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domingo, 14 de septiembre de 2008

"Nosotros antes que víctimas somos pueblos con autonomía y gobiernos propios"

[Reflexiones presentadas por delegados de los pueblos Wayúu, Arhuaco (Ika) y Wiwa, participantes en la Quinta Audiencia Congresional Reglamentaria del Estatuto de Víctimas de la Violencia, celebrada en Valledupar (Cesar), el 12 de septiembre de 2008]

Como quiera que tratar igual lo que es diferente, es también una forma de discriminación y racismo, es deseable que en los principios generales del proyecto de ley junto al de igualdad, aparezca como complemento el reconocimiento y respeto a la diversidad étnica y cultural del país. En ese contexto es necesario que quede establecido con precisión que la atención a las victimas de que trata el proyecto de ley necesariamente tiene que hacerse con un enfoque diferencial que tenga en cuenta las cosmovisiones, valores identitarios y usos y costumbres de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos (afrodescendientes, Raizal y Rom).

El proyecto de ley debe evitar a toda costa asumir posiciones negacionistas sobre la existencia del conflicto armado en Colombia y sobre la vigencia actual del paramilitarismo. La pretensión del gobierno nacional y de diversos sectores políticos uribistas por desconocer que en Colombia se asiste a un conflicto armado de grandes proporciones, en verdad no ayuda mucho a los propósitos de garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, puesto que debilita cualquier propuesta tendiente a brindar garantías para la no repetición de los hechos. Así mismo pretender desconocer que las estructuras paramilitares siguen actuando, hoy por hoy, bajo nuevas formas y remozados contenidos, puede derivar en que muchas de las víctimas de las llamadas Águilas Negras o las denominadas por el Gobierno Nacional como bandas emergentes criminales (BACRIM), queden por fuera del ámbito de esta ley, por cuanto según la lógica gubernamental éstas ya no serían victimas del paramilitarismo sino de meras bandas mafiosas y delincuenciales.

Es muy importante que el universo de las victimas se haya ampliado hasta alcanzar a aquellas que lo fueron por parte de agentes del Estado y de la Fuerza Publica, ya que hasta la fecha en todas las normas que se habían expedido sistemáticamente se los estaba excluyendo. Sin embargo, es necesario que en el texto del proyecto de ley quede establecida con meridiana claridad la responsabilidad que le cabe al Estado, ya sea por acción u omisión, en las graves violaciones a los Derechos Humanos y en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se han presentado.

El proyecto de ley debe dejar establecidas diferencias entre lo que constituye la ayuda humanitaria y el reconocimiento de derechos económicos sociales y culturales (DESC), los cuales son función del Estado, de todo lo concerniente a la reparación integral. En ese orden de ideas no debe permitirse que se siga asumiendo como parte de la reparación acciones que son parte inherente a la misma acción y naturaleza del Estado.

Se estima que la incorporación de las normas y disposiciones legales contenidas en el decreto 1290 de 22 de abril de 2008 “por medio del cual se crea el Programa de Reparación por Vía Administrativa” es una forma de bajar los estándares a los derechos que le asisten a las víctimas a ser reparadas integralmente. De ahí que, cabe agregar, la armonización de estas dos normas termina generando una gran ambigüedad que a la postre va a derivar en detrimento de los derechos de las víctimas.

Aunque el proyecto de ley señala una ruta para la reparación integral, esta fundamentalmente hace alusión al ámbito de lo individual y, en ese sentido, muy poco dice en referencia a lo colectivo, por lo que los pueblos indígenas y demás grupos étnicos sentimos que hay un enorme vacío en este asunto y que se nos sigue invisibilizando como sujetos colectivos de derechos. Es así, como por ejemplo, los daños causados a nuestros patrimonios culturales e intelectuales, los cuales no por ser intangibles no han dejado de ocasionar erosiones desmedidas en nuestras respectivas cosmovisiones, no tienen formulas para su resarcimiento y reparación adecuadas y pertinentes, por cuanto desde la perspectiva económica no se peden contabilizar con facilidad.

