Con un completo informe sobre cómo grupos neoparamilitares están cometiendo masacres y aumentan los números de homicidios selectivos, la Comisión Colombiana de Juristas abre un debate crucial para la paz del país:¿sigue vivo el paramilitarismo con sus objetivos políticos o lo que hay son las bandas criminales residuales que quedan después de una desmovilización? Fecha: 09/05/2008 -
Los niños Sair Muñoz y Jesús Romero, y los adultos Dairo Romero, Jeremías Corrales Genes, , Edinson Aviles, Deyanira Aviles y Eduardo Montalvo Santana, fueron muertos el pasado 20 de julio en Puerto Libertador (Córdoba) después de recibir disparos de un grupo de hombres que se les acercaron en una camioneta, vestidos de civil, encapuchados y fuertemente armados.
Rafael, Ciro, Teobaldo y Jaider, miembros de una misma familia de apellido Méndez, murieron el pasado 23 de febrero en el municipio de San Juan del Cesar (Guajira) después de que hombres armados, que portaban armas y prendas de la fuerza pública, incursionaron en la finca donde estaba la familia.
Cinco líderes comunitarios murieron y tres personas quedaron heridas el pasado 11 de enero en Santa Marta (Magdalena) cuando hombres armados llegaron a una fiesta familiar y dispararon contra los invitados.
Rafael, Ciro, Teobaldo y Jaider, miembros de una misma familia de apellido Méndez, murieron el pasado 23 de febrero en el municipio de San Juan del Cesar (Guajira) después de que hombres armados, que portaban armas y prendas de la fuerza pública, incursionaron en la finca donde estaba la familia.
Cinco líderes comunitarios murieron y tres personas quedaron heridas el pasado 11 de enero en Santa Marta (Magdalena) cuando hombres armados llegaron a una fiesta familiar y dispararon contra los invitados.
Nueve pescadores murieron y seis personas desaparecieron entre los pasados 27 y 28 de abril en el municipio de Pizarro (Chocó).
Después de que hombres armados mataran a cuatro aserradores en Istmina (Chocó), salieron desplazadas de la cabecera municipal al menos 69 personas.
Todos estos casos ocurridos este año, en los que los criminales actuaron con un modo de operar idéntico al que usaron las Auc una década atrás, han llevado a los investigadores de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) a concluir que Colombia está ante un neo-paramilitarismo en su informe Neoparamilitarismo y nuevas masacres. Son las mismas capuchas, las vestimentas de uso militar, las armas. “Las atrocidades que debían haber cesado con la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, no sólo nunca terminaron sino que están apareciendo nuevamente con mayor fuerza”.
El gobierno las llama bandas emergentes, y asegura que sólo se trata de grupos delincuenciales que matan dentro de la lógica del negocio al que se han dedicado: el narcotráfico. No es una mera diferencia semántica. La CCJ y otras organizaciones de derechos humanos están denunciando que estas bandas aunque, en efecto, pueden estar dedicadas del narcotráfico, tienen propósitos políticos de asesinar a quienes consideren subversivos. Por eso hay líderes cívicos, sindicalistas y dirigentes sociales entre las víctimas.
Algunos nombres de esos grupos son ‘Rondas Campesinas Populares’, ‘Ejército Revolucionario Popular Anticomunista’ y ‘Héroes de Castaño’, que sugieren que sus propósitos van más allá de ser simples bandas criminales. Se parecen más a grupos con objetivos antisubversivos, como los ‘paras’ que se sometieron a Justicia y Paz.
Según datos de la Comisión, entre el primero de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007, por lo menos se han registrado 4.019 personas como víctimas de violaciones al derecho a la vida atribuidas presuntamente a grupos paramilitares en 27 de los 32 departamentos del país.
El informe de la CCJ también asegura que es especialmente preocupante el número creciente de asesinatos en Córdoba y Medellín. Según datos de la Policía Nacional que cita el informe, se han cometido 283 homicidios durante el 2008, y en Medellín, ha habido 530 personas asesinadas entre enero y junio de 2008.
