Tu eres el visitante No.

miércoles, 4 de mayo de 2011

CIDH llama la atención sobre la violencia contra las mujeres indígenas en Colombia

(CAOI).-  “La violencia ejercida por todos los actores del conflicto interno sigue causando un impacto diferenciado y agravando la discriminación histórica que las mujeres colombianas han vivido (…) afectando de forma particular a las mujeres indígenas y afrocolombianas”, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el reporte de seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el Informe Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia del 18 de octubre de 2006.
 Este informe de seguimiento forma parte del Informe Anual 2010 de la CIDH, constituyendo su capítulo quinto, en el que señala como las principales manifestaciones de violencia contra las mujeres “la violencia física, sexual y psicológica; el reclutamiento forzado; la imposición de pautas de comportamiento social; y el desplazamiento forzado”.
 La CIDH toma como fuente un informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC, integrante de la CAOI) sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas, según el cual: “Las mujeres indígenas en Colombia son impactadas doblemente por el conflicto y la violación sistémica de los derechos humanos; ser mujeres e indígenas hace que los efectos y la utilización de las mujeres en la guerra causen daños diferenciados en su vida personal y comunitaria”.
 De acuerdo con cifras de la ONIC, entre 2002 y 2009 más de mil indígenas fueron asesinados por causas violentas, siendo los pueblos más afectados Nasa, Wayúu, Kankuamo, Awá y Embera Chamí. Aproximadamente un 15 % (151 víctimas) eran mujeres, niños y niñas. También se reportó que en el mismo periodo 187 mujeres indígenas fueron víctimas de violencia sexual y tortura.
 La CIDH señala que “la prostitución forzada y la violencia sexual hacia mujeres y jóvenes indígenas es usada como táctica bélica, principalmente por parte de los actores armados ilegales y que muchos de los casos de violencia sexual denunciados por la Corte ante las autoridades competentes tienen por víctimas mujeres, niñas y adolescentes indígenas en todo el país”.
 Estos hechos se agravan porque “la violencia sexual perpetrada por los actores del conflicto armado contra las mujeres indígenas continúa siendo una realidad silenciada, ya que las mujeres no denuncian estos crímenes por miedo a ser estigmatizadas y rechazadas en sus comunidades”.
 Desplazamiento forzado
 La CIDH recuerda que la propia Corte Constitucional de Colombia, en su Auto 090 del 2008, ha comprobado que “las mujeres indígenas y afrodescendientes son, entre el grupo de mujeres desplazadas, el segmento poblacional que ha sido afectado con mayor dureza por los crímenes, las injusticias e inequidades que forman parte constitutiva tanto de la violencia armada como del desplazamiento forzado”.
 Al ser desplazadas por los actores del conflicto armado, “las mujeres indígenas sufren el impacto desproporcionado […], se exponen al abuso y explotación sexual, a la mendicidad, a la explotación en trabajos como el trabajo doméstico, entre otros, sin contar las condiciones infrahumanas en las que les toca vivir en los cinturones de miseria en las ciudades”.
 La Corte Constitucional de Colombia también ha enfatizado en varias de sus resoluciones la ausencia de enfoques diferenciados en las políticas públicas nacionales para las mujeres afectadas por el conflicto, en particular de las mujeres desplazadas. Una de las preocupaciones de la CIDH es que los sistemas y registros de información estadística “no reflejan adecuadamente la realidad de la situación de la violencia contra las mujeres a nivel nacional y local, especialmente la magnitud de problemáticas como la violencia sexual causada por los actores del conflicto”.
 El Informe de la CIDH denuncia además que el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz en el 2007 “no toma en cuenta las problemáticas específicas de las mujeres víctimas de violencia en el contexto del conflicto armado, y que muchos casos de violencia contra las mujeres investigados en estos procesos continúan en la impunidad”.
 En resumen, la CIDH señala cuatro manifestaciones de violencia que afectan especialmente a las mujeres en el contexto del conflicto armado: a) la violencia física, psicológica y sexual utilizada para “lesionar al enemigo” y avanzar en el control de territorios y recursos; b) la violencia destinada a causar el desplazamiento forzado del territorio y desarraigo del hogar y de la vida familiar; c) la violencia sexual que puede acompañar el reclutamiento forzado de las mujeres por parte de miembros de la guerrilla o las fuerzas paramilitares, y d) la violencia como una pauta de control social impuesta por grupos armados ilegales en poblaciones o territorios bajo su control.
 Advierte además que continúa recibiendo denuncias de asesinatos de mujeres por los actores del conflicto armado, tanto de la fuerza pública como de los grupos al margen de la ley. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) de 2007 y 2008, “las mujeres están siendo victimizadas con mayor frecuencia en las zonas urbanas y rurales por grupos armados en confrontación”. En el 2007, el 22% de las mujeres murieron en zonas rurales causadas por la violencia derivada del conflicto armado y la violencia intrafamiliar, a comparación de un 7% en el 2006.
 Violencia sexual
 La Comisión observa que los principales perpetradores de la violencia sexual son la policía, las fuerzas militares y los actores ilegales del conflicto armado (guerrillas y grupos paramilitares). De dicha información también se desprende que la violencia sexual es perpetrada mayormente en acciones militares, enfrentamientos armados y acciones guerrilleras.
La Corporación Sisma Mujer ha documentado más de 70 casos de violencia sexual perpetrados en contra de mujeres por actores armados o contra mujeres desplazadas por actores civiles entre el 2006 y 2009. Estos casos no han sido registrados en las estadísticas oficiales y de los testimonios de las mujeres se ha podido verificar “el agudo impacto y la profunda desestructuración que implica la violencia sexual en la vida de las mujeres y las comunidades”.
 En este sentido, en la mayoría de los casos documentados, las mujeres han padecido secuelas físicas y psicológicas ocasionadas por las agresiones sexuales, como torturas, amenazas, vivencias traumáticas (haber presenciado asesinatos, otras violaciones y agresiones sexuales) así como embarazos no deseados.
 De acuerdo con Amnistía Internacional: “Todas las partes involucradas en el conflicto atacan deliberadamente a mujeres y niñas para explotarlas como esclavas sexuales, para sembrar el terror en las comunidades y facilitar así el control militar del territorio, para obligar a familias enteras a huir de sus casas y apropiarse de las tierras abandonadas y para vengarse del enemigo”.
 El Informe de la CIDH señala casos emblemáticos de actos de violencia sexual perpetrados por grupos guerrilleros y paramilitares:
 • De grupos paramilitares contra mujeres líderes pertenecientes a organizaciones campesinas y de desplazadas en el departamento de Santander.
• De miembros de la Fuerza Pública como forma de abuso de autoridad en los departamentos de Antioquia y Cauca.
• De miembros de la Fuerza Pública, acusando a la víctima de tener relaciones afectivas con un guerrillero y como medio para obtener información, en el Valle de Cauca.
• En algunos casos la violencia sexual se realizó al tiempo con otras violaciones a los derechos humanos, por ejemplo precedió al homicidio, o se dio de manera concomitante con hechos de tortura, toma de rehenes y desaparición forzada.
 El documento subraya que la violencia sexual ha continuado por parte de los grupos paramilitares durante los procesos de desmovilización, lo que significa que los perpetradores siguen ejerciendo control sobre la vida y el cuerpo de las mujeres afectadas por el conflicto armado.
 La Corte Constitucional de Colombia en el 2008 reconoció que: “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática en el contexto del conflicto armado colombiano” y que esta violencia permanece en la “casi total impunidad”.
 También la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país notó que: “En algunos departamentos, como el de Cauca y Chocó, la oficina en Colombia recibió información de casos de tratos crueles y degradantes contra mujeres y niñas por miembros del Ejército, que, en ocasiones, se tradujeron en violencia sexual”.
 En Medellín, anota la CIDH, “se ha reportado la explotación, el acoso y el abuso sexual de niñas y niños especialmente en las comunas 6 y 8 y en el barrio de San Pedro; así como el embarazo de adolescentes y desplazamiento de jóvenes por negarse a tener relaciones sexuales con policías en la comuna 3 de La Cruz”.
 La CIDH menciona el grave sistema de los “paga diario”, desmovilizados que, en virtud de la situación de pobreza de las mujeres, prestan altas sumas de dinero en las zonas desplazadas y cobran diario un porcentaje. “Si las mujeres no pueden cubrir la deuda, se pide la entrega de las mujeres jóvenes a cambio y se han registrado, incluso, asesinatos de mujeres que han rehusado entregar a sus hijas”.
 Recoge también el reporte de Amnistía Internacional que señala que los grupos paramilitares, con la colaboración de bandas de delincuentes, han secuestrado y violado a mujeres y niñas en varias zonas de Colombia y después las han obligado a trabajar como prostitutas.
 Despojo territorial
 Otra consecuencia del conflicto armado interno es que la muerte o desaparición de los hombres genera a las mujeres mayores riesgos de ser despojadas de sus tierras. Las mujeres generalmente no cuentan con información sobre los linderos de los predios, la existencia de títulos de propiedad o la modalidad de derechos que ostentan respecto de los bienes inmuebles. Por lo tanto, enfrentan mayores riesgos “de perder su patrimonio frente a las acciones de los distintos actores armado y no armados interesados en configurar situaciones de despojo y abandono forzado”.
 Recomendaciones específicas
 En el Informe del 2006, la CIDH realizó las siguientes recomendaciones al Estado:
 • Adoptar una política estatal integral para abordar el impacto específico del conflicto armado en las mujeres en las áreas de justicia, salud y educación entre otras.
• Implementar y fortalecer las medidas para cumplir con el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, exacerbada por el conflicto armado;
• Implementar medidas para erradicar patrones socioculturales discriminatorios en razón de sexo, raza y etnia, tomando en cuenta estas diferencias y condiciones de vulnerabilidad en el desarrollo de las políticas públicas para mitigar el pernicioso efecto del conflicto armado en las mujeres colombianas.
• Reconocer públicamente las distintas manifestaciones de violencia y discriminación de género y su relación con la crisis humanitaria atravesada por Colombia.
 De igual forma, realizó una serie de recomendaciones específicas en aras de mejorar la respuesta estatal en la protección de los derechos humanos de las mujeres en la legislación y políticas públicas; los servicios a las mujeres desplazadas; el diagnóstico y prevención de la violencia; la problemática de las mujeres indígenas y afrocolombianas; la administración de la justicia; la participación cívica y política de las mujeres; y en los procesos de verdad, justicia y reparación.

Tomado de:  http://www.aininoticias.org/2011/04/cidh-llama-la-atencion-sobre-la-violencia-contra-las-mujeres-indigenas-en-colombia/

0 comentarios:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Justin Bieber, Gold Price in India