Debe quedar enteramente claro que la base sobre la cual se pueden levantar propuestas de reparación colectiva para los pueblos indígenas y demás grupos étnicos es brindarnos adecuadas garantías para la recuperación, consolidación y pleno control de nuestros territorios tradicionales. Si bien en el texto del proyecto de ley se mencionan mecanismos para la restitución de las tierras, esto no es suficiente para nuestros pueblos por cuanto no se hace referencia explícita a nuestros territorios, los cuales, como se sabe, tienen una especial connotación y significación para todos los pueblos indígenas y demás grupos étnicos.

Destacamos que el proyecto de ley contenga como requisito para adelantar los procesos de reparación colectiva de pueblos indígenas y grupos étnicos la Consulta Previa, sin embargo, sería pertinente que este requisito se ampliara para incorporar el referente al Consentimiento Previo, Libre e Informado que brinda mejores garantías, ya que la Consulta Previa ha terminado simplemente siendo un mero procedimiento administrativo que se debe surtir, pero sin ningún carácter vinculante, en tanto que el Consentimiento Previo, Libre e Informado nos permite a los pueblos indígenas y demás grupos étnicos recurrir a la objeción cultural ante cualquier propuesta lesiva que vaya en detrimento de nuestras culturas y cosmovisiones.

El proyecto de ley da responsabilidades a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), cuando esta instancia adolece de grandes problemas de legitimidad y voluntad política que afectan sus actuaciones. Esta es una de las paradojas que presenta el texto del proyecto de ley que debe ser resuelta a favor de las víctimas. Mientras la CNRR siga siendo un simple apéndice del Gobierno Nacional con una autonomía muy restringida, realmente no hay mucho espacio para el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

El reconocimiento de la existencia de victimas es un paso muy importante. Sin embargo nos asalta el temor de que este concepto termine homogenizando arbitrariamente a una diversidad de sujetos sociales, individuales y colectivos, que hemos sido afectados por el conflicto armado y la violencia política, de ahí que nos preocupa que la noción de victimas termine siendo un estigma negativo que vulnere otros derechos. No está demás advertir que nosotros antes que victimas somos pueblos indígenas, afrodescendientes, Raizal y Rom y nuestras dinámicas sociales y culturales no se pueden explicar únicamente bajo la óptica estrecha de considerarnos exclusivamente como víctimas.

Puntualmente se le solicita al Congreso de la República que, en el inmediato plazo posible, realice una audiencia especial y específica destinada a los pueblos indígenas, afrodescendientes, Raizal y Rom, en la cual se discuta el texto del proyecto de ley desde una mirada diversa e intercultural. Esta audiencia podría estar enmarcada dentro de los derechos a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado que nos asiste y de los cuales ya se aludió más arriba.

Todo indica que la correlación de fuerzas al interior del Congreso de la República, con una mayoría uribista, dificultará y hasta impedirá la aprobación de este proyecto de ley, sobre todo en la versión que incorpora la voz y el sentir de las victimas organizadas, de ahí que sea necesario que las victimas y sus organizaciones, así como organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones sociales, se movilicen activamente en todo el país para exigir la aprobación del proyecto de ley con los estándares adecuados para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

En el contexto de estas movilizaciones propuestas, los pueblos indígenas hemos programado una gran jornada nacional, la cual se realizará entre el 12 y el 14 de octubre de 2008, por lo cual desde ya convocamos a que se vinculen activamente a todas las organizaciones de victimas, de derechos humanos y sectores solidarios.

Es por ello que las organizaciones Wayúu de La Guajira aquí presentes estamos invitando a la gran parada que se realizará el día 14 de octubre en 4 Vías, Maicao, por la eliminación de todas las formas de violencia contra la Nuestra Tierra –Wounmaikat--, porque, muy en contra de lo que dice la publicidad mediática de El Cerrejón, en La Guajira los únicos gigantes somos los Wayúu y los otros pueblos indígenas que allí habitamos.



Valledupar, (Cesar), viernes 12 de septiembre de 2008

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