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jueves, 8 de julio de 2010

¿Por qué se recortaron las garantías de seguridad a personas en alto riesgo?


NACIÓN 

Un decreto recorta buena parte de las garantías que tenían los miembros de organizaciones sociales que, por sus tareas, están en la mira de grupos criminales. A la par, las familias de altos dignatarios reciben mayor cuidado por parte del Estado.
Miércoles 7 Julio 2010
Las autoridades judiciales, las de seguridad y el propio Gobierno están preocupados por la fuerza que están tomando grupos que se están rearmando después de la desmovilización de los paramilitares.

El general Óscar Naranjo, director de la Policía, ha dicho que se tienen detectadas 17 bandas que operan en 54 municipios. Para enfrentarlas con eficiencia jurídica, el Gobierno emitió el Decreto 2374 el pasado primero de julio, mediante el cual crea la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales. La idea es que entre los organismos policiales y de justicia se facilite la lucha contra estos grupos. Entre los que más preocupan se encuentran los Rastrojos, los Paisas, Urabá (o Urabeños), Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (Erpac), Renacer y los Machos. En el decreto no se nombran las Águilas Negras pese a que, según informes conocidos por Semana.com, este grupo también está actuando en algunas zonas y ocasiona temor en los habitantes.

“Estas organizaciones están compuestas por varias personas, se identificaron desde el año 2006 y han permanecido en el tiempo hasta la fecha. Se caracterizan por ser organizaciones de carácter multidelictivo, independientes unas de otras, carentes de cualquier tipo de ideología, que se despliegan hacia zonas donde convergen las fases de cadena del narcotráfico y llegan incluso a consolidar alianzas con grupos terroristas (Farc y ELN) y con organizaciones delincuenciales con propósitos criminales”, dice en el Decreto.

En peligro
En ese contexto del accionar de bandas criminales y guerrillas en diversas zonas del país, hay personas que corren riesgo por el mero hecho de ejercer su profesión o su oficio. La lista de población que se considera vulnerable en estos ambientes de violencia es larga. En ella están funcionarios, políticos, integrantes de organizaciones sociales, líderes, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y desmovilizados, entre otros.

El riesgo es real. La ONG Somos Defensores acaba de denunciar que el presente año, según las agresiones conocidas hasta ahora, se perfila como uno de los más violentos contra quienes buscan el respeto por los derechos humanos. Esta organización hizo público que mayo fue un mes desastroso para aquellas personas que se dedican a esta actividad.

“Siete defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas campesinas fueron asesinados, cuatro de ellos asociados a la denuncia del desplazamiento forzado y a las reclamaciones para restitución de sus tierras. Igualmente, más de 100 organizaciones que trabajan por los derechos humanos, organizaciones sociales, campesinas, de mujeres, de afrodescendientes, de indígenas, entre otras, fueron blanco de amenazas por parte de actores armados ilegales o desconocidos, usando correos electrónicos, panfletos, mensajes de texto y llamadas telefónicas intimidantes”, dice la denuncia pública.

Respecto a la seguridad de los periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) tiene cifras preliminares que dicen que en lo que va de este año, 70 periodistas han sido víctimas de amenazas, tratos inhumanos y obstrucción a su labor. Un periodista ha sido asesinado y otros seis, secuestrados. Aunque los responsables no se han determinado con precisión, es posible que se trate de integrantes de organizaciones armadas.

Los dirigentes políticos en las regiones también suelen ser blanco de dificultades en su seguridad. Actualmente, la Federación Nacional de Concejales (Fenacon) tiene más de 3.500 denuncias por amenazas que han recibido los cabildantes de varios municipios del país.

En los últimos 10 años, han sido asesinados 256 concejales y en lo que va de este año, cinco -de Trujillo (Valle), Ambalema y Planadas (Tolima), Albania (Santander) y Tarazá (Antioquia)-, según los registros de Fenacon.

“Tenemos la amenaza de las Farc y desde el 2006, después de la desmovilización de los paramilitares, han aparecido varios grupos emergentes que cada vez están tomando más fuerza”, dice Juan Carlos Moreno, director de derechos humanos de esa federación.

Para proteger a estas personas cuando están en peligro, existe el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER). Hasta hace poco, estaba conformado por funcionarios del Ministerio del Interior, Acción Social, la Vicepresidencia de la República, la Policía y representantes de las poblaciones vulnerables, que hacían aportes para documentar los casos, monitorear los riesgos y hacer seguimiento a las decisiones adoptadas.