Otras organizaciones han dicho que en el país existen verdaderos ejércitos paramilitares. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) dijo en un informe que a noviembre de 2007 existían en el país 67 grupos con 6.377 miembros activos. Y la Corporación Nuevo Arco Iris afirmó recientemente que después de la desmovilización hay al menos 10.000 paramilitares que siguen con las mismas actividades de siempre.
Para la CCJ, “esta afirmación es verosímil, puesto que, según fuentes de inteligencia, el grupo comandado por alias ‘Don Mario’, en el norte del país, está integrado por tres mil combatientes, y el comandado por alias ‘Cuchillo’, en los llanos, también está integrado por otros tres mil combatientes. No es extraño, entonces, que en los más de 65 grupos restantes haya más de cuatro mil combatientes”.
Y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comparte la hipótesis que dice que en Colombia aún hay ejércitos privados ejerciendo hostilidades. En su informe de 2007, registró que “estos grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados. Son un factor activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública en acciones atribuidas a algunos de estos grupos”.
Secuelas del posconflicto
Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), explica que la hipótesis de la CCJ, que no son bandas delincuenciales sino paramilitares que siguen operando con la misma lógica y modus operandi que antes de la desmovilización, desconoce que al terminar los procesos de desmovilización en todas partes del mundo, un porcentaje menor, entre el 5 y el 15 por ciento, reincide en la vida criminal.
“Ocurrió en Irlanda, Nicaragua, El Salvador y en muchas otras partes –dice Pizarro – Afirmar que en Colombia no hubo desmovilización porque un sector se recicló, es desconocer los procesos que se han hecho en el mundo. Eso es lo que explica que se hayan presentado actos violentos en estos años del proceso de justicia y paz”.
Además, cuenta que el proceso que se hizo en Colombia con los paramilitares, hoy presenta continuidad en algunos actos violentos, pero también una ruptura en la naturaleza de los paramilitares. “Los grupos que se están reorganizando en bandas están trabajando para el narcotráfico y no tienen una intención antisubversiva, como lo tenían los paramilitares desmovilizados. O sea que ahí hay una ruptura. Pero hay continuidad porque siguen delinquiendo”.
¿Y los nombres que han adoptado algunos grupos, que insinúan actividad antisubversiva, qué significan? “Hay un mundo de nombres que generan confusión, pero en general la información que se tiene dice que son diferentes variantes de Águilas Negras, que más allá de las denominaciones que tengan, están dedicadas al narcotráfico y en algunos casos, la mayoría, aliadas con guerrilla o conviven con ella por el tráfico de drogas. No se puede desconocer que haya escuadrones de la muerte contrainsurgentes, pero la mayoría son criminales. Plantear que nada ha cambiado en estos años de justicia y paz es ocultar los cambios que han ocurrido en el país”, insiste.
Sobre las cifras, Pizarro piensa que están infladas. “Decir que ‘Cuchillo’ y ‘Don Mario’ tienen tres mil hombres cada es una exageración. Hay informes serios de la Policía que hablan de que en el país existen 18 bandas que suman en total dos mil hombres”, cuenta.
Respecto de las masacres, el Presidente de la CNRR asegura que no puede desconocer que existen, pero “son el 2 ó 3 por ciento de las que había a finales de los 90 y a comienzos de esta década”. Y explica que ocurren, precisamente, en los corredores del narcotráfico, donde se están configurando lo que él llama “nuevas bandas”.
La CCJ sí reconoce una disminución de las masacres en los últimos años, pero no es porque los paramilitares hayan dejado de actuar, sino porque cambiaron la manera de hacerlo. Algunos reconocieron que ya no hacían masacres porque tenían un alto costo político para sus ejércitos, pero siguieron cometiendo asesinatos selectivos.
Acertar en el diagnóstico sobre la naturaleza de los nuevos grupos de asesinos que están asolando la población civil es importante porque la estrategia para combatirlas será diferente según se entiendan, si como neoparamilitares o como bandas criminales emergentes. Por eso la CCJ advierte que las estrategias que está adoptando el gobierno para enfrentar a estos grupos no es la adecuada.
