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martes, 23 de septiembre de 2008

DECLARACION DE BRUSELAS SOBRE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINION

Septiembre 15, 16 y 17 de 2008

Parlamento Europeo


Reunido en Bruselas en el Parlamento europeo, los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2008, el Tribunal Internacional de Opinión, después de haber tomado conocimiento de los veredictos de diversas sesiones y audiencias de varios Tribunales Internacionales de Opinión, que tuvieron lugar entre los años 2003 a 2008 y después de haber oído las declaraciones de más de veinte testigos de varios movimientos sociales y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que entregaron una abundante documentación, el Tribunal concluyó que se trataba de crímenes de Estado.


El Jurado Internacional constituido por François Houtart de Bélgica: Presidente, Carmencita Karagdag de Filipinas, Ulrich Duchrow de Alemania, Patricia Dahl de Estados Unidos, Mierille Fanon-Mendéz de Francia, Moira Gracey de Canadá, Carlos Gaviria de Colombia y José Luis Nieto de España.


Los hechos y las exposiciones fueron reunidos por movimientos de victimas, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades afrodescendientes, indígenas, mujeres, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, minorías sexuales, organizaciones religiosas y organizaciones internacionales de solidaridad con Colombia y por la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de Colombia.

Los hechos que fundamentan la declaración


La documentación recibida comprende los siguientes documentos:


- Documento síntesis del Tribunal Permanente de los Pueblos.

- Ponencia sobre ejecuciones extrajudiciales.

- Informe del veredicto de la Audiencia indígena.

- Video de la Audiencia de Buenaventura sobre la población afrodescendiente.

- Video sobre la problemática minera en el Norte del Cauca.

- Video sobre desplazamiento de población afrodescendiente en Olaya Herrera.

- Informe sobre el Pacifico Colombiano: El caso Naya.

- La población afrodescendiente entre la guerra y el odio.

- Informe de la Coalición de Movimientos y organizaciones sociales sobre el Derecho y la libertad de expresión, opinión y asociación en Colombia.

-Veredicto del Tribunal del Sur de Bolívar.

- Video sobre el desalojo de familias en barrios de Bogotá, acompañado del informe de la situación de las victimas de los crímenes del sector financiero.

- Informe sobre Discriminación y/o indiferencia del estado presentado en el Senado de la Republica.

- Informe sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Arauca.

-Libro sobre Derechos Humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Colombia.
- Veredicto del Tribunal del desplazamiento forzado.

- Informe sobre la situación de violación de Derechos Humanos de Fensuagro-CUT.

- Video sobre los asesinatos y violaciones de Derechos Humanos en Buenaventura.

- Síntesis de actas de acusaciones de los diferentes Tribunales de Opinión que se realizaron en Colombia en los dos últimos años.

- Veredicto del Tribunal Internacional de Opinión sobre desplazamiento forzado en Colombia.
- Documento sobre la situación de las mujeres y anexos de los casos de mujeres en situación de desplazamiento forzado.

- Casos recientes de asesinatos, reclutamientos y desaparecidos en Ciudad Bolívar.

- Casos presentados en el Tribunal Internacional de Opinión sobre la desaparición forzosa.

- Casos presentados en el Tribunal Internacional de Opinión sobre el desplazamiento forzado.

- Videos de los Tribunales realizados hasta la fecha.


Los testimonios que se escucharon hicieron referencia sobre los siguientes aspectos:


- Los Derechos Humanos en Colombia, por el Senador Alexander López Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

- Las conclusiones y los retos futuros del Tribunal Permanente de los Pueblos por Gianni Tognoni.

- Situación de los pueblos indígenas en general y del pueblo Kankuamo en particular por Gilberto Arlant, de la Organización Nacional Indígena de Colombia.

- La generalización de las Ejecuciones Extrajudiciales y los mecanismos de impunidad por Byron Góngora Arango, de la Corporación Jurídica Libertad.

- Las políticas de desplazamiento, discriminación y represión de la población afrodescendiente por José Santos Caicedo Cabezas de Proceso de Comunidades Negras.

- Informe de la violación a los Derechos a la libertad de expresión, opinión y asociación por Omar Fernández, de la Coalición de Movimientos Sociales.

