentarse con ventaja ante sus enemigos. Por eso requiere debilitar a la guerrilla. Y debilitar a la extrema derecha armada, que es el obstáculo principal a una solución dialogada. Para profundizar el debilitamiento de las FARC el gobierno se concentra en su estrategia de dar de baja a “blancos de prestigio”, una estrategia que tiene efectos sobre la imagen de la insurgencia y menos sobre sus planes operativos, pero que es
totalmente ilusoria para cambiar el curso de la confrontación.

7. Para debilitar a la incómoda derecha criminal, el gobierno parece centrado en la restitución de tierras, o mejor, de “títulos” a algunos campesinos expropiados (los otros 5 millones de hectáreas quedarán intocadas). El propósito es que los campesinos se asocien en condiciones de sumisión a las grandes empresas del agro-negocio internacional; una solución capitalista al conflicto agrario que “desconoce” que el capitalismo es el responsable de la actual estructura agraria. Pero hay que reconocer que si los narco-terratenientes armados son despojados de algunas de las tierras y títulos conseguidos a sangre y fuego, o son judicializados por sus crímenes, puede significar la disminución de su poder e influencia, o un remezón a la estructura agraria, lo que abriría posibilidades para la terminación de la guerra, al desatar fuerzas políticas rurales importantes y contradicciones del bloque en el poder.

9. Reconocemos que las FARC y el ELN han reiterado su disposición a dialogar con el nuevo gobierno. Los mensajes de Cano y de Gabino son claros al respecto. Se han mostrado dispuestos a la solución política negociada e incluso han mostrado receptividad con las acciones del gobierno de avanzar en condiciones hacia la paz con algunas leyes. Pero el único método adoptado para preparar una posible negociación es la intensificación de las acciones bélicas. Estamos convencidos que es posible para la insurgencia pasar a realizar movimientos políticos más profundos.

Tercera idea: estamos obligados a realizar hechos de paz para abrir camino a la solución del conflicto armado

10. Ante la ausencia de voluntad política de los gobernantes para hacer realidad el derecho a paz, la decisión de la sociedad es hacerlo cumplir y garantizarlo por nuestros propios medios.

Nuestros principales hechos de paz son dos: El primero es fortalecer y proteger la autonomía política de los pueblos en medio de la guerra. La Minga en Resistencia adoptada por las organizaciones zonales del CRIC consiste en fortalecer la autonomía territorial mientras se
protege la vida, el plan de vida y el gobierno propio; en términos operativos es controlar los territorios directamente por las comunidades, e impulsar la desmilitarización de los territorios y el desmonte de la infraestructura de guerra de todos los actores armados.
Por eso estamos en total oposición al Batallón de Alta Montaña del Ejército en el resguardo de Tacueyó. No lo hemos autorizado. Ese territorio es propiedad colectiva indígena y el Estado no puede ocuparlo, expropiarlo ni comprarlo, porque es inalienable e imprescriptible. 
La Constitución solo autoriza usar propiedades particulares para uso militar en caso de guerra exterior. Pero la principal razón para estar en desacuerdo es que son inútiles para proteger a la gente y solo aumentan el riesgo.

Y por eso le hemos dicho a la guerrilla que no aceptamos sus campamentos en nuestro territorio en cercanías de la población civil y que no necesitamos su presencia. Nosotros solos, con la movilización de la comunidad, podemos resolver nuestros asuntos y enfrentar las amenazas del mercado y del Estado, como lo hemos hecho cientos de miles de indios en las carreteras. A estas alturas no tenemos que demostrarle esto a nadie.

Con estos hechos de paz “no queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades. Esperamos que ambos actores entiendan que nuestro propósito es esencialmente humanitario” (Pronunciamiento de Toribío, 20 de julio 2011).

11. Nuestro segundo hecho de paz es la realización de diálogos humanitarios con los actores armados: salvar vidas, evitar ataques indiscriminados, demandar el cumplimiento del DIH. El gobierno dice que estos diálogos están prohibidos. Nosotros consideramos que nuestra Ley de Origen y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas nos autorizan a realizarlos. Y vamos a realizarlos. La sociedad civil debería protegerlos, el gobierno nacional respetarlos y la comunidad internacional podría ser veedora. Tarea urgente de quienes construyen paz es abolir la norma que criminaliza la búsqueda de la paz; no solo es inconstitucional, sino que
reduce las posibilidades de la sociedad civil para proponer soluciones creativas al conflicto.