“Para hacer frente a esta nueva oleada de violencia, la Fuerza Pública ha dispuesto la conformación de un grupo élite integrado por miembros de la Fiscalía, el DAS, el CTI, el Ejército y la Policía y así combatir a las mal llamadas ‘bandas emergentes’. Sin embargo, todos estos organismos han estado involucrados con los grupos paramilitares desde su formación, por lo cual la respuesta no sólo resulta inadecuada, sino eventualmente perjudicial”.
El debate para definir lo que está pasando realmente es vital para el futuro del país. Por casi una década Colombia sufrió más de mil masacres a manos de los paramilitares sin que hubiera una respuesta siquiera mínimamente adecuada ni del gobierno, ni de la justicia, frente al horror. Las víctimas siguieron expuestas a una crueldad y la saña de unos autodenominados “salvadores”, y el país poderoso se hacía el desentendido y daba tibias explicaciones a su desidia. Sólo hasta ahora, cuando los victimarios están empezando a confesar, es que se empieza a reconocer la magnitud del drama vivido. Por eso no puede volver a suceder, que el terror siga los campos y el país de las decisiones subestime lo que le está pasando.
Después de que hombres armados mataran a cuatro aserradores en Istmina (Chocó), salieron desplazadas de la cabecera municipal al menos 69 personas.
Todos estos casos ocurridos este año, en los que los criminales actuaron con un modo de operar idéntico al que usaron las Auc una década atrás, han llevado a los investigadores de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) a concluir que Colombia está ante un neo-paramilitarismo en su informe Neoparamilitarismo y nuevas masacres. Son las mismas capuchas, las vestimentas de uso militar, las armas. “Las atrocidades que debían haber cesado con la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, no sólo nunca terminaron sino que están apareciendo nuevamente con mayor fuerza”.
El gobierno las llama bandas emergentes, y asegura que sólo se trata de grupos delincuenciales que matan dentro de la lógica del negocio al que se han dedicado: el narcotráfico. No es una mera diferencia semántica. La CCJ y otras organizaciones de derechos humanos están denunciando que estas bandas aunque, en efecto, pueden estar dedicadas del narcotráfico, tienen propósitos políticos de asesinar a quienes consideren subversivos. Por eso hay líderes cívicos, sindicalistas y dirigentes sociales entre las víctimas.
Algunos nombres de esos grupos son ‘Rondas Campesinas Populares’, ‘Ejército Revolucionario Popular Anticomunista’ y ‘Héroes de Castaño’, que sugieren que sus propósitos van más allá de ser simples bandas criminales. Se parecen más a grupos con objetivos antisubversivos, como los ‘paras’ que se sometieron a Justicia y Paz.
Según datos de la Comisión, entre el primero de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007, por lo menos se han registrado 4.019 personas como víctimas de violaciones al derecho a la vida atribuidas presuntamente a grupos paramilitares en 27 de los 32 departamentos del país.
El informe de la CCJ también asegura que es especialmente preocupante el número creciente de asesinatos en Córdoba y Medellín. Según datos de la Policía Nacional que cita el informe, se han cometido 283 homicidios durante el 2008, y en Medellín, ha habido 530 personas asesinadas entre enero y junio de 2008.
Otras organizaciones han dicho que en el país existen verdaderos ejércitos paramilitares. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) dijo en un informe que a noviembre de 2007 existían en el país 67 grupos con 6.377 miembros activos. Y la Corporación Nuevo Arco Iris afirmó recientemente que después de la desmovilización hay al menos 10.000 paramilitares que siguen con las mismas actividades de siempre.
Para la CCJ, “esta afirmación es verosímil, puesto que, según fuentes de inteligencia, el grupo comandado por alias ‘Don Mario’, en el norte del país, está integrado por tres mil combatientes, y el comandado por alias ‘Cuchillo’, en los llanos, también está integrado por otros tres mil combatientes. No es extraño, entonces, que en los más de 65 grupos restantes haya más de cuatro mil combatientes”.
Y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comparte la hipótesis que dice que en Colombia aún hay ejércitos privados ejerciendo hostilidades. En su informe de 2007, registró que “estos grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados. Son un factor activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública en acciones atribuidas a algunos de estos grupos”.