- Las violaciones de los Derechos Humanos en Bella Cruz- Sur del Cesar por Ariel Toscano y Darling Jhulieth Narváez.

- Las violaciones a los Derechos Humanos en el Sur de Bolívar por Efraín Muñetón.

- Los Viviendistas, victimas de los crímenes del sector financiero, por Juan Rodríguez de la Red de Colombianos Unidos por la Defensa de los Derechos Constitucionales.

- Las violaciones por identidad de género y violencia sexual por Robinson Sánchez.

- Detenciones masivas en Arauca, por Sonia López.

- El exterminio del movimiento campesino por Eberto Díaz de Fensuagro.

- Violaciones a los Derechos Humanos en Buenaventura por Winston Barahona.

- Exposición sobre los principales puntos reflejados en las actas de acusación de los Tribunales de opinión que se celebraron en Colombia en los dos últimos años por Lilia Solano, Coordinadora del Tribunal Internacional de Opinión.

- Informe sobre asesinato de sindicalistas por Amanda Rincón de la Federación Colombiana de Educadores y Diego Alonso Arias y Oscar Figueroa.


Se invito al Embajador de Colombia en Bruselas, Sr. Carlos Holmes Trujillo para ofrecer el punto de vista del Gobierno sobre la situación de los Derechos Humanos. A pesar de haber recibido la invitación y tener prevista su comparecencia para el martes día 16 a las 14h 30 no se presentó.


1. El contexto socio-político de la violación de los Derechos Humanos en Colombia

Desde la independencia, Colombia se ha caracterizado por una dualidad social: una monopolización de los poderes económicos, políticos, culturales por una minoría, esencialmente urbana y, del otro lado grandes masas rurales viviendo a un nivel de subsistencia. La injusticia social, imperante desde el periodo de la colonia, se profundizó durante el periodo neoliberal. Según el informe del PNUD del 2007, 17 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza y seis millones están en la indigencia teniendo que vivir con menos de un dólar por día y la distancia entre los más ricos y los más pobres va creciendo.


Colombia tiene uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina, siendo un país rico con un crecimiento anual del 7 %. La lógica neoliberal que promueve un crecimiento espectacular de más o menos 20 % de la población se aplica perfectamente al país. El 0.3 % de la población es propietaria de más de la mitad de las tierras agrícolas.


Desde el punto de vista político, dos partidos, el partido liberal y el partido conservador, reflejos de la burguesía y de la oligarquía, han dirigido el país desde el siglo XIX, en alternantes más o menos regulares, concluyendo a veces un pacto oficial para compartir el poder (periodo conocido como el Frente nacional). No han permitido nunca la expresión de una alternativa política. Cada vez que un líder político podría presentar la esperanza de un cambio real, la iniciativa se termino por un asesinato o una muerte violenta: Jorge Eliécer Gaitán, Camilo Torres, y más recientemente Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo.


Uno de los casos más contundentes de esta voluntad de impedir toda alternativa política es la eliminación física de más de 3000 cuadros de la Unión Patriótica, se ha hablado a este respecto de genocidio político.


La injusticia social, el monopolio del poder político, la imposibilidad de una alternativa real, explican entre otros factores, el nacimiento de movimientos insurgentes armados a principio de los años sesenta, después de la Guerra civil destacada entre liberales y conservadores por el asesinato de Gaitán, conocida como el periodo de la "violencia", que causó 300.000 muertos.


A partir de los años setenta, el desarrollo del narcotráfico como sistema que integra una gran parte de las estructuras sociales y económicas del país, se volvió en un componente de la realidad político-económica de Colombia. Se organizaron importantes carteles, y las ganancias del negocio penetraron el conjunto de la estructura económica, con el reciclaje de dinero en el sistema financiero, en la construcción y en casi en todos los sectores de la economía. Penetró también el sistema político y la sociedad entera: fuerzas armadas, parlamento, justicia, gobierno.


A lo largo de un conflicto de más de 40 años, los métodos de las organizaciones guerrilleras, se han degradado pasando por el cobro de impuestos al narcotráfico hasta las retenciones a civiles.