La Junta Directiva del CRIC del 20 de julio pasado mandó de nuevo la realización de Diálogos Humanitarios en territorio indígena con el gobierno y la insurgencia. Aprovechamos este escenario para proponer a las FARC la celebración del primer Diálogo Humanitario con los indígenas del Cauca, antes de finalizar el presente año. Será en un sitio desmilitarizado; la Guardia Indígena les garantizará la seguridad. Los temas que proponemos son los que venimos formulando desde la Red de Iniciativas Locales por la Paz (en la que estamos el CRIC y la ACIN), sobre los cuales vemos posible lograr compromisos por parte de los actores armados: 1. El abandono gradual pero decidido del uso de minas antipersonales, 2. la proscripción de cualquier forma de violencia sexual contra las mujeres, 3. el rechazo al reclutamiento de niños y niñas, y 4. el respeto a la autonomía territorial y cultural de las organizaciones sociales y comunitarias. Queremos hablar también de la obligación de cuidar y no realizar combates en medio de la población civil, la necesidad de que los milicianos se distingan como actores armados, y el compromiso del Secretariado de las FARC de no reclutar indígenas, incumplido reiteradamente.

Cuarta idea: el gobierno debe realizar hechos de paz creíbles

12. El primer obligado a hacer hechos de paz es el gobierno nacional. El gobierno debe iniciar ya la depuración de las fuerzas armadas; es un tema obvio en una negociación, pero debe ser una política que se inicie desde ahora, y para posibilitarla. El gobierno debe desmontar ese aparato de crimen que hay enquistado en las fuerzas militares -oficiales vinculados con crímenes de lesa humanidad, ideología fascista en la formación de los militares, mafia que vive de los contratos secretos, policía que opera en muchas regiones como apéndice del delito organizado. Una comisión independiente para la depuración de las fuerzas militares es un paso en la dirección correcta.
En el mismo sentido, el gobierno debe iniciar en serio el desmonte del aparato paramilitar. Una
medida sana es abandonar el lenguaje cómplice con la farsa de las desmovilizaciones uribistas. Más allá de los cambios ocurridos en su unidad de mando y su ahora descarado narcotráfico, el paramilitarismo sigue siendo un instrumento del latifundio armado al servicio del ejército y otros sectores empresariales para castigar y aterrorizar al movimiento social. Las bacrim son paramilitares ¡y ya!. Sin una estrategia real para desmontarlos, es improbable abrir caminos de negociación.

13. De forma inmediata el gobierno debe emprender la derogatoria de la norma que penaliza la protesta callejera, pues si el gobierno pretende desactivar la protesta armada, no puede criminalizar la protesta civil. Y debe haber una orden explícita a las fuerzas militares para no involucrar más a los civiles en el conflicto armado: desmantelar la red de informantes, el programa de soldados campesinos, las familias guardabosques, son medidas en esa dirección. Por lo mismo, la estrategia del Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI debe ser anulada, para que las autoridades y acciones civiles del Estado no sean destituidas en la práctica por las órdenes de los militares.

Quinta idea: la insurgencia puede y debe hacer hechos de paz más audaces que insistir en el intercambio de prisioneros

14. El balance que hacemos de la propuesta de intercambio humanitario que las FARC lanzaron ya hace 10 años no tiene mayor credibilidad como hecho de paz. Primero, porque las FARC mismas la irrespetaron al secuestrar a civiles para presionar el canje con militares, violando los principios de la guerra; segundo, porque la falta de cuidado con sus prisioneros hizo que parte del país repudiara el método de las retenciones. La falta de respeto con que el Estado trata a los presos de las FARC y a otros presos políticos, de ninguna manera justifica que la insurgencia hubiera hecho lo mismo.

15. Lo que necesitamos hoy es que la sociedad crea de nuevo en la urgencia y necesidad de la solución política. Necesitamos actos políticos 
de gran envergadura, generosos con el país. El gobierno ha dicho que abre diálogos si las FARC
liberan a los secuestrados. Antes que lo dijera el presidente, muchísimos sectores populares, alternativos y de izquierda les hemos dicho lo mismo, porque sabemos que eso no solo destrabaría la situación sino que volvería a poner el debate en el plano político.

