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domingo, 24 de julio de 2011

Megaminería, Reflexión y Acción Colectiva

¿Por qué invitar a recordar, denunciar y organizarnos?

El 9 de agosto de 2001, el corregimiento de Tabaco en la Guajira, fue desalojado de su territorio. Estos hechos se presentaron luego de que los empresarios del Cerrejón en conjunto con el estado colombiano, desarrollaran diversas estrategias con el fin de obligar a sus habitantes a dejar sus casas, animales, cultivos y todo lo que formaba parte de sus proyectos de vida, para darle paso a la gran minería.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia a través de un fallo de tutela ordenó en el 2002 que el pueblo fuera reubicado, hoy los habitantes de Tabaco continúan a la espera de respuestas efectivas e integrales frente a los daños causados por parte del Estado y de la empresa que les permita recuperar todo lo perdido.

La denuncia y la resistencia de la comunidad, despertó solidaridad y acompañamiento nacional e internacional frente a lo cual la empresa reaccionó implementando una estrategia de marketing orientada más a acallar la denuncia, que a resolver los problemas de fondo que la originan. Este contraste se evidencia aun más, con la enorme publicidad que desarrolla alrededor de lo que llama “Responsabilidad social”; inversiones que lejos de estar orientadas a la reparación integral de las comunidades, se dirigen al incremento de su rentabilidad generando constantes situaciones de revictimización.

Hoy nos encontramos con mayores niveles de contaminación, nuevos despojos de tierra, cooptación de líderes sociales, corrupción, pérdida de la autonomía alimentaria, desempleo, desnutrición de niños, mujeres y ancianos. Las mujeres denuncian impactos en su salud y su economía con la pérdida sus tierras y su capacidad productiva viéndose forzadas a migrar a otros lugares en donde deben comprar los alimentos, sin tener los recursos para ello.

En esta búsqueda de justicia, el Estado colombiano ha sido el gran ausente en sus deberes constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos; cuya presencia, por el contrario, se ha sentido al lado de los intereses empresariales mineros.

Hasta ahora no conocemos NINGUNA investigación, juzgamiento y sanción producida por el Estado colombiano que satisfaga nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral por los derechos vulnerados que lleven a impedir que los hechos ocurridos VUELVAN A REPETIRSE, odecisiones que reconozcan la responsabilidad del Estado y su permisividad con las acciones de esta empresa; todo esto, a pesar de las incontables peticiones, acciones jurídicas y solicitudes de actuación que a lo largo de estos años hemos invocado. Por el contrario, sin preguntarnos, se ha decidido ampliar aun más la explotación minera en la Guajira.

La existencia de la Mina del Cerrejón y la experiencia de las comunidades afectadas por ésta, adquiere especial relevancia como referente para hacer memoria, reflexión y proponer acciones colectivas frente al desarrollo de la minería en Colombia. En este contexto, el encuentro de las comunidades y sus organizaciones busca un significativo intercambio de experiencias, procurando que éstas a través de la observación directa de los impactos y en los diálogos entre las comunidades que han sufrido la destrucción de sus territorios, el desmonte y desconocimiento de sus derechos logren construir espacios para el análisis y la reflexión desde sus realidades y contextos.

Por todo ello, la conmemoración de los 10 años del desalojo es una oportunidad para encontrarnos comunidades y organizaciones afectadas y amenazadas por la megaminería provenientes de diversas regiones del país, con el fin de recordar, reflexionar y activar propuestas colectivas de defensa del territorio y los derechos humanos frente a estos megaproyectos.


LUGARES Y FECHAS:
Chancleta – Tamaquitos II – Hato Nuevo Guajira 6 al 9 de agosto de 2011

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