Desde los años sesenta, incluso antes de la aparición de las guerrillas, una misión militar de los Estados Unidos, obligó a los gobiernos colombianos a ampliar una estrategia paramilitar ya utilizada por los terratenientes, para combatir ideologías disidentes legalizando progresivamente su accionar, el cual tuvo mayor auge en las décadas de los 80s y de los 90s y se prolonga hasta hoy. Estos grupos paramilitares han crecido hasta controlar territorios enteros y han utilizado los métodos más condenables de represión de la población civil: masacres colectivas indiscriminadas y selectivas, desapariciones forzadas y torturas, desplazamientos forzados, violaciones sexuales a mujeres y apropiación de tierras colectivas a comunidades campesinas, negras e indígenas.


Desde el principio del conflicto armado la ayuda de los Estados Unidos ha ido creciendo, con el pretexto en esos últimos años de la lucha contra el narcotráfico, que toma el nombre a partir de 1998 de " Plan Colombia" y se transformó rápidamente en un plan de lucha contra la insurgencia. El "Plan patriota" y la consolidación del "Plan Colombia" persiguen los mismos objetivos, en un país de gran importancia geoestratégica para los intereses del imperio del Norte.


Con la elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, el conflicto se extendió a una franja importante de la sociedad civil a través de la política de la "Seguridad Democrática". El objetivo asumido de esta política es la solución militar del conflicto. Desde los primeros años, para llegar a esos objetivos, se utilizaron mecanismos y políticas que implicaban a la población civil en la guerra: redes de informantes, soldados campesinos, entre otros.


A partir del 2004 se emprendió una operación de desmovilización de los paramilitares, acompañada de varias medidas legislativas que de hecho revelaron ser una amnistía encubierta destinada a asegurar la impunidad de los paramilitares. La ley 975 del 25 de Julio de 2005, denominada de "Justicia y Paz", permitió a pesar de la anulación de varias disposiciones de la Corte Constitucional en 2006, que los principales jefes paramilitares escaparán a las sanciones incurridas por crimines de una particular gravedad. Este proceso de impunidad culminó el 13 de mayo de 2008, con la extradición de 14 de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que les permitió eludir su responsabilidad hacia las numerosas víctimas de sus crímenes.


La complicidad del aparato estatal civil y militar y con el paramilitarismo, negada por el gobierno, ha sido demostrada por la Justicia que investiga actualmente a decenas de parlamentarios de la bancada uribista, incluyendo al propio primo del Presidente de la República, por colaboración con los organismos paramilitares. Hoy en día 37 parlamentarios están en la cárcel. Entre las dos opciones posibles para el gobierno, negociar con la insurgencia y enfrentar el paramilitarismo o profundizar la Guerra contra la insurgencia y aliarse con los paramilitares, se escogió claramente la segunda.


Lo que aparece con evidencia, es un sistema político al servicio de las oligarquías de la sociedad y de los intereses económicos internacionales, utilizando formas e instituciones democráticas para, de hecho, funcionar de otra manera, desemboca sobre una lucha implacable contra los movimientos sociales populares y las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y en forma muy grave con el asesinato sistemáticos de líderes sindicales.


El ejemplo más reciente de esta política se puede comprobar con la posición del Presidente Uribe a propósito de la huelga de los obreros azucareros del Valle del Cauca, que luchan por mejorar sus pésimas condiciones de trabajo y por la defensa de la biodiversidad y de los cultivos alimentarios contra la expansión de la caña para los agrocumbustibles. Declaró el Presidente Uribe: " para sofocar la revuelta de los cortadores en el Valle, usen toda la fuerza posible, no escatimen en represión, si es preciso movilicen a todos los soldados de la patria". El gobierno actual se inscribe en la continuidad de este modelo, apoyado por las empresas multinacionales, incluidas las europeas, apoyadas militarmente por los Estados Unidos y ayudado y tolerado por las instituciones europeas.







1 comentarios:

Elecciones Colombia dijo...

Considero que para eliminar las violaciones contra los derechos humanos ó por lo menos reducirlas, debemos primero buscar un acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno, ya que estos dos son los que mas cometen estas violaciones contra el derechos humanos.

 
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