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martes, 23 de septiembre de 2008

2. Los testimonios


Entre los testigos, trece provenían de los sectores más vulnerables y más golpeados por la violencia de la sociedad política colombiana. Testificaron de los numerosos crímenes: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, masacres, torturas, desplazamientos forzados, arrestos y detenciones arbitrarias, y todo ello con una impunidad, prácticamente institucionalizada y literalmente inscrita dentro del sistema jurídico.


La ejecución y la negación de estos hechos es ya un crimen en si mismo. La ley de Justicia y Paz, ofrece la inmunidad a cambio de una confesión, de devolver los bienes ilegalmente adquiridos y la desmovilización, funciona de hecho como reforzamiento de la red de los paramilitares, estableciendo una apariencia de justicia. Como lo decía un testigo, "Cada vez que hacemos denuncias a entidades judiciales, las cosas empeoren". Otro decía "Ellos venían antes con botes y uniformes, ahora están en las oficinas públicas".


Recordamos que la practica de la utilización de paramilitares ya fue utilizada en la Europa del siglo XX, cuando gobiernos, como el de la Alemania nazi, con los Freikorps, de Italia fascista con las camisas negras y de Gran Bretaña con los Black y Tans, organizaron la colaboración de los ejércitos y de altos miembros del poder político con estos grupos. Actuaban para combatir todos los que acusaban de ser antipatrióticos o comunistas y también los obreros que se organizaban para garantizar sus derechos.


El proceso colombiano de impunidad esta funcionando desde el nivel nacional hasta el local. No hay investigaciones en los lugares donde las violaciones ocurren. Varios miembros de los movimientos sociales que recolectaron datos sobre los asesinatos, las desapariciones forzadas y los desplazamientos, afirmaron que ningún caso resulto en una condena, y que pocos fueron llevados a una corte de justicia.


Exmiembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado están presos por sus vínculos con los paramilitares y los narcotraficantes.


Según los testimonios, en Colombia las inversiones nacionales e internacionales se apoyan para su seguridad, sobre fuerzas paramilitares para asegurar sus intereses y para la expropiación de tierras. Un testigo nos comentó: "…sin la tierra no somos nada, no queremos ser esclavos en sector urbano por un suelo…"


La ausencia de reforma agraria que hace que 15 mil personas posean más de 49 millones de hectáreas cuando 1,5 millones de familias no poseen nada, todo esto también ha generado el desplazamientos de comunidades indígenas y afrodescendientes, así quedó confirmado.


Las comunidades indígenas y afrodescendientes son vulnerables por ocupar territorios ricos en términos de recursos, una riqueza que ha llegado, en las palabras de un testigo: "a ser una carga pesada y una maldición". El mismo añade "Nuestra tierra es la vida; nuestras vidas son la tierra."


Los pueblos indígenas continúan luchando por sus tierras. Cuando el presidente Uribe declaró que el racismo y la discriminación no existen en Colombia, líderes de las comunidades entregaron una propuesta al Senado sobre las prácticas discriminatorias. Repetidamente les fue rechazada. La lógica del gobierno fue que la propuesta no era necesaria, dado que no hay racismo ni discriminación. "A nosotros nos tratan de personas sin ningún valor. Así que nos pueden eliminar como les conviene."


En conformidad con la práctica histórica de otros grupos paramilitares, las fuerzas armadas de Colombia reciben entrenamiento en instituciones militares extranjeras, tales como Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, para difamar cualquier grupo que represente un desafío al control de las élites. Los que se organicen a propósitos de su situación son tildados como colaboradores o miembros de la guerrilla, lo cual supuestamente justifica las atrocidades cometidas en su contra. Repetidamente, son presentados como guerrilleros, y se les adjudican armas puestas por los mismos militares en sus cuerpos o cerca de ellos. Entonces se afirma que murieron en combate. Otras personas aunque no se organizan, presentan un desafío al orden establecido de otra manera y también los convierten en objetivo de las violaciones. Pequeños comerciantes y vendedores ambulantes son atacados o desaparecidos. Indigentes se ven obligados pagar cuotas para "protección". Las minorías sexuales como grupo son un blanco claro de amenazas y ataques.

Los maestros, vistos como una fuerza importante en Colombia, viven bajo represión y ejecuciones extrajudiciales. Paramilitares se acercan a administradores escolares y les prohíben apoyar cualquier resistencia. Los asesinatos de educadores hasta la fecha en este año 2008, ya exceden, los que sufrieron el año anterior. "Nos quieren romper la espalda a los maestros."


Arauca, un departamento con grandes depósitos de petróleo, ubicado en la frontera con Venezuela, ha vivido un rango completo de abusos. El 2007 vio el número más alta de violaciones de las últimas décadas. Se han aumentado las fumigaciones con el pretexto de erradicar la droga, aunque las comunidades propusieron erradicar la coca a mano a cambio de mejoras de infraestructura para que pudieran comercializar cultivos legales, pero el Estado lo negó. La militarización de la vida cotidiana se ha vuelto normal.


Reuniones de grupos estudiantiles, comunitarios, laborales, hasta de padres de familia, están interrumpidos por militares quienes toman fotos de los participantes. Las fuerzas públicas llevan a cabo programas escolares en que visten los niños en uniformes militares y les hacen "soldados" por un día. Familiares de líderes sociales están controlados y fichados y la información entregada a los servicios de inteligencia. Un ejemplo ofrecido a este Tribunal, fue sobre una fiesta social, interrumpida por la fuerza pública quienes preguntaron "¿Quienes son culpables?" – una referencia a la guerrilla. Capturaron a 93 personas, los esposaron y los llevaron al cartel de la XVIII Brigada. De este grupo, 43 fueron acusados de varios crímenes y de ser miembros de la guerrilla. Sufrieron prisión por 15 meses y luego fueron puestos en libertad. Como un testigo nos comentó "Es una cosa venir aquí para hablar de esto y otra cosa volver a Colombia a vivirlo. Volveré para oír de otro masacre."


Las victimas del sector financiero, denunciaron que Colombia es el único país del mundo, donde los créditos hipotecarios para vivienda se cobran con tasas de interés tan altas que provocan desde la ruina, hasta la desintegración y desplazamiento familiar y el suicidio masivo de sus usuarios.


A pesar de todo eso, las organizaciones sociales, sindicales y comunitarias siguen luchando para construir una vida digna. Los Derechos Humanos han llegado a significar el derecho a la vida, primero, y los derechos económicos a la alimentación y vivienda, salud y educación. En algunos lados de Colombia, también se lucha por otro derecho: el derecho de vivir sin las cadenas de un modo económico parasítico de producción. En las palabras de un testigo, "Sin la tierra no somos nada. No queremos ser esclavos en sector urbano por un sueldo."

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