Secuelas del posconflicto
Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), explica que la hipótesis de la CCJ, que no son bandas delincuenciales sino paramilitares que siguen operando con la misma lógica y modus operandi que antes de la desmovilización, desconoce que al terminar los procesos de desmovilización en todas partes del mundo, un porcentaje menor, entre el 5 y el 15 por ciento, reincide en la vida criminal.
“Ocurrió en Irlanda, Nicaragua, El Salvador y en muchas otras partes –dice Pizarro – Afirmar que en Colombia no hubo desmovilización porque un sector se recicló, es desconocer los procesos que se han hecho en el mundo. Eso es lo que explica que se hayan presentado actos violentos en estos años del proceso de justicia y paz”.
Además, cuenta que el proceso que se hizo en Colombia con los paramilitares, hoy presenta continuidad en algunos actos violentos, pero también una ruptura en la naturaleza de los paramilitares. “Los grupos que se están reorganizando en bandas están trabajando para el narcotráfico y no tienen una intención antisubversiva, como lo tenían los paramilitares desmovilizados. O sea que ahí hay una ruptura. Pero hay continuidad porque siguen delinquiendo”.
¿Y los nombres que han adoptado algunos grupos, que insinúan actividad antisubversiva, qué significan? “Hay un mundo de nombres que generan confusión, pero en general la información que se tiene dice que son diferentes variantes de Águilas Negras, que más allá de las denominaciones que tengan, están dedicadas al narcotráfico y en algunos casos, la mayoría, aliadas con guerrilla o conviven con ella por el tráfico de drogas. No se puede desconocer que haya escuadrones de la muerte contrainsurgentes, pero la mayoría son criminales. Plantear que nada ha cambiado en estos años de justicia y paz es ocultar los cambios que han ocurrido en el país”, insiste.
Sobre las cifras, Pizarro piensa que están infladas. “Decir que ‘Cuchillo’ y ‘Don Mario’ tienen tres mil hombres cada es una exageración. Hay informes serios de la Policía que hablan de que en el país existen 18 bandas que suman en total dos mil hombres”, cuenta.
Respecto de las masacres, el Presidente de la CNRR asegura que no puede desconocer que existen, pero “son el 2 ó 3 por ciento de las que había a finales de los 90 y a comienzos de esta década”. Y explica que ocurren, precisamente, en los corredores del narcotráfico, donde se están configurando lo que él llama “nuevas bandas”.
La CCJ sí reconoce una disminución de las masacres en los últimos años, pero no es porque los paramilitares hayan dejado de actuar, sino porque cambiaron la manera de hacerlo. Algunos reconocieron que ya no hacían masacres porque tenían un alto costo político para sus ejércitos, pero siguieron cometiendo asesinatos selectivos.
Acertar en el diagnóstico sobre la naturaleza de los nuevos grupos de asesinos que están asolando la población civil es importante porque la estrategia para combatirlas será diferente según se entiendan, si como neoparamilitares o como bandas criminales emergentes. Por eso la CCJ advierte que las estrategias que está adoptando el gobierno para enfrentar a estos grupos no es la adecuada.
“Para hacer frente a esta nueva oleada de violencia, la Fuerza Pública ha dispuesto la conformación de un grupo élite integrado por miembros de la Fiscalía, el DAS, el CTI, el Ejército y la Policía y así combatir a las mal llamadas ‘bandas emergentes’. Sin embargo, todos estos organismos han estado involucrados con los grupos paramilitares desde su formación, por lo cual la respuesta no sólo resulta inadecuada, sino eventualmente perjudicial”.
El debate para definir lo que está pasando realmente es vital para el futuro del país. Por casi una década Colombia sufrió más de mil masacres a manos de los paramilitares sin que hubiera una respuesta siquiera mínimamente adecuada ni del gobierno, ni de la justicia, frente al horror. Las víctimas siguieron expuestas a una crueldad y la saña de unos autodenominados “salvadores”, y el país poderoso se hacía el desentendido y daba tibias explicaciones a su desidia. Sólo hasta ahora, cuando los victimarios están empezando a confesar, es que se empieza a reconocer la magnitud del drama vivido. Por eso no puede volver a suceder, que el terror siga los campos y el país de las decisiones subestime lo que le está pasando.
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