LA EXTRADICIÓN DE LOS JEFES PARAMILITARES O "EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN"

En relación con la extradición a Usamérica de catorce (14) jefes de las anteriormente llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC)” realizadas el martes 13 de mayo de 2008 por el Gobierno Nacional y que se suma a la que semanas atrás había tenido lugar con otro jefe paramilitar, la Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayúu (SJW-FMW), expresión organizativa de víctimas y sobrevivientes Wayúu del paramilitarismo y de los crímenes de Estado, se permite poner en consideración de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1. Este hecho no hace otra cosa que poner de presente la falta de voluntad política que tiene el Gobierno Nacional para garantizarle plena y efectivamente a las víctimas y sobrevivientes del paramilitarismo sus derechos en primer lugar a la verdad y a la justicia, pero también a la reparación. En este sentido es claro que, por ejemplo, si estas víctimas y sobrevivientes no contaron en su momento con el más mínimo apoyo gubernamental para hacerse presentes en las “versiones libres” rendidas por los jefes paramilitares, mucho menos van a recibir asesoría y colaboración gubernamental para desplazarse hasta Usamérica e incluso su reconocimiento como parte de los procesos que se les seguirán a los jefes paramilitares no tendrá lugar.

2. Es una estratagema puesta en marcha por el Gobierno Nacional para procurar blindarse de las confesiones de los jefes paramilitares quienes, en todo caso a cuenta gotas y siempre como un arma de chantaje, no sólo han mencionado vínculos estrechos de altos funcionarios públicos con sus estructuras, sino, lo que es más delicado, han develado situaciones que permiten colegir que el paramilitarismo se creó y expandió como parte de una política de Estado. Desde esta perspectiva es legítimo pensar que con esta acción del Gobierno Nacional, realizada no sólo al amparo de la oscuridad y de la noche sino de espaldas al país, se quieren poner trabas a las investigaciones relacionadas con la “parapolítica” que actualmente están adelantando la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación y que, como es de conocimiento público, involucran directamente a funcionarios del círculo íntimo del Palacio de Nariño.

3. El argumento de que los jefes paramilitares continuaban delinquiendo desde sus centros de reclusión, pone al desnudo la profunda incapacidad que tiene el Gobierno Nacional y su institucionalidad, entre otra, su denominada política de “Seguridad Democrática”, para garantizar adecuadamente el control y el orden en algunas áreas del territorio nacional, en este caso en el reducido espacio de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.

4. Con esta acción se termina por ratificar aún más el estruendoso fracaso de la denominada “Ley de Justicia y Paz”, la cual no sobra recordar fue hecha a la medida de los intereses del Gobierno Nacional y sin contar con las víctimas y sobrevivientes, en razón a que se vio frustrada en el cumplimiento de sus pretendidos objetivos de búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación. En esa dirección, en la práctica, la mayoría del andamiaje institucional que se ha creado a su alrededor, en especial, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), quedan en entredicho, máxime si se tiene en cuenta que el cuestionado Decreto 1392 de 2008, “De reparación administrativa” es la oferta casi exclusiva que el Gobierno Nacional tiene para las víctimas.

5. Es una expresión clara que la agenda nacional se encuentra subordinada y supeditada a los intereses imperiales del gobierno de Usamérica para quien, entre otras cosas, la supuesta lucha contra el narcotráfico en ese país se encuentra en un nivel superior y es prioritario sobre el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad y de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Colombia por las bandas paramilitares.

6. Es bastante probable que los jefes paramilitares ante la disyuntiva de ser desvinculados de los beneficios de la llamada “Ley de Justicia y Paz” para ser juzgados por la justicia ordinaria en Colombia o, en su defecto, ser extraditados a Usamérica, prefieran esta segunda opción ya que con la justicia usamericana perfectamente podrían negociar sustanciales rebajas de penas y obtener otros beneficios jurídicos a cambio de información sobre rutas utilizadas para el narcotráfico, delaciones de socios, señalamiento de testaferros y entregas de bienes producto del “lavado de dólares”, por lo que no sería de extrañar que estos jefes paramilitares por su “colaboración” con la justicia usamericana terminen no sólo purgando condenas similares a las que obtendrían en el marco de la “Ley de Justicia y Paz” sino viviendo tranquilamente en Usamérica y resguardados de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

7. El que los jefes paramilitares, pese a su condición de reclusión, siguieran al frente de sus estructuras, viejas y remozadas, coordinando operaciones de las mismas que efectuaban las otrora conocidas como “Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, son una prueba que no sólo pone al descubierto que la pretendida “desmovilización” fue un sofisma de distracción sino que el paramilitarismo está más vivo que nunca.

8. Finalmente, esta decisión del Gobierno Nacional de extraditar a Usamérica a quince (15) jefes paramilitares de las “Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)” constituye una burla y una afrenta más a la memoria y dignidad de las víctimas y sobrevivientes del paramilitarismo quienes nos aprestamos a que nos canten, esta vez en inglés, “El baile de los que sobran”, ahora con un más fuerte sonido a impunidad.

Maiko (Wajiira), 13 de mayo de 2008.

SÜTSÜIN JIYEYU WAYÚU – FUERZA DE MUJERES WAYÚU (SJW-FMW)