Es la oportunidad de las FARC de hacer un hecho de paz trascendente. Instamos al comandante Alfonso Cano y al Secretariado para que ordenen liberar esas personas y entreguen a los combatientes menores de edad a sus familias y comunidades. Estamos seguros que amplios sectores sociales -el movimiento indígena entre ellos- veremos esa decisión como un mensaje que llena de contenido político el conflicto, un primer paso para resolverlo.

Sexta idea: Solo las organizaciones populares podemos desempantanar la situación

16. Resulta claro que la sociedad civil debe ser protagonista central de un proceso de negociación. Una paz exclusiva de los actores armados no solo es injusta sino que abre la puerta a posteriores escaladas militares. Nuestra presencia protagónica es fundamental para garantizar que los derechos y proyectos del movimiento popular no sean sacrificados en el altar de la conveniencia política de los ejércitos, pero sobre todo para blindar los acuerdos con la legitimidad que se requiere tras 60 años de confrontación.

17. Las organizaciones y actores sociales y políticos no vinculados con los contendientes debemos imponer la ruta hacia la solución política. Imponer la paz como urgencia, no esperar a que los armados marquen el ritmo en este punto, y no dejarnos quitar la iniciativa y el protagonismo por el Estado y la insurgencia cuando se abran escenarios de diálogo, son aprendizajes del proceso anterior.

18. Debemos garantizar que la agenda se construya sobre los acumulados organizativos y políticos propios. Nada de lo que hagamos en la construcción de la paz puede ir contra esas conquistas históricas. La paz se construye con movilización y se conquista para la movilización; toda búsqueda de la paz debería darse en el marco de las luchas reivindicativas; los indios del Cauca junto a la construcción de paz seguimos con los rituales de liberación de la Madre Tierra.

Séptima idea: una propuesta viable de solución política al conflicto armado debe basarse en un bloque por la paz más allá del campo popular

19. Aunque hemos perfeccionado nuestros métodos de resistencia e incluso hemos logrado construir las bases de la autonomía territorial en medio de la guerra, ésta continúa; y mientras ésta continúa estamos pagando un costo enorme: casi cien indígenas mueren cada año por causas asociadas al conflicto armado. Por eso para las comunidades es claro que la resistencia a la guerra no puede ser su destino. Por eso la solución del conflicto armado es un mandato estratégico de la organización.

20. Necesitamos activar diversos mecanismos francos y abiertos de diálogo público con los actores del conflicto interno (políticos, armados, económicos). Para la terminación de la guerra no es suficiente construir un proceso exclusivamente popular; la interlocución debe buscar un escenario de paz con actores armados legales e ilegales, con actores políticos, con actores económicos, con iniciativas de paz, con diversos sectores del establecimiento que vean la solución del conflicto como una opción deseable. Más que tener “la” propuesta de paz, lo urgente es construir una correlación de fuerzas a favor de la paz. Solo con un bloque político diverso y amplio por la paz es posible hacer viable la agenda que dicho bloque haya acordado.

El movimiento indígena del Cauca ha decidido ponerse a disposición de quienes quieran cumplir ese propósito.

Octava idea: La solución del conflicto armado no es la paz, pero es un camino para construirla

21. Nos parece importante lo que las FARC dicen que debe ser la paz, manifestado en el Mensaje de Cano por los 47 años de esa organización. Las ideas de desarrollo humano equilibrado, equidad de género, educación y salud gratuitas para todos, la reforma agraria integral que beneficie a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, salario justo y pleno empleo, protección integral del medio ambiente, garantías políticas para el debate, la movilización y la participación política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a la diversidad, los derechos de las mujeres, son asuntos que en el campo popular todos compartimos; incluso algunos sectores de la oligarquía estarían de acuerdo.

22. Sin embargo consideramos que algunos de esos puntos no podrían ser el resultado de una negociación para terminar el conflicto armado. No porque no sean deseables, sino porque implicarían tumbar todo el sistema político y económico, incluso cambios en la cultura. Por ejemplo el desarrollo humano equilibrado, la equidad de género, el fin de la pobreza, el pleno empleo y la protección integral del medio ambiente. Estas son cosas en las que sin duda no vamos a tener acuerdo en una mesa de negociaciones con los capitalistas, y deberán ser el resultado de la movilización popular permanente. Si ponemos eso como condición para terminar la guerra, pues en la práctica estamos es porque siga.

