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jueves, 10 de junio de 2010

Sistemáticas amenazas en contra de mujeres Wayuu malogran tejido organizativo


La Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuu (FMW-SJW)

Denuncia

Sistemáticas amenazas en contra de mujeres Wayuu malogran tejido organizativo


Una vez más, La Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuu, se permite denunciar a nivel nacional e internacional, las amenazas reiterativas en contra de sus lideresas.

Contexto


La Gobernadora del Cabildo Wayuu de Wepiapa, Arelis Ojeda Jayariyu, delegada por sus autoridades tradicionales para la FMW-SJW en donde ocupa el cargo de Epaya supula sukuaipa jiyeyu-apushi-tepichi (Consejera de género-familia y niñez) ha estado al frente de la exigibilidad de derechos de su comunidad que fue desplazada por paramilitares.

Desde que la comunidad Wayuu de Wepiapaa se desplazó en el año 2005, por falta de atención adecuada, han muerto ya 5 niños por desnutrición crónica y 2 adultos.

Pese a las múltiples denuncias  sobre la complicada situación en la que se encuentra la comunidad Wayuu de Wepiapaa, las instituciones competentes en materia de atención al desplazamiento, para garantizar derechos fundamentales como la vida, no han atendido de manera adecuada esta problemática, menos en cuanto a lo que tiene que ver con la restitución de tierras para posibilitar la reubicación de la comunidad desplazada.

Arelis Ojeda Jayariyu,  Gobernadora del Cabildo Wayuu de Wepiapaa,  con el apoyo y el acompañamiento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Plataforma de Derecho a la Alimentación, recientemente denunció el caso de la comunidad desplazada en el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales que se desarrolló entre el 3 y el 21 del pasado mes de mayo de 2010 en Ginebra, Suiza.  

Hechos


A las 4: 30 de la tarde del 26 de mayo de 2010, la Gobernadora del Cabildo Wayuu de Wepiapaa, delegada para la Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuu, Arelys Ojeda Jayariyu,  recibió una llamada a su celular en donde un hombre la amenaza con voz bastante alterada, diciéndole:  “no creas que vas a durar mucho tiempo viva”, posteriormente cuelga el teléfono. 

Los hecho, no fueron denunciados de inmediato por temor, pero a la fecha han sido puestos en conocimiento de las entidades competentes.

Cabe mencionar que no es la primera vez que  varias lideresas del movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuu, han sido amenazadas.  La manera sistemática, en que este tipo de amenazas se ha llevado a cabo desde mayo del año 2009 pone en riesgo a nuestra organización.  Es importante también mencionar que,  el caso de Arelys Ojeda Jayariryuu, no es un caso aislado.  Otras mujeres de la Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuu, como son Leonor Viloria González y Sandra Liney Cecilia Ospino, en enero y Deris Paz Daza, en mayo, todas, durante lo que va corrido del año, han sido obligadas a desplazarse por intimidaciones y  amenazas en contra de su integridad física y las de sus familias.

Estos hechos, evidencian una estratégica intención de debilitar un proceso organizativo que, desde sus inicios, ha procurado la visibilización en materia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que ocurren en el pueblo Wayuu.

Las mujeres de la organización que se han debido ausentar del proceso, son fundamentales para el mismo e infortunadamente las que siguen en la zona, se ven obligadas a manejar un perfil moderado debido a las amenazas y hostigamientos que son reiterativos y sistemáticos lo que contribuye a alimentar un clima de inseguridad para las y los dirigentes Wayuu.

En diferentes comunicados de denuncia, la Fuerza de Mujeres Wayuu, ha solicitado a la institucionalidad tanto departamental y nacional, que se revisen con mucha atención, las advertencias que han sido emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado de la Defensoría del Pueblo.  Esta institución de control, ha reiterado, en múltiples informes de riesgo emitidos, así como en evaluaciones de seguimiento, el alto riesgo en el que nos encontramos algunas de las comunidades y organizaciones del Pueblo Wayuu, sin embargo, las medidas y recomendaciones oficiales, no han sido tenidas en cuenta por las instituciones competentes, lo que aumenta el riesgo de las y los dirigentes en la zona.

En el Informe de Riesgo No.017 del 9 de julio de 2009, se da cuenta de la localización geográfica del riesgo en municipios como Riohacha y Dibulla, y se define claramente como población en riesgo, que entre otras poblaciones, las siguientes:

- Población Wayúu de Wepiapaa, ubicada en Mingueo, Ríoancho y Palomino: 324 personas.
- Población Kággaba y Wiwa pertenecientes a las comunidades que habitan en el resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco en jurisdicción de Riohacha y Dibulla: 8.803 personas.
- Población de los resguardos Las Delicias y Perraput: 3.040 personas.
- Población Wayúu asentada en territorios sin demarcar y sin legalizar que se localizan en límites con Dibulla sobre la Troncal del Caribe: 4.200 personas.
- Activistas del movimiento Sütsuin Jiyeyu Wayúu - Fuerza de Mujeres Wayúu (SJW/FMW) que realizan su trabajo en Riohacha y Dibulla: 8 personas.

De igual manera el Informe de Riesgo No.007 de 2010 emitido por el SAT, da cuenta de población en riesgo así:

- Lideresas de la Asociación de Autoridades Tradicionales Akoshijirrawa y de la Organización Wayúu Munsurat.
- Lideresas y dignatarias de la Asociación Sutsuin Jiyeyu Wayúu / Fuerza de Mujeres Wayúu (ASJW/FMW).
- Portavoces de los familiares de las víctimas de la masacre de Maicao ocurrida el 8 de noviembre de 2008.
- Personal médico y paramédico adscrito al Hospital de Nazareth y a su sistema de centros de salud en Puerto Estrella, Siapana, Villa Fátima, Warpana y Paraíso.
- Pütchipü´ü (Palabreros) que conforman la Ouutkajawaa Mülousükalü Natuma Pütchipü'üirua / Junta Mayor Autónoma de Palabreros.
- Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte de la Alta Guajira Wayúu Araurayú. 

Solicitudes


Por lo anterior, la Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuu, hace responsable de cualquier hecho que pueda ocurrir e contra de las y los dirigentes, en particular de lo que pueda suceder en contra de Arelis Ojeda Jayariyu, Gobernadora del Cabildo Wayuu de Wepiapaa, al Estado Colombiano por no atender de manera priorizada la grave condición de riesgo en que nos encontramos y solicitamos, además, se garantice lo siguiente:

1.       Pleno seguimiento y efectivo cumplimiento por parte de las instituciones competentes, a las recomendaciones formuladas por el SAT en su reciente Informe de Riesgo No. 007 de 2010 emitido para la Alta Guajira;  Informe de Riesgo No. 002 de enero de 2009, emitido para Maicao;  el Informe de Riesgo No. 017 de 2009, emitido para Riohacha y Dibulla y. En especial, se debe dar inmediato cumplimiento a las recomendaciones sobre temas como la protección para garantizar la vida de la población caracterizada en riesgo, así como las que tienen que ver con la atención a la población vulnerable en situación de desplazamiento.
2.       La reubicación a través de la restitución de territorio, debe efectuarse de manera inmediata para el caso de la Comunidad Wayuu de Wepiapaa, desplazada por grupos paramilitares, desde el 2005.
3.       Una vez más, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH para que se otorguen Medidas Cautelares a las y los dirigentes del movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuu y a las comunidades Wayuu de base que conforman la Organización FMW-SJW en La Guajira.
4.       Solicitamos que se de pleno y efectivo cumplimiento a los Autos emitidos por la Honorable Corte Constitucional, como los Autos 004 que tiene que ver con la creación de planes de salvaguarda para pueblos indígenas en riesgo de extinción a causa del conflicto armado; y el Auto 005 de 2009, referente a la protección de los territorios indígenas,  los cuales no han sido cumplidos por parte del Estado Colombiano.
5.       Pedimos a los Expertos del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, quienes están próximos a realizar una visita oficial a Colombia, a que presten especial atención a la problemática relacionada con el desplazamiento Wayuu y la situación de las amenazas de muerte proferidas de contra de las mujeres Wayuu.


Porque en Wounaminat, los Únicos Gigantes Somos los Wayuu
Campaña por la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra Wounmainkat – Nuestra Tierra

Comunidad Wayuu de Wepiapaa
Mingueo (Wajiira)
10 de junio de 2010

martes, 1 de junio de 2010

Las Mujeres Indígenas de Colombia se Pronuncian ante Omisiones del Estado

Comunicado a la opinión pública Nacional e Internacional

LAS MUJERES INDIGENAS DE COLOMBIA SE PRONUNCIAN ANTE LA

OMISION DEL ESTADO FRENTE AL AUTO 092 Y 237

Las mujeres indígenas de las organizaciones: Organización Nacional Indígena de

Colombia-ONIC-, Organización de los pueblos Indígenas de la Amazonía

Colombiana -OPIAC–, Autoridades Indígenas de Colombia – AICO-,

Confederación Indígena Tairona-CIT-, constituidas en la Mesa Coordinadora

Nacional de Seguimiento a los Autos 092 y 237 de 2008 emanados de la Corte

Constitucional, se pronuncia frente al incumplimiento por parte del Estado

Colombiano.

