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viernes, 24 de agosto de 2007

LAS TRES CARAS DE LA GUAJIRA

Por:
MOIR
En 2005, el departamento de La Guajira cumplió 40 años de existencia y es ahora uno de los más ricos del país en recursos naturales. Sus reservas probadas de carbón son de 3.670 millones de toneladas, que se exportan a través de Puerto Bolívar a donde llegan diariamente desde la mina de El Cerrejón, que es una de las de "cielo abierto" más grandes del mundo, cerca de 10 convoyes de 132 vagones de ferrocarril. En las inmediaciones de La Guajira se desarrollan las explotaciones de gas natural que proveen de ese combustible al 75% del país y su producción diaria puede llegar a 400 millones de pies cúbicos; además se exploran con buenas expectativas posibles yacimientos petrolíferos, "costa afuera", del denominado Bloque Tayrona, cerca de su circunscripción. Por su territorio se planea pasar el gasoducto binacional de Colombia y Venezuela y se sabe que en Manaure ha existido una explotación tradicional de sal que fue el mayor yacimiento de sal marítima de Colombia, la tercera salina marítima en el mundo y la más grande de Suramérica, reducida ahora por el abandono presupuestal.

La manía neoliberal ha hecho de las suyas en la explotación de estas riquezas. El agotamiento de los recursos se lleva a cabo en condiciones cada vez más favorables para las multinacionales y más ominosas para el interés nacional. El país conoció las denuncias, basadas en datos de la misma Contraloría General de la República, acerca de la inicua extensión del contrato de la explotación de gas en Chuchupa a favor de Chevron Texaco hasta 2016, desechando la reversión que estaba pactada para el año 2006 a favor de ECOPETROL. Se podrán extraer cerca de 1.000 gigapiés adicionales de gas con una inversión para la cual la Empresa Estatal tenía condiciones de solvencia. Y, así mismo, nadie explica cómo en una circunstancia previsible sin precedentes históricos de precios al alza se vendió en 2001 la participación oficial en El Cerrejón. Luego de cinco años de dicha operación, el valor de la tonelada se ha multiplicado por más de tres. Las ventas anuales superan el billón y un tercio de pesos, de los cuales apenas el 10% circula en la economía nacional. La Contraloría evaluó la insólita transacción y decidió abrir investigación a tres ex ministros determinantes de un negocio que se hizo por 383 millones de dólares cuando el precio fijado era de 435. Glencore, uno de los propietarios, vendió la parte adquirida ganando más de un 40% de lo que pagó.

La Guajira recibe menos de 130 millones de dólares de regalías anuales por tanto saqueo, medio millón de pesos por habitante, y esto explica otra cara del asunto: el resultado social de 520.000 guajiros de los cuales casi 200.000 pertenecen a comunidades Wayúu. Pese a tanta riqueza, casi ninguno de los indicadores, ni de calidad de vida, ni de acceso a servicios públicos, ni de analfabetismo, ni de cobertura en educación y salud, ni de pobreza ni de indigencia presenta resultados más positivos que los promedios de Colombia. El empleo es precario, muy ligado al comercio ilícito de mercancías por algunos puntos costeros, a la venta artesanal de gasolina venezolana, al turismo rústico y a la informalidad. Y aunque los voceros de las multinacionales presentan las regalías que entregan como suficientes y justifican la aberración social como fruto de la corrupción política, la verdad es que ésta comienza desde la confección de los propios contratos de explotación de los recursos. La Guajira es un enclave colonial.

En las últimas elecciones presidenciales, La Guajira mostró una tercera cara: fue allí, junto con Nariño, uno de los dos departamentos donde ganó la propuesta democrática y contra la desigualdad de Carlos Gaviria. "Nos gustó su planteamiento", dicen muchos. En la exposición de motivos de la Ley del Congreso, que conmemoraba los 40 años de fundación del Departamento, se hablaba de las condiciones sociales allí existentes que podrían "provocar" graves conflictos, hay una resistencia ciudadana que quiere poner las cosas al derecho. De aprobarse el TLC, el paraíso colonial de las multinacionales se extenderá por todo el país, fundado en una economía extractiva que canjeará recursos naturales por excedentes de mercancías agrícolas e industriales y el medio para obtenerlas serán las míseras regalías que justifican el latrocinio y que mantendrán su bajo monto en el tiempo merced a los capítulos del Tratado que consagran la "seguridad jurídica" para los inversionistas. Es de esperar que entonces en Colombia se haya regado por doquier la semilla de la rebeldía nacida en los estériles desiertos guajiros, a prueba de toda contingencia y ya veremos qué pasa.

Tomado de: http://www.moircolombia.org/?q=node/2000016969

VENEZUELA: ENTRE LA NORMATIVIDAD Y LA REALIDAD DE LOS REFUGIADOS

Por:
PROGRAMA PAÍS EN VENEZUELA

A pesar de los esfuerzos hechos en el plano normativo como lo son: la incorporación del Artículo 69 en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela mediante el cual se reconoce y garantiza el derecho al asilo y al refugio; la adopción de la Ley Orgánica sobre Refugiados y Asilados, LORA; y la instalación de la Comisión Nacional de Refugiados, hasta la fecha no se ha reflejado paralelamente alguna incidencia en la realidad de los solicitantes de asilo a través del estatus de refugiados.

De las más de 600 solicitudes sólo se han resuelto aproximadamente 38 casos en más de tres años, violentándose así el derecho a solicitar y recibir asilo, ya que ningún estado se puede amparar en la obligación de preparar su aparato para garantizar el derecho, precisamente para violarlo con una omisión de más de tres años, no sólo ante las solicitudes expresas del estatus, sino ante sus obligaciones para entregar documentos provisionales a los solicitantes. Circunstancia que eventualmente los protegería de deportaciones, peligro al cual están expuestos constantemente en la actualidad, y que de suceder consistiría en una violación directa al principio de no devolución.

