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lunes, 3 de noviembre de 2008

Reportes de falsos positivos recibidos por la Procuraduría pasaron de 10 a 200 en tres años

Todas las quejas seguían el mismo patrón: personas que señalaban a militares de haber matado a familiares suyos en combates simulados para después presentarlos como miembros de grupos ilegales.

Hoy en día, el Ministerio Público tiene 1.019 investigaciones en curso en todo el país. Antioquia, con un 36 por ciento; Caquetá, con el siete, y Norte de Santander con el cinco son las zonas con el mayor número de denuncias. Les siguen Meta, Putumayo, Tolima, Casanare, Guajira y Arauca.

En total, el organismo de control investiga en este momento la responsabilidad de 2.300 efectivos del Ejército en por lo menos dos mil muertes reportadas inicialmente como consecuencia de combates pero en circunstancias aún no aclaradas.

Según las quejas, la víctima desapareció camino a su trabajo, retenida en un retén militar o sacada de manera violenta de un lugar determinado y 24 o 72 horas después aparecía muerta empuñando un arma y rotulado por el Ejército como guerrillero o paramilitar.

La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos encontró al revisar los casos que la mayoría de los muertos eran sindicalistas, líderes comunales o desmovilizados que vivían en zonas rurales, pero el caso de los desparecidos de Soacha y de otras ciudades del país permitió establecer que también había jóvenes desempleados o personas con antecedentes judiciales y residentes en zonas urbanas deprimidas entre las víctimas.

En los reportes presentados por los militares involucrados en los casos, los cuerpos aparecían cerca de casas o en terreno abierto y a una distancia de hasta de 1.300 metros del lugar donde las tropas supuestamente se encontraban al momento de entrar en combate.

Pero al revisar las heridas producidas en los cuerpos se encontró que los orificios de entrada y salida de proyectiles no pudieron hacerse a esas distancias. Los informes forenses analizados por los investigadores de la Procuraduría permitieron establecer también que mayoría de las veces las víctimas presentaban heridas de bala recibidas de espaldas, y en ángulos en los que se podía deducir que les habían disparado a cierta altura, probablemente mientras estaban arrodillados o acostados en el suelo.

Por otro lado, las prendas que llevaban puestas los cadáveres no presentaban agujeros que correspondieran a los orificios en el cuerpo producidos por las balas y presentaban rastros de haber sido movidos de un lugar a otro.

Mientras tanto, al revisar lo sucedido en las filas del Ejército jamás se reportó un herido o lesionado en combate. La versión inicial entre los miembros de la tropa era siempre muy similar: se entró en contacto con el enemigo (las víctimas en este caso), mientras se patrullaba, los efectivos ametrallaron hacia el lugar donde se producían los ataques y al hacer un barrido del área se encontraron los cuerpos.

Por lo regular, el informe sobre la munición gastada por los miembros de las tropas involucradas en estos casos no coincide con su relato sobre las acciones.

Casi siempre los efectivos involucrados son mandos medios y bajos, de rango de subteniente hasta capitán o mayor; entre los suboficiales, la mayoría son cabos, y el resto soldados profesionales que fueron exonerados tras ser investigados por sus comandantes o por las oficinas de control interno de las guarniciones a la que prestaban servicio.

Por lo regular, ante el juez militar o funcionario administrativo que llevaba el caso se presentaba un testigo espontáneo de la región que señalaba a la víctima como miembro de un grupo ilegal armado.

Al revisar estas actuaciones, la Procuraduría encontró que no cumplían con los estándares internacionales de justicia, de imparcialidad y de seriedad para este tipo de casos.

En los seis últimos años, los delegados del organismo de control han revocado 80 decisiones de estas dependencias del Ejército y han ejercido el poder preferente en 64 casos para sumir las indagaciones. De hecho, esta situación se convirtió en un momento dado en un obstáculo para las investigaciones por lo que en noviembre del 2007 se entregó un informe al Ministro de Defensa pidiéndole correctivos "necesarios y urgentes para que esta conducta no se siga presentando".

Hasta el momento de la totalidad de casos investigados hay cinco en que ya se produjeron sanciones, en 38 se han dictado pliego de cargos, 242 están en investigación y en 612 se analizan los hechos para establecer si amerita iniciar un proceso disciplinario. Aunque la Procuraduría es conciente que los hechos ni hacen parte de una política de Estado ni tampoco son procedimientos ordenados por los altos mandos de las Fuerzas Militares, sí cree que están influidos por la presión a los que son sometidos sus miembros por resultados operacionales.

REDACCIÓN JUSTICIA

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