Paradójicamente, ante los crecientes riesgos que significan los grupos armados, el funcionamiento y las medidas establecidas para esta población cambiaron. El pasado 19 de mayo, el Gobierno emitió el Decreto 1740, mediante el cual se hicieron algunas modificaciones al CRER.

La Flip, Medios para la Paz, Andiarios, Asomedios y Fecolper, todas organizaciones de periodistas, criticaron aquella norma porque, según dedujeron, reduce la protección para la población en riesgo.

El primer reparo tiene que ver con que se saca a los representantes de las víctimas de su participación en las decisiones que se toman en el CRER, al darles estatus de observadores sin voz ni voto, contrario a lo que ocurría antes de que se emitiera el decreto. El malestar se debe, básicamente, a que eran los mismos representantes de las víctimas los que muchas veces lograban con sus argumentos una mejor protección para quienes estaban en riesgo. Ahora, las decisiones las tomarán solamente los funcionarios del Gobierno y de la Policía.

Además, el decreto elimina el auxilio de transporte para quienes son protegidos y tienen que trasladarse del lugar donde viven. Fuera de eso, les da un subsidio de máximo un salario mensual para vivir mientras está vigente el riesgo, cuando antes este aporte era de hasta tres salarios mínimos.

Semana.com conoció el caso de un periodista que, para proteger su vida, tuvo que salir de su ciudad de origen. “Me dieron un subsidio para transportarme hacia la otra ciudad y unos recursos de tres salarios mínimos”, dijo el comunicador. Pero después del primer mes, cuando debía recibir una ayuda similar, solamente obtuvo un salario mínimo, porque ya estaba vigente el nuevo decreto sobre el CRER. “Se me dificulta vivir con ese monto porque estoy en una ciudad donde no conozco a nadie, además, ando con mi familia, que huyó conmigo. Ahora no tengo trabajo”, comentó el reportero, cuyo nombre se reserva para conservar su seguridad.

Los cambios afectan no sólo a los periodistas, sino a esa población en riesgo que merece protección especial, según lo han establecido las mismas normas colombianas.

Pero eso no es todo. Hay otra medida cuestionable que puede afectar la labor periodística y que, de ser violada, incluye la suspensión de las medidas de protección. Tiene que ver con el hecho de que los periodistas que están bajo protección se muevan sin el acompañamiento del esquema de seguridad que les está asignado. Las condiciones que estaban vigentes antes del nuevo decreto les reconocían a los comunicadores cierta libertad para ausentarse de su escolta, cuando lo considerara imprescindible para desarrollar su labor.

Otro decreto

Cinco días antes de haber emitido el Decreto 1740, el Gobierno había publicado el 1700, “por el cual se dictan unas disposiciones sobre protección y seguridad para los señores ex presidentes y ex vicepresidentes de la república”.

En esta norma, lo que hizo el Gobierno fue darles a los ex vicepresidentes las mismas garantías de seguridad de que gozan los ex presidentes.

“Terminado el período constitucional, el Presidente y el Vicepresidente de la República, elegidos por voto popular, continuarán disfrutando de los servicios de un edecán, oficial Superior de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, el cual será seleccionado de una terna que para el efecto les presente el Ministro de Defensa Nacional”, dice en el primer artículo del Decreto.

Más adelante, establece que “los elementos para el servicio de seguridad y protección tales como medios de transporte, comunicaciones, armamento y demás que se consideren indispensables, serán suministrados por el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad”.

El mismo decreto reglamenta que, tal y como ocurre con los ex presidentes; los “ex vicepresidentes de la República, sus cónyuges supérsite e hijos, tendrán acceso y podrán utilizar los servicios de las instalaciones administrativas, hospitalarias, sociales y recreativas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuando lo requieran”.

Los beneficios de los ex presidentes y ex vicepresidentes se pueden extender para sus hijos y parientes si el riesgo lo amerita.

La pregunta que se hacen muchos es si otros ciudadanos que no han ocupado cargos similares, pero que se caracterizan por la defensa de los intereses comunes, no merecen las mínimas condiciones de seguridad, más aún en un país como Colombia, en el que se corren serios riesgos por desempeñar esas tareas.

Tomado de:  http://www.semana.com/noticias-nacion/recortaron-garantias-seguridad-personas-alto-riesgo/141411.aspx 

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