Algunos nos dirán que por eso es que la guerra debe seguir: para imponer esas metas políticas a una oligarquía que no se mueve ni un milímetro en dirección a la democracia y la justicia social. Ya anotamos que el problema de ese argumento es que la guerra de 50 años tampoco los ha movido hacia allá.

23. La solución política del conflicto armado no es la paz misma, no va a hacer desaparecer todos los conflictos sociales, políticos y territoriales existentes, que son consustanciales al capitalismo. Lo que buscamos es un contexto político que permita al movimiento social pelear en mejores condiciones por nuestros derechos. Tampoco significa que renunciemos a nuestros proyectos estratégicos, pues la solución política debe incluir explícitamente el derecho que tenemos para intentar cambiar incluso el régimen político. La idea de que la paz debe significar la renuncia a la lucha social atenta contra la posibilidad de una solución política.

Novena idea: pongamos de nuevo sobre la mesa los puntos de una posible negociación

24. Sabemos que mucha gente de los sectores populares no podemos hacer política sin que seamos asesinados o amenazados; muchos de los actuales combatientes de la guerrilla probablemente son luchadores sociales que no tuvieron otra alternativa ante la agresión criminal. Por eso es que creemos que la solución del problema no es solo el desarme de la guerrilla. Tiene que haber cambios. Pero los actores sociales y políticos debemos decir con más precisión qué es lo que necesitamos cambiar del sistema político y del modelo económico para que cualquier solución del conflicto armado sea duradera.

25. Nosotros pensamos al respecto que hay unos temas claves, que venimos proponiendo a diferentes actores políticos y gremiales: 1. el desmonte del narco-latifundio armado, especialmente su expresión política paramilitar; 2. la depuración de la fuerza pública, que incluya su reducción, la resocialización de sus miembros y el cambio en su orientación ideológica; 3. el reordenamiento territorial que garantice el gobierno de las comunidades sobre sus territorios y recursos naturales; 4. el cambio del sistema electoral para que los sectores populares tengan justa representación; 5. el acceso y control democrático de los medios masivos de comunicación; 6. el cuestionamiento al modelo de desarrollo basado en el extractivismo minero- energético; 7. la defensa de la soberanía nacional frente a la ocupación militar extranjera y para darle solución al narcotráfico; 8. la garantía de mínimos estándares de satisfacción de los derechos sociales y económicos; 9. la transformación sustancial de los mecanismos para exigir los derechos, especialmente los derechos a la movilización, a la protesta, a la organización social-popular y a la realización directa de los derechos; 10. la garantía de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas, afro y campesino; 11. los derechos de las víctimas. Proponemos profundizar en estos temas a futuro.

Ofrecimientos finales

26. El movimiento indígena del Cauca viene a ponerse a disposición de la solución del conflicto armado. A la terminación de la guerra nos sumamos los 103 cabildos, los 320 mil comuneros y comuneras del departamento, nuestros 40 años de lucha por la autonomía, el territorio y la dignidad. Ofrecemos el territorio indígena del Cauca para que sea el escenario adecuado donde la sociedad civil colombiana, el gobierno y la insurgencia, nos sentemos a diseñar la terminación de la guerra y los necesarios cambios en el sistema político y el modelo socio- económico. La Guardia Indígena y nuestras comunidades garantizarán la seguridad de los actores políticos que decidan dialogar, sin armas, para buscar alternativas políticas.

27. Hay que multiplicar los espacios donde promovamos la terminación del conflicto armado interno. Un primer momento para ampliar la audiencia, luego de este Encuentro, deberá ser el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanía, convocado por el Movice, la Minga Social y Comunitaria y el Congreso de los Pueblos, en septiembre próximo.

El CRIC y la ACIN proponemos que le demos continuidad al esfuerzo de los compañeros/as de la ACVC y los demás convocantes. Convoquémonos desde ya para un nuevo Encuentro por la Paz en Colombia a mediados del próximo año, en el suroccidente del país, en territorio indígena del Cauca.


Barrancabermeja, agosto 11 de 2011.


Consejería Mayor – Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN - Cxhab Wala Kiwe

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