En el Auto 092, expedido en mayo 10 de 2008 la Corte Constitucional ordenó al

Gobierno Nacional que diseñara trece programas para la prevención del impacto

desproporcionado del conflicto armado y el desplazamiento forzado sobre las

mujeres, y la atención diferencial de la mujer en situación de desplazamiento. Uno

de estos programas es el Programa de Protección de la Mujer Indígena frente al

Conflicto Armado y el Desplazamiento Forzado. A pesar de esta orden expresa de

la Corte, Acción Social incumple inicialmente con el tiempo otorgado para la

presentación de estos programas, posteriormente Acción Social presenta un

informe que la corte vio como inconstitucional y que no recogía las verdaderas

necesidades de las mujeres, a raíz de esta situación la corte emite el auto237 en

noviembre de 2008, ordenando adoptar los lineamientos presentados por la mesa

de seguimiento del auto 092.

Para junio de 2009 las mujeres indígenas conformaron una Mesa Coordinadora

Nacional de seguimiento al auto 092 y 237 de 2008. Esta es la encargada de

construir y coordinar el proceso de formulación del Programa de Protección de la

Mujer Indígena Desplazada, garantizando la participación efectiva de las mujeres

indígenas del país. Por lo tanto se consolidó una propuesta metodológica, política

y presupuestal para los lineamientos del programa de mujer indígena, coordinando

con el Ministerio del Interior y de Justicia la formulación para que sus contenidos

respondan a las necesidades diferenciales de protección a nuestros derechos

fundamentales.

Una vez construida la Propuesta de trabajo “Proceso de Formulación del

Programa de Protección de la Mujer Indígena frente al Conflicto armado y el

Desplazamiento Forzado Auto 092 y 237 de 2008” y socializado ante el Ministerio

del Interior y de Justicia la propuesta es finalmente aprobada el día 30 de octubre

de 2009, posteriormente a ello en noviembre la propuesta fue presentada y

ratificada en la Mesa Nacional de Concertación (decreto 1397), espacio en que se

asumió el compromiso de iniciación a Enero de 2010

A la fecha, Mayo 25 de 2010 el proceso y los compromisos asumidos por parte

del Ministerio del Interior continúan en la NO existencia del Programa de

protección de la Mujer Indígena afectada por el conflicto armado y la NO ejecución

de la propuesta de las mujeres indígenas. Dos años de incumplimiento mientras

que la situación de las mujeres Indígenas en desplazamiento cada día empeora.

Mujeres y niñas son víctimas de violación sexual por parte de los actores armados,

centenares de familias son despojadas de sus pertenencias y obligadas a salir de

sus territorios para concentrarse en la ciudades en la mayoría de sus casos

hacinadas y sin ninguna garantía de salud, educación, vivienda ni alimentación,

obligadas de esta manera a hacer parte de las calles y del gran cinturón de

miseria de estas capitales.

A pesar de las recomendaciones dadas por Rodolfo Stevenhagen y James

Anaya, “Relatores Especiales Para la Situación de los Derechos y Libertades

Fundamentales de los Pueblos Indígenas”, frente al tema de las mujeres que

representan el 49% de la población indígena total, es particularmente preocupante

y alarmante, ya que el conflicto armado afecta de manera diferencial y especial a

estas mujeres.

Frente a esto las autoridades y organizaciones indígenas de Colombia, Las

mujeres indígenas de Colombia, representadas por las cuatro principales

organizaciones indígenas del país, consideramos que los autos son una

herramienta jurídica clave para la protección y defensa de nuestros derechos, por

ello

EXIGIMOS:

El cumplimiento inmediato de las ordenes de la Honorable Corte

Constitucional, la atención inmediata a las mujeres indígenas

desplazadas víctimas del conflicto armado y responsabilizamos al

Estado Colombiano por todos aquellos crímenes perpetrados a

los pueblos y mujeres indígenas , siendo nosotras las portadoras

y transmisoras de la sabiduría ancestral.

Bogotá, Mayo de 2010

 
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