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martes, 16 de septiembre de 2008

Por violaciones a los derechos humanos. La cifra puede subir.

1.248 uniformados han sido retirados por escándalos judiciales o disciplinarios en lo que va de 2008

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA DE EL TIEMPO


Aristides Gómez Ipuana, indígena Wayúu de Uribia (La Guajira) fue reportado muerto en combates con el Ejército el 17 de octubre del 2005. Pero la Procuraduría halló presunta responsabilidad de un sargento y dos soldados en la muerte del indígena. Por eso, les elevó pliego de cargos en agosto pasado por tortura y ejecución arbitraria.


[Bogotá, D.C/16 de septiembre de 2008]. La Procuraduría tiene actualmente 2.764 investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública, mientras la Fiscalía investiga a 782, para un total de 3.546 procesos.


El número de retiros que este tipo de episodios han ocasionado sobrepasan incluso las muertes en combate: 201 bajas por acciones guerrilleras.


Sólo el Ejército Nacional ha tenido que prescindir de 947 efectivos e incluso tuvo que ver, hace dos semanas, cómo uno de sus más destacados oficiales (R) --el general Rito Alejo del Río-- fue capturado en el tradicional Club Militar.


Entre los militares investigados actualmente hay tres coroneles, uno de ellos involucrado en la masacre de ocho civiles de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, en donde habrían actuado de la mano con 'paras' al mando de 'Don Berna'.
Otros son indagados por sus nexos con narcos de la talla de 'Don Diego'.


La Policía, por su parte, ha declarado insubsistentes a dos generales --Marco Pedreros y Antonio Gómez Méndez-- dentro de indagaciones preliminares en las que figuran los nombre de los narcoparamilitares 'Don Mario' y Daniel 'el Loco' Barrera; y ha destituido a otros 199 uniformados.


Lluvia de procesos


Los procesos, en su mayoría, se derivan de la muerte de civiles fuera de combate. Por este motivo, en la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos se adelantan entre 900 y 1.000 expedientes contra mayores, coroneles y capitanes.


De ese total, unos 850 procesos están relacionados con los 'falsos positivos', término acuñado hace dos años tras la denuncia de EL TIEMPO sobre los falsos atentados en Bogotá, en los que están involucrados penalmente dos oficiales de inteligencia.


Hemos advertido un incremento de este fenómeno y creemos que se debe a la exigencia que se les está haciendo a los militares para dar resultados y mostrar bajas”, asegura un investigador de la Procuraduría.


Y agrega que la exigencia de 'bajas' explicaría por qué las investigaciones por tortura y desaparición forzada casi han desaparecido.


En cuanto a la Policía, la Procuraduría delegada para esa institución investiga a 320 mayores, tenientes coroneles y coroneles.


Al menos 200 de esas investigaciones están relacionadas con una presunta connivencia con 'narcos' o 'paras', corrupción, irregularidades en contrataciones y enriquecimiento ilícito.


Altos mandos y analistas reconocen la gravedad de este fenómeno, pero estiman que la cifra es baja frente al impacto del crecimiento del pie de fuerza en los últimos cinco años (más de 400.000), y resaltan el hecho de que la misma Fuerza Pública es la que toma medidas frente a esas actuaciones irregulares.


'Cero tolerancia': Policía


Estamos frente a una política de cero tolerancia a la corrupción y hemos fortalecido la tarea de contrainteligencia para detectar esas conductas”, dice el general Óscar Naranjo, director de la Policía, una de las instituciones que mayor credibilidad registran en sondeos y encuestas.


El oficial destaca el aumento de las denuncias y lo atribuye a una mayor confianza de los ciudadanos. “A pesar del incidente de los generales, nuestra decisión es combatir la corrupción”, insiste.


Y voceros del Ejército manifestaron que su política es la de no permitir en sus filas a uniformados relacionados con grupos delincuenciales o personas al margen de la ley, sin importar el rango.


Expertos en seguridad creen que aunque la obligación de los entes de control y de la misma Fuerza Pública es investigar y castigar, las salidas de militares no deben ser divulgadas hasta que exista un fallo definitivo de por medio.


¿'Simples sospechas'?


En muchos casos no hay pruebas. Se trata de simples sospechas”, dice Miguel Posada, analista de The Washington Post.


Y llama la atención sobre lo que denomina 'la guerra jurídica': “Hay una combinación de dos factores: uno, las fuerzas sacando elementos malos para proteger la moral, y, el otro, la guerra jurídica, que existe y eso es más grave, porque acaba con la moral de las tropas”, dice el analista.


Por eso, vaticina que las acusaciones contra los miembros de la Fuerza Pública se incrementarán debido a que los grupos subversivos, en especial las Farc, se están quedando sin el único argumento que tenían: las armas.


El politólogo Francisco Leal sostiene que los procesos penales y disciplinarios son complejos para un Ejército como el colombiano, cuyas normas están diseñadas para conflictos externos.


Y asegura que la disciplina futura en las filas del Ejército “dependerá de cómo la Justicia plantee el manejo de los testigos y de cómo se esclarezcan esas situaciones”. Por ahora, la purga continúa.


Decisiones del 2008 en procesos contra militares por violación de DD.HH.


San José de Apartadó. En marzo, la Fiscalía General ordenó la captura de 15 militares por la masacre de 11 civiles, entre ellos tres niños, cometida en coordinación con grupos paramilitares, en febrero de 2005. En julio pasado, la Procuraduría dictó pliego de cargos contra tres coroneles, un mayor y tres capitanes por ejecución arbitraria y tortura.


Asesinato de Kankuamo. La Procuraduría elevó pliego de cargos a un teniente, tres cabos y seis soldados del Batallón La Popa del Ejército, por la muerte del indígena Kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez, quien fue sacado por uniformados de su ranchería y luego presentado como guerrillero muerto en combate.


Muerte de indígena Wayúu. Aristides Gómez Ipuana, indígena Wayúu de Uribia (La Guajira) fue reportado muerto en combates con el Ejército el 17 de octubre del 2005. Pero la Procuraduría halló presunta responsabilidad de un sargento y dos soldados en la muerte del indígena. Por eso, les elevó pliego de cargos en agosto pasado por tortura y ejecución arbitraria.


Caso de Petaquero. Jesús María Almeida Benítez y su hijo Juan Pablo Almeida Ruiz resultaron muertos el 7 de febrero del 2004, cuando miembros del Ejército al parecer combatían contra subversivos en la vereda Petaquero de San José de Miranda (Santander). La Procuraduría dictó pliego de cargos contra un sargento y cinco soldados del Batallón de Ingenieros.


Masacre de familia en Florencia. El 10 de noviembre del 2006, militares apostados en la vía Florencia (Caquetá)-Garzón (Huila), dispararon y dieron muerte a Daniel Alvarado, su esposa Alba Luz Mejía, y su hijo de 3 años, cuando se desplazaban en moto.


Por este hecho, la Procuraduría elevó cargos contra nueve soldados del Batallón Cacique Pigoanza.


u.investigativa@eltiempo.com.co


Tomado de: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-15/1248-uniformados-han-sido-retirados-por-escandalos-judiciales-o-disciplinarios-en-lo-que-va-de-2008_4529418-1

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