Un segundo aspecto preocupante se relaciona con el respeto y garantía de los derechos humanos de los solicitantes de asilo en Venezuela, amparados por las obligaciones generales que tiene todo estado a la luz del artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del resto de los derechos en específico, y que ha sido ampliamente desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de décadas. En el caso que nos ocupa, la situación involucra el derecho a la personalidad jurídica por la negligencia del Estado para entregarles documentos idóneos para su debida identificación como solicitantes de refugio; el derecho a la circulación, ya que sin un documento idóneo no pueden desplazarse y alejarse de la frontera en donde corren mayor peligro, dada la cercanía con los actores de los que vienen huyendo; el derecho al trabajo, y a los otros derechos económicos, sociales y culturales, ya que sin una debida identificación, no pueden trabajar, educarse ni educar a sus hijos entre otros aspectos.

Existe un claro incumplimiento del derecho a buscar y recibir asilo por parte del estado venezolano, especialmente a las disposiciones reconocidas en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967, entre otras. Asimismo, se incumple con las disposiciones normativas consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos referentes a la implementación de medidas legislativas o de otro carácter para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos humanos, en tanto que, el cumplimiento “formal” de regulación e instalación de órganos no operativos, no constituye el respeto al goce y ejercicio de derechos. De hecho, en los actuales momentos imposibilita el real acceso de los solicitantes a un procedimiento y la obtención de respuesta debida y oportuna.

Asimismo, se observan discriminaciones en el trato, sean casos de solicitantes urbanos o rurales (fronterizos), en atención a la emisión de un documento “inadecuado”2 que se ofrece a los primeros para certificar su calidad de solicitantes de refugio. Dicho documento emitido desde antes de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional, no se corresponde con los elementos mínimos de derecho a ser incorporados en un documento “provisional”, según las disposiciones de garantía mínima de respeto a los derechos humanos y obligación para el otorgamiento de documentación, consagradas en la Convención Internacional de los Refugiados de 19513, y la Ley Orgánica sobre Refugiados y Asilados4. Todo lo cual, conlleva, para el goce y ejercicio de derechos de las personas víctimas de persecución, a la indefensión y flagrante violación a sus derechos humanos.

El derecho a buscar y recibir asilo no implica necesariamente la obtención de éste, pero sí supone que el Estado asilante permita al solicitante ser oído y recibir una respuesta justa con sujeción y respeto a las garantías mínimas del debido proceso. En este sentido se observan en relación con la actuación del estado venezolano las siguientes violaciones.

1. Negatoria de acceso al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado.

2. Falta de documentación adecuada que acredite la calidad de solicitante de refugio ante el Estado, por lo cual, los solicitantes son asumidos por el estado venezolano como migrantes ilegales, siendo objeto de detención o amedrentamiento, por parte de los funcionarios militares fronterizos.

3. Se vulnera el derecho a la personalidad jurídica, en tanto titularidad y ejercicio de derechos ante cualquier Estado o jurisdicción en condiciones de igualdad ante la ley y sin discriminación alguna, debido principalmente a la dificultad de movilización y presentación ante instancias nacionales del Estado para requerir la protección, especialmente, en zonas fronterizas.

4. Los solicitantes, especialmente, los que se encuentran en zona fronteriza, viven en constante riesgo a la seguridad e integridad personal, debido a la presencia de “actores armados” en la región.

5. Afectación en el goce y ejercicio de los DESC, limitando el acceso a los servicios básicos de salud, educación o trabajo que les permita acceder a una vida digna en igualdad de circunstancias a los habitantes del estado asilante.

Riesgo de detención y expulsión

Dentro del derecho a buscar y recibir asilo, el principio de no devolución permanece como el pilar fundamental del Derecho Internacional de Refugiados, en tanto garantía de protección a la vida e integridad de los refugiados. Sin embargo, en virtud de la falta de respuesta del Estado se está forzando a las personas a invisibilizarse como “migrantes ilegales” y en algunos casos a retornar a Colombia. Se han producido detenciones en puestos fronterizos requiriendo la presentación de documentos, ante cuya ausencia, se tilda a los solicitantes de ilegales, exigiéndoles regularizar su situación o volver a Colombia.

La clara ausencia de información o conocimiento del derecho al refugio y el tratamiento debido a las personas en esta situación, ofrece grandes riesgos de deportación y vulnera el derecho de no sanción por presencia ilegal en el territorio del país.

En el marco de un proceso denominado “regularización de extranjeros ilegales” mediante el cual se le viene otorgando cédula de identidad en condición de extranjero residente a miles de ciudadanos que se encontraban en situación de inmigrante ilegal, han sido cedulados algunos solicitantes de refugio. Si bien, dicha cedulación resuelve para algunos lo referente a recibir un documento adecuado de identidad, no resuelve el problema fundamental que es la admisibilidad formal como asilado. El refugiado, a quien bajo ese procedimiento se le da el documento de identidad, no queda formalmente protegido como refugiado en condición de solicitante de asilo y no sabe el Estado a ciencia cierta quienes son refugiados y quienes no.

Si bien es positivo que un estado adopte medidas para regularizar la situación de los extranjeros ilegales, ello no lo puede llevar a desatender sus obligaciones internaciones con aquellos extranjeros que se encuentran en el país en condición de refugiados, esperando que se les de respuesta a su solicitud de asilo.

Condiciones de vida de los solicitantes de refugio

Las condiciones de vida actuales de los solicitantes de refugio en Venezuela están marcadas por la incertidumbre y la sobrevivencia, denotándose diferencias según se trate de refugiados urbanos o residentes en zonas rurales fronterizas. En el primero de los casos, las necesidades más urgentes corresponden a la ayuda humanitaria financiera dado el poco margen de inserción laboral en la sociedad, con el contrapeso de contar con la cercanía de los órganos del poder público y la emisión de un documento, que aunque inadecuado, al menos ha servido para dejar constancia de la calidad de solicitante ante el estado venezolano.

Los márgenes de inserción laboral, escolar, y autosostenimiento se reducen al estar marcados por una mayor dificultad de producción económica. Aún en los casos de profesionalización del solicitante, éstos recurren frecuentemente a renglones de la economía informal. Estos márgenes en zonas como el Alto Apure varían también de acuerdo a factores como la inserción a la comunidad local de los solicitantes, la inscripción de los niños en los colegios de la zona y un acceso limitado a los servicios de salud, de por si precarios e insuficientes.

En el caso de los solicitantes residentes en zonas rurales fronterizas, representa una mayor necesidad la obtención de un documento que acredite su calidad de solicitantes, en virtud de la situación propia de inseguridad en la zona, el riesgo a ser considerados “migrantes ilegales” sometidos a deportación, aunado a la limitante de movilización en el país.

Igualmente el acceso a los órganos del poder público se ve seriamente limitado en la medida en que la mayoría de funcionarios del Estado, desconoce actualmente el contenido de la protección y deberes en materia de refugio, tarea esta que comienza a ser más visible ahora con la instalación y funcionamiento de la Comisión Nacional para los Refugiados, y el aporte en formación que el ACNUR y algunas ONGs están poniendo en marcha actualmente.

Las diferencias que se generan en cuanto a los derechos de los “solicitantes” y “refugiados reconocidos”, en virtud de vacíos de ley, tiene especial importancia en tanto pueden representar limitaciones con tendencias a la discriminación y desprotección generando imposibilidades reales de autosostenimiento. Es en este punto que se diluyen, temas como el de la seguridad nacional, militarización, restricción de la definición y contenidos de la protección mínima y tratamiento debido al solicitante y refugiado, tomando en consideración que las políticas migratorias actuales son centradas más en la limitación de ingreso y permanencia que en lo referente a la ampliación de criterios humanitarios, más allá de lo normativo.

Por último, el Memorando de Entendimiento, suscrito el pasado 23 de abril entre Venezuela y Colombia sobre el tratamiento de las personas “desplazadas” en territorio colombiano que llegan a la frontera venezolana, reconoce la necesidad de garantizar a dichas personas asistencia en condiciones de dignidad y seguridad, en el territorio de ambos países “de acuerdo con la legislación aplicable en cada uno de ellos, en armonía con la normativa internacional que regula estas situaciones”. Siendo en este sentido, destacable el compromiso de acudir y promover la cooperación con organismos internacionales como la ACNUR y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Sin embargo, el contenido expuesto en el documento se limita a establecer un procedimiento para el tratamiento de la “situación que se deriva de los desplazamientos”, referido exclusivamente al manejo de afluencias masivas y estableciendo a este respecto que se deberán desarrollar las gestiones y acciones necesarias para “facilitar el retorno voluntario de las personas desplazadas, en condiciones que garanticen su dignidad y seguridad”. Sin que se exponga mención alguna sobre el derecho de las personas a solicitar el reconocimiento del estatuto de refugiado y a permanecer en territorio venezolano.

Ante ello, este memorándum configura una amenaza contra los principios y derechos fundamentales de los refugiados reconocidos por el estado venezolano como los establecidos en la Convención de 1951, el Protocolo adicional a ésta del año 1967, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La aplicación de este Memorándum, sin las debidas garantías de información, acceso a las organizaciones de Derechos Humanos y el ACNUR, así como la verificación de voluntariedad de las personas que ingresen masivamente al territorio venezolano, limitaría el acceso a una solicitud formal de reconocimiento del estatuto de refugio, lo cual coloca a las personas que ingresen en afluencias masivas en situación de riesgo de deportación inminente bajo la figura de “repatriación voluntaria” a su país de origen, y de perder la vida o ser objeto de atentados contra su integridad.
En conclusión, es importante que las decisiones que se tomen con respecto a las solicitudes de declaratoria de la condición de refugiado se fundamenten en un estudio detallado de las circunstancias individuales de cada caso, y las causas reales que han originado la huida en el país de origen o residencia.

En tal sentido, las políticas públicas, la solidaridad y los compromisos de protección de los estados deben dirigirse al estudio de la ampliación de la definición de refugiado, el sentido de derecho subjetivo y no meramente discrecional de la institución, así como, la adopción de medidas legislativas o de otro carácter que hagan posible a los solicitantes el autosostenimiento y la oportunidad de reconstruir sus vidas en un ambiente digno, no como carga sino como aporte humano y cultural.

NOTAS:

1. Apartes del informe sobre refugiados formulado por el Programa País, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.
2. Este documento a sido denominado por el estado como “Boleta de Presentación”.
3. Artículo 27 de la Convención sobre el estatuto de los Refugiados de 1951.
4. Artículo 16 de la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas.

Tomado de: Arcanos No. 10. Corporación Nuevo Arco Iris. Bogotá, D.C.
http://www.nuevoarcoiris.org.co/local/internacional1003.htm

martes, 21 de agosto de 2007

PARAMILITARES CONTROLAN EL CONTRABANDO DE GASOLINA

Por:
MANUEL HERNÁNDEZ
noticias@lavedad.com

[Maicao/Domingo 19 de agosto de 2007]. El comercio ilegal de combustible es una práctica tradicional para los Wayúu que habitan en La Guajira (tanto venezolana como colombiana) y que representa una forma de ganarse la vida. La situación en los últimos años cambió y lejos de ser una forma de conseguir los ingresos básicos es el “gran negocio” que mantienen grupos paramilitares de Colombia.

“Es una gran industria que tienen” los grupos que transitan a través de la línea fronteriza entre ambas naciones sin ningún problema, ante la mirada complaciente de las Fuerzas Armadas Nacionales. Es la denuncia que hizo un abogado defensor de las comunidades Wayúu que en los últimos cuatro años se han visto afectados para la presencia de los paramilitares.

“Ellos controlan todo, lo que entra y lo que no entra. Muchos de los contrabandistas trabajan directamente con ellos y hay otros que no lo hacen porque simplemente es su tradición y su forma de vida pero igual tienen que pagar un peaje --bien sea con dinero o gasolina-- para que les dejen meter la mercancía a Colombia”, dijo a este rotativo el jurista al ser cuestionado sobre el grado de intervención que tienen los integrantes del grupo armado en el paso de los cerca de 20 mil litros de gasolina que de acuerdo con Hebert Chacón, alcalde del municipio Páez (vecino de Colombia, llegan de manera ilegal a diario.

Tales declaraciones las ofreció desde su casa ubicada a unas diez cuadras del centro de Maicao, la primera ciudad que se toca al atravesar la línea zuliana que colinda con Colombia, donde es tan común ver las llamadas mototaxi como la venta de gasolina venezolana de manera ilegal.

El abogado, quien presta asesoría a los Wayúu desplazados de sus tierras por ataques de paramilitares, denunció la situación y aseguró la presencia de los “paras” es cada vez más intensa. “Uno los ve en moto o caminando por toda la ciudad. Se les distingue por que visten ropa oscura, andan recorriendo las calles mirando todo con mucho cuidado y por encima se les ve que son cachacos --provenientes de la región capital-“.

En el negocio

Con sólo visitar el colorido y ruidoso centro de Maicao (ambientado generalmente con música vallenata), corazón de la actividad comercial de la zona, se puede conocer más a fondo la práctica del contrabando de combustibles venezolanos y su distribución en el vecino país.

Un equipo de La Verdad pasó la frontera y se trasladó hasta la zona para conocer de cerca la realidad sobre esta actividad y el paradero de gran parte de la gasolina venezolana.

“Aquí trabajamos de dos en dos, mi hermanito”, comentó un vendedor desde la Carrera 16, a escasas dos cuadras de la alcaldía de Maicao, en pleno centro de la ciudad. Estacionando el vehículo en ese punto se observan en casi todas las esquinas cercanas botellas plásticas de refresco, pero que en realidad contienen gasolina. Junto a los envases es común ver a al menos un vendedor con una manguera tratando de conquistar a algún comprador de combustible.

Los vendedores son bastante cuidadosos, saben con quién pueden conversar y qué pueden decir. Sin embargo, tras varios minutos de tertulia, “El Mocho” --como se apodó un distribuidor de combustible-- explicó gran parte de la metodología de trabajo. “Nosotros recibimos la mercancía todos los días. Quienes más nos traen gasolina son los choferes de las vías por puesto que vienen desde Maracaibo”.

Comentó además que otro tema en el que son bastante cuidadosos es en lo que se refiere a la clientela. Cada quien tiene sus compradores fijos y eso es bastante respetado. “Nadie le quita el cliente a nadie a menos que sea un día malo --con pocas ventas-- pero si algún vendedor hace eso lo más seguro es que termine peleando con el que siempre le vende”.

“Aquí no vendemos por litro, aquí te vendemos es por punto --que equivale a unos 18 a 20 litros--, y cuesta 18 mil pesos ó 19 mil 892 bolívares”. Así lo aseguró María Araujo, una distribuidora, que afirma que sólo lo hace por mantenerse y obtener un “dinerito extra”.

Este negocio resulta más próspero incluso que las ventas en las estaciones de servicio por la notable diferencia de precios (son inferiores en poco menos de 50 por ciento). El número de gasolineras de Maicao no llega a 10 y las ventas que reportan son notablemente inferiores que la de los expendedores ambulantes.

Por cupo

Quienes más se ven afectados por esta situación son los clientes venezolanos, especialmente en las zonas fronterizas, de los municipios Mara y Páez. Como medidas para frenar el paso ilegal de los carburantes a Colombia, el Ministerio de Energía y Petróleo diseñó una serie de medidas, que además de poco eficientes resultan problemas principalmente para los transportistas de La Guajira venezolana.

La más resaltante de esas decisiones fue el cambio de precios, pues el litro de gasolina de 95 octanos, que cuesta 90 bolívares en el mercado regular, en las zonas fronterizas se distribuye en poco más de 400 bolívares. A pesar del cambio, el contrabando sigue siendo negocio ya que el litro de carburante en Colombia tienen un precio que se acerca a los dos mil bolívares y que varía de acuerdo con la diferencia entre peso y bolívar --este último cayó a su mínimo nivel frente a la moneda neogranadina--.

Otra medida es la asignación de cupos para la venta: los choferes del transporte público sólo pueden comprar tres mil bolívares de gasolina (con los que se llena un tanque de combustible) y el transporte de carga está autorizado para adquirir cinco mil bolívares en gasolina. La otra restricción es el horario de venta, pues las gasolineras sólo trabajan desde las 8.00 de la mañana hasta las 6.00 de la tarde y no las 24 horas como en el resto del territorio nacional. Largas colas de vehículos --que deben esperar unas dos horas-- en las entradas de las bombas de gasolina es el producto de las limitaciones.

Choque de bandas

El abogado de los Wayúu desplazados hizo referencia a la planta Ayatawacoop, que recibe combustible venezolano de manos de 11 cooperativas en el marco del Programa Binacional de Comercialización de Combustibles del año 2005.

Esta planta fue atacada el pasado 14 de agosto de 2006 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que además de atribuirse el hecho por medio de su página de Internet, indicó que es una represalia a los paramilitares por dominar ese negocio. “Debe volver a las comunidades”, dijeron las FARC haciendo referencia al paso ilegal del carburante.

“Esa planta es una pantalla que tienen los paras. Todo eso se trata del contrabando de gasolina, eso es lo que se mueve allí”.

Desde Colombia

El Gobierno neogranadino anunció la semana pasada su intención de disponer una brigada móvil del ejército colombiano en a zona fronteriza con Venezuela.

La medida busca contrarrestar el accionar de diferentes grupos irregulares como las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), de poder más reducido.

La venta de gasolina fue oficializada por los presidentes Hugo Chávez Frías y Álvaro Uribe Vélez --de Venezuela y Colombia, respectivamente--, mediante un acuerdo firmado el 17 de diciembre de 2005 en Caracas.

En el Programa Binacional de Comercialización de Combustibles participan el Ministerio de Energía y Petróleo, PDVSA y sus pares neogranadinos: el Ministerio de Energía y Minas y ECOPETROL.

Tomado de: La Verdad. Maracaibo. 19 de agosto de 2007.
http://www.laverdad.com/detallenew.asp?idcat=3&idnot=60299

JORGE HENRÍQUEZ ASHANA, UN PALABRERO DE TALLA INTERNACIONAL

Por:
ERNESTO ACOSTA SOLANO

Redactor de El Informador - La Guajira

El abogado o palabrero Wayúu Jorge Henríquez Ashana, es considerado por los miembros de la etnia más numerosa de la península guajira como el conciliador mas prestigioso, por la inteligencia y el respeto que le imprime a su labor cuando es contratado por familias comprometidas en conflictos interclaniles.

Según lo relatado por este ilustre miembro de la etnia Wayúu en varias oportunidades le ha tocado viajar hasta la hermana republica de Venezuela con la finalidad de conciliar y se consiga la paz entre castas importantes de la región.

“Yo estoy preparado para arreglar conflictos en donde se hayan registrados muertes”, en estos términos se expresa el abogado Wayúu, Jorge Henríquez, quien tiene un gran respeto a sus amigos de profesión muy especialmente a su compadre Saracana, quien es otro de las personalidades más buscados por los indígenas para arreglar problemas que muy a menudo se presentan en este territorio, por muertes, hurtos de animales, ofensas o riñas.

Henríquez reside con sus familiares en la zona rural de Uribia y ha viajado a encuentros indigenistas en Europa, Venezuela y el interior del país.

En el año 1997 visitó a Francia y en el 2001 a Alemania, también ha participado en reuniones indigenistas en Puerto Ayacucho en Venezuela.

Otro de sus talentos es la ejecución de diversos instrumentos musicales pastoriles de los Wayúu, como el Sawawa, trompa, maíz y Kassha, los cuales fabrica en los ratos libres. “Nuestro trabajo de palabrero o abogado es reconocido en la guajira colombiana y venezolana es el caso que a nosotros no nos piden pasaporte para entrar a Venezuela, solo con ver el atuendo en las alcabalas nos abren las puertas”, en tal se expresa la autoridad tradicional Wayúu, quien luce un majestuoso Karras adornado con plumas de pavo real y gafas negras como señal de respeto y dignidad dentro de las familias mas prestigiosas de la gran nación Wayúu, una identidad que heredó de sus ancestros y que solo se pierde con la muerte.

A Jorge Henríquez cuando se le pregunta como hace para arreglar los problemas entre familias, responde tajantemente que la paz solo se consigue cuando hay pagos en especies, animales o con prendas, porque de otra manera no se logran los objetivos, anota que el ofendido debe solicitar pagos por lo menos para iniciar el dialogo entre palabreros de las familias en conflictos ya que las partes en problemas no se pueden ver, porque seria una ofensa a la palabra empeñada de los conciliadores y de ahí la importancia de los palabreros Wayúu.

La paz no se logra tan solo con diálogos, necesariamente debe haber pagos reiteradamente manifiesta Jorge Henríquez, quien reconoce el trabajo de los poquitos colegas que aun permanecen en la lucha, como Enrique Ipuana, Ángel Amaya y Saracana, quienes tienen bien claro el concepto de resarcir los daños causados es por intermedio del pago.
Dice además que su trabajo de palabrero o abogado es de mucha paciencia e inteligencia porque de el depende la culminación de una guerra con muchas perdidas humanas, terminó diciendo un palabrero de talla internacional.

Tomado de: http://www.el-informador.com/detgua.php?id=19316

EL DRAMA DEL ORGULLOSO PUEBLO WAYÚU

Por:
MARÍA TERESA RONDEROS

En los territorios desérticos del norte, en la península de la Guajira, donde Colombia y Venezuela se encuentran, vivió tranquilo y soberano el pueblo Wayúu desde muchos años antes que vinieran los españoles a América. Resistió la conquista de ellos y de los colonos criollos. Más recientemente, cuando la guerrilla comenzó a rondar sus tierras, también logró mantenerla a raya. Fue así hasta hace un lustro. Hombres altivos, mujeres bellas, matronas que definen el linaje familiar y hábiles artesanas de tejidos finos, la mayoría de sus 70 mil habitantes del lado colombiano (porque con los Wayúu venezolanos suman 300 mil) son pobres y honrados. Algunos de los jefes de clanes familiares eran ricos y contrabandistas de tradición.

Desde 2002, la historia Wayúu se partió en dos. Llegaron a la región los paramilitares, con el jactancioso nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bordado en sus uniformes. Ellos los humillaron, los engañaron, les quebraron el alma y se erigieron en los amos de sus territorios.

No era que los Wayúu fueran exactamente clanes pacíficos. No. Eran guerreros. Sus jefes vivían armados, se dedicaban a traer whisky y cigarrillos de contrabando y, más recientemente, unos cuantos estaban metidos en el negocio de la exportación de cocaína. A veces se desataban guerras entre algunos de sus 22 clanes que dejaban varios muertos. Pero no se rompían los códigos de la tradición: no se matan mujeres ni niños, no se matan ancianos, no se mata sin razón. Por eso La Guajira, desértica en la parte alta, verde en la media, con carbón de sobra (tiene la mina a cielo abierto más grande del mundo) y gas a montones, era uno de los departamentos colombianos donde menos sangre había corrido en este último medio siglo tan doloroso para este país.

Todo eso cambió. Primero llegaron unos pocos hombres del jefe paramilitar del vecino departamento del César, apodado Jorge 40, y mataron a dos policías aduaneros y al hijo de un jefe Wayúu de Maicao (otrora el centro del contrabando nacional). Era su anuncio de que llegaban para quedarse. Mario Cote, uno de los más escuchados jefes Wayúu, presintió lo que se les venía encima. Cote controlaba la mercancía que llegaba de los puertos y tenía acuerdos con los “turcos” de Maicao para sus negocios ilegales. Cuenta una pariente suya que reunió a los jefes de los clanes y les dijo: “No nos hemos dejado de nadie en 500 años, no nos vamos a dejar ahora”. Sellaron la unión, se armaron y salieron a combatir a los paras. Dicen que alcanzaron a matarles unos cuantos hombres.

No debieron siquiera imaginar las consecuencias de su provocación. Las AUC corrompieron a algunos Wayúu con camionetas y armas nuevas, a otros los enfrentaron. Aunque hay versiones contradictorias, se dice que para destruir el ánimo que les infundió Mario Cote, les tendieron una trampa. Jorge 40 invitó a Cote a un encuentro para negociar. Cote cargó 18 botellas de whisky y 100 millones de pesos en su camioneta, por si había trato, y salió a su cita en las tierras del jefe de las AUC. Lo encontraron días después maniatado de pies y manos, con un tiro de gracia en la cabeza. Le siguieron más muertes de otros jefes Wayúu rebeldes que no se habían querido someter al nuevo patrón: los que dirigían el contrabando y coordinadores de los pequeños puertos sobre el Caribe a donde llegaban los barcos contrabandistas. A otros los sacaron huyendo o los entregaron a la justicia. Con sus respetados jefes muertos, muchos Wayúu buscaron aliarse con los paras. Ningún pescador ni lanchero podía trabajar sin pagarles a las AUC alguna extorsión.

Entonces se desató el diablo. El 18 de abril de 2004 unos 200 paramilitares llegaron a la Alta Guajira, después de cuatro horas de atravesar el desierto. Irrumpieron en los pueblitos sobre el mar en la zona de Bahía Portete. Saquearon rancherías, asesinaron mujeres, quemaron niños vivos, decapitaron ancianos, se robaron las “tumas” o piedras sagradas de trueque, destruyeron la posta médica. Ni siquiera dejaron en paz a los espíritus, pues profanaron el cementerio. Al final de su pavoroso recorrido, quedaron 12 indígenas asesinados --entre ellos, Margarita Epinayú de 75 años--, 33 desaparecidos y más de 1.000 Wayúu forzados al exilio. Unos corrieron despavoridos hasta Maracaibo (Venezuela); otros, a los pueblos más grandes de La Guajira.

Por esos días las Wayúu vieron llorar a los hombres más rudos. Desde que se volvieron señores de esos desiertos, los paramilitares han cosechado enormes ganancias. El viejo contrabando de electrodomésticos y whisky se redujo a nada; el tráfico de drogas, en cambio, floreció. Se hicieron al negocio del contrabando de gasolina desde Venezuela, donde el combustible cuesta once veces menos que en Colombia. Se apoderaron del control de la cooperativa Wayúu que tenía permiso oficial para vender gasolina del lado colombiano a precios más baratos. Los más cautos calculan que ese comercio les produce 250 mil dólares diarios de utilidad.

Mantener el imperio de tan jugosos negocios cuesta sangre. Por eso las muertes no han cesado. Van 200 Wayúu asesinados en los cinco años de dominio paramilitar. Vino la desmovilización de los hombres de Jorge 40 en marzo de 2006. Pero los paras de allá arriba en La Guajira, que siempre respondieron a su mando, nunca se dejaron sus armas. El sanguinario comandante Pablo de las AUC --que “cuida” los puertos-- sigue ahí.

A pesar del miedo, los Wayúu están saliendo de su marasmo y empezando a hacer sentir su clamor. Mujeres valientes de la Alta y Media Guajira se han organizado para recuperar lo suyo, no con armas ni con guerras, sino atreviéndose a contarle al mundo lo que les pasa, exigiendo protección, denunciando. Que su pueblo no resiste más violencia, que los 320 refugiados en Maracaibo quieren volver y no pueden, que necesitan que las autoridades hagan lo suyo y destierren al demonio que anda suelto en sus arenas, para poder volver ser el pueblo autónomo y orgulloso que fueron por centurias.

18 de junio de 2007
Bogotá, Colombia

Tomado: http://www.us.terra.com/terramagazine/interna/0,,OI1693980-EI9841,00.html

viernes, 17 de agosto de 2007

LA RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES RECHAZA LAS AMENAZAS DE LAS “ÁGUILAS NEGRAS” A LA OFP Y A LIDEREZAS WAYÚU

"No callar ante el dolor o el sufrimiento producido
por la guerra, o por la violencia que se comete
contra las mujeres de cualquier parte del planeta,
así no aparezca en las estadísticas"
Bogotá, [10/08/2007]. La Ruta Pacífica de las Mujeres rechazamos las amenazas que ha recibido la Organización Femenina Popular por parte de las autonombradas “Águilas Negras”, y somos solidarias con las mujeres de esta organización que debido a su trabajo social han sido declaradas “objetivo militar”.

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Comunidad Internacional y a los distintos organismos nacionales de protección de Derechos Humanos, para que hagan un seguimiento a la conformación de “Las Águilas Negras” grupo de los cuales presuntamente hacen parte los “paramilitares” desmovilizados, y a la manera como este está intimidando a las organizaciones y personas que trabajan por los Derechos Humanos, la Resolución Pacifica de Conflictos y con la comunidad.

La Organización Femenina Popular ha abanderado campañas por la protección de los Derechos Humanos de la Mujer en Barrancabermeja y ha acompañado a las mujeres de esta región en la búsqueda de una vida digna tanto para ellas como para sus familias.

Igualmente, la Ruta Pacífica de las Mujeres nos solidarizamos con la Fuerza de Mujeres Wayúu, quienes también vienen siendo amenazadas por las “Águilas Negras” que operan en La Guajira. Varias liderezas y líderes Wayúu que participaron en el Encuentro de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales que se llevó a cabo en Bogotá, han sido amenazadas telefónicamente e interceptadas por hombres armados, señalándoles que abandonen de inmediato el trabajo organizativo que adelantan.

Exigimos al Gobierno Nacional y las autoridades pertinentes que le brinden seguridad a cada una de las personas que trabaja en estas organizaciones y en especial a aquellas mujeres que han sido amenazadas y están siendo agredidas en su integridad por desempeñar acciones sociales en procura de un mejor futuro para su pueblo.

Responsabilizamos al Estado colombiano en el caso de que estas amenazas se llegarán a cumplir.

¡Soy civil y estoy contra la guerra!

Tomado de:
http://www.actualidadcolombiana.org/archivo.shtml?x=2417


ONG´S LIDERADAS POR MUJERES DENUNCIAN AMENAZAS DE LAS DENOMINADAS "AGUILAS NEGRAS"

Fuente: Caracol 08/13/2007 - 12:06:00

La directora de la Ruta Pacífica de Mujeres en Bogotá, Marina Gallego denunció amenazas contra las organizaciones femeninas en distintas zonas del país, por parte de presuntos grupos paramilitares emergentes, que se denominan las "Águilas Negras".

Dijo que las líderes Wayúu en La Guajira, son un ejemplo de ello pues han sido presionadas por estas bandas emergentes luego de haber participado en el anterior Encuentro Nacional de Víctimas.

"Son varias las organizaciones que están bajo las amenazas de estos grupos, para las Wayúu estas amenazas son nuevas, en la Ruta Pacífica una mujer fue abordada por delincuentes que luego huyeron", agregó Gallego.

Yolanda Becerra directora de la Organización Femenina Popular dijo que las amenazas provienen directamente de los paramilitares que no se desmovilizaron.

"En las últimas semanas han llegado amenazas a los correos de diferentes organizaciones de Barrancabermeja como la Uso, la Asociación del Valle de Cimitarra, la Organización Femenina Popular entre otras", dijo Yolanda Becerra.

"Para nuestra organización así se pongan otros nombres eso es el paramilitarismo, nosotros hemos dicho que esas desmovilizaciones que se han hecho en las regiones no han desarticulado las estructuras militares de las autodefensas, y por lo tanto se ponen otros nombres pero son los mismos", aseguró Becerra.

Tomado de: http://www.caracol.com.co/noticias/466185.asp

lunes, 13 de agosto de 2007

New threats against SÜTSÜIN JIYEYU WAYÚU – WAYÚU WOMEN’S FORCE

The delegated women belonging to organizations, communities and rancherías that make up the 'Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Wayúu Women Force', urgently call for solidarity among all the indigenous peoples around the world, to Human Rights organizations, and to every actor interested in the defense and protection of indigenous peoples’ rights facing the recent threats to Wayuu leaders participating in the process of denunciations of crimes committed by paramilitaries still operating in La Guajira.

This call is specifically related to the deeds which occurred after twenty-four Wayuu leaders and the 'Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Wayúu Women Force' participated in the ‘First Convention of Victims Belonging to Social Organizations’ in Bogota (Colombia) between the 26th and the 28th of July, 2007.

DEEDS

At 11 pm, on Sunday the 29th of July, after having left the convention, LINEY CECILIA OSPINA BOSCÁN, leader of Cabildo Nouna of Campamento, received a call from a man with an inland accent who aggressively threatened her in reference to her participation in the ‘Convention of Victims Belonging to Social Organizations’.
On Monday the 30th of July, in the community of Weipiapa, a house inhabited by refugees of the higher San Jorge River was burned—possibly intended to ignite a larger fire. The conflagration was started by two known individuals who fled on a motorcycle in the direction of El Mingueo, a town within the municipality of Dibulla (La Guajira, Colombia). ARELIS BEATRIZ OJEDA JAYARIYU, a leader who participated in the mentioned convention as part of 'Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Wayúu Women Force,' has repeatedly denounced the refugees’ situation in this community and the fire might have been and act of retaliation.
Other alleged threats have been received by DERIS PAZ DAZA after her trip to Bogotá. She is a leader of a community near Maicao (La Guajira, Colombia) and an active part of the indigenous process. Additionally, she was the spokesperson of 'Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Wayúu Women Force' in the mentioned event.
These are part of a longer list of threats received by leaders of the organization. In particular, KARMEN RAMÍREZ BOSCÁN, who has played an important role in documenting and denouncing crimes committed by paramilitaries and other armed groups (mainly in Middle Guajira), has been repeatedly harassed.
As another example, LEONOR VILORIA, a leader close to 'Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Wayúu Women Force,' who has advanced the process of land recuperation in the community of Kueletamamo (between Riohacha and Santa Marta, Colombia), has received death threats in order to coerce her into abandoning the idea of organizing the community.
It is important to note that threats against Wayuu leaders participating in the process of the 'Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Wayúu Women Force' are not isolated events, as terrorizing has increased since the stifling of victims and survivors of crimes has become visible for national and international institutions. 'Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Wayúu Women Force' has come to know that the emergent criminal band known as ‘Aguilas Negras’ (Black Eagles) have black-listed several Wayuu leaders in order to carry out a ‘social cleansing’ meant to shut up the denouncements from victims and survivors.

Related to the reported deeds, we demand:

Immediate and negotiated actions to protect Wayuu communities, its leaders, and organizations affected by threats previously related.
Investigations conducted by the national government that could lead to the prosecution, arrest, and punishment of the intellectual and material authors of all threats and crimes against Wayuu communities, leaders, and organizations.

In addition, we encourage all Human Rights organizations and other national and international sectors to keep up their support in denouncing crimes in order to reinstitute victims’ and survivors’ dignity and to consolidate movements within our territory.

Woumain, Maikou, Wajira,
[Maicao (La Guajira)], August the 2nd, 2007

SÜTSÜIN JIYEYU WAYÚU –WAYÚU WOMEN FORCE
www.notiwayuu.blogspot.com

jueves, 9 de agosto de 2007

ESTADOUNIDENSES PRESENTAN EN COLOMBIA EL LIBRO "BAJO EL MANTO DEL CARBÓN"

[Bogotá, D.C. 8 de agosto de 2007. (EFE)]. Los investigadores estadounidenses Aviva Chomsky, Garry Leech y Steve Striffler presentaron hoy el libro "Bajo el manto del carbón", que trata sobre los pueblos indígenas del departamento colombiano de La Guajira, sede de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.

La obra se presentó durante el Segundo Diálogo Internacional sobre la Minería en Colombia y sus Conexiones Internacionales, que comenzó hoy en Riohacha (capital de La Guajira, norte).

La cita, que termina mañana, definirá una agenda conjunta de trabajo entre varias organizaciones no gubernamentales.

La historiadora Chomsky, hija del lingüista Noam Chomsky, dijo que el libro, que compila trabajos de colombianos, estadounidenses y europeos, busca "dar a conocer la forma en que las compañías mineras multinacionales dueñas de El Cerrejón devengan sus ganancias a expensas de los pueblos que habitan la región".

Agregó que la situación de estos pueblos "se ha mantenido oculta "bajo el manto del carbón" que muchos de nosotros en Norteamérica y Europa usamos para producir nuestra electricidad".

"Desde 1983, la operación y constante expansión de la mina El Cerrejón han generado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas Wayúu y afrocolombianas en la región", agregó.

En el foro se presentó también el vídeo "El Cerrejón y los derechos humanos", del cineasta norteamericano Don McConnell.

En las primeras sesiones del foro, el senador colombiano Jorge Enrique Robledo, de la coalición de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), dictó una conferencia en la que criticó a las multinacionales Drummond, Glencore-Xstrata, Angloamerican y BHP Billiton, que extraen carbón de minas de la costa caribeña colombiana.

Robledo aseguró que la explotación de los yacimientos de carbón causa daños al medioambiente y daños a la salud humana "ante la mirada indiferente del gobierno colombiano".

El congresista dijo también que los contratos con las multinacionales citadas son "leoninos y lesivos al interés nacional". EFE

gta/lnm

Tomado de:
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/35dinero/7195626.html

domingo, 5 de agosto de 2007

Tanta Sangre no puede quedar en la impunidad

Con el objetivo de permitir mayor visibilización a las víctimas del conflicto armado que vive nuestro país y en especial a las víctimas pertenecientes a las organizaciones sociales que han sido golpeadas durante décadas se realizó el Encuentro Nacional de Victimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales. El evento se efectuó durante los días 26, 27 y 28 de julio en la Plaza de Artesanos en Bogotá, al encuentro asistieron unas 2500 víctimas que llegaron a la capital de varias partes del país.

[…] No menos dramático fue el testimonio de una de las ancianas del pueblo indígena Wayúu, quien derrumbada por el desconsuelo tuvo que interrumpir su historia para darle rienda suelta al llanto que cubrió su rostro lánguido por la angustia de haber perdido lo que más quiso en la vida: su hija. En contraste al relato de la madre dolorida se pronuncio en tono rotundo María Deris Paz de la Fuerza de Mujeres Wayúu, quien expuso que pese a las amenazas de los paramilitares no se amedrentarán, ya que la unión les permite enfrentarse con los bárbaros paramilitares que asesinan gente inmisericordemente como si fueran animales.

Esta mujer dio muestras de mil batallas pero no de derrota, no venimos a mendigar nada del gobierno, ni de nadie, “lo que estamos exigiendo es que haya resultados, pero no resultados como los que ha habido hasta ahora: muertes atroces por parte de los paramilitares. Exigimos y demandamos del Estado y de los actores armados respeto y justicia; tanta sangre no puede quedar en la impunidad. De una cosa si estoy segura es que nuestra lucha no termina cuando maten a uno de nuestros hermanos o cuando me maten a mi, porque como mujeres y como pueblo Wayúu no damos nuestro brazo a torcer y le frentiamos al que sea, pero con la palabra y no con balas como hacen ellos” […]


Tomado de: ISMAEL PAREDES. El Estado colombiano viola los derechos humanos y es inoperante, dicen las víctimas. 31/07/2007.
Cfr: http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=5707

LAS VÍCTIMAS TIENEN LA PALABRA

A propósito del Encuentro Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales

[…] La líder indígena Karmen Ramírez Boscán del pueblo Wayúu declaró, que tras un arduo trabajo de organización de mujeres y víctimas del conflicto que azota su territorio, la situación de vulnerabilidad es cada día más elevada. Los criminales no les perdonan su entereza y valor a la hora de confrontar sus métodos bárbaros ni su firmeza para declararse comunidades en paz.

"La situación de las comunidades del pueblo Wayúu ha sido invisibilizada por el mismo Estado, por eso consideramos de suma importancia contar con estos espacios para levantar la voz, para decir una vez más que renunciamos de una vez por todas y para siempre al miedo. Muchos de nuestros compañeros han sido asesinados, y eso la opinión pública no lo conoce; más de doscientos indígenas de nuestro pueblo han sido desaparecidos o masacrados, muchos han tenido que desplazarse hacia Venezuela a falta de garantías".

La indígena denunció a la Fiscalía General de la Nación por haberlos expuesto en busca de establecer un proceso transparente de denuncia en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que en últimas solo ha servido para dejar a las víctimas Wayúu desprovistas de garantías y protección.

"Las mujeres estamos amenazadas, gran parte de mi familia también lo está y nos resistimos a vivir un día más en la violencia y en la impunidad. En días pasados llegó a Maicao ( La Guajira) un carro con individuos fuertemente armados. Se estacionaron frente a una ranchería y delante de todo el mundo asesinaron a nos muchachos. El fin era intimidarnos y así silenciarnos".

El pueblo Wayúu no se rinde ni se deja vencer por el miedo o las dificultades, asegura esta líder y por eso dice que están dispuestos a seguir hasta el final hasta que se reconozcan los derechos de las víctimas y sobrevivientes Wayúu, se respeten sus normas jurídicas tal y como lo establecieron en días pasados en la Declaración de Maikou, y se les repare conforme a sus propias leyes.

"No nos detendrán, vamos a seguir adelante para encontrar a todos nuestros desaparecidos y no vamos a seguir sufriendo en el silencio y en el miedo" […].

Bogotá, D.C., julio 27 de 2007

Tomado de: http://www.viva.org.co/

Colombia: dirigentes indígenas wayuu se encuentran amenazadas de muerte por los paramilitares

Los wayuu son una población indígena que vive en un territorio actualmente bajo la soberanía de Colombia y, en parte, de Venezuela. Pese a la retórica del gobierno colombiano, que afirma que los paramilitares y grupos afines ya no operan en esa zona del país, lo cierto es que siguen sus actividades. Y es que los paramilitares sólo han cambiado de nombre. Ahora se hacen llamar "Águilas Negras", que mantienen una estructura muy similar a lo que antes era conocido como el "Frente Contra-insurgencia Wayuu", y siguen controlando la economía de la zona, tanto legal como ilegal.


Escucha la crónica desde Bogotá de Fabiola Calvo.

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En 2004, los 'paras' masacraron a doce indígenas Wayúu

ALGUNA VEZ EXISTIÓ PORTETE
Por:
JAIME DE LA HOZ SIMANCA
Según el censo de miembros de la etnia que estudian en la Universidad del Zulia, en Venezuela viven refugiadas más de 600 personas que habitaban Bahía Portete, en el desierto de La Guajira
Ana Epinayu limpia sus lágrimas cuando recuerda el momento en que a su sobrina Margoth Ballesteros Epiayu, después de asesinarla a tiros, la sentaron en una silla de mimbre y la decapitaron de un tajo. Y sólo le queda un último aliento para completar la descripción de la macabra escena: la cabeza sangrante fue tomada por los cabellos y puesta en lo alto de un cactus sembrado frente a la enrramada de su casa. Fue la última acción de un día de horror que comenzó a las once de la mañana del domingo 18 de abril de 2004 y se prolongó más allá del medio día. Semanas después comenzó el éxodo de centenares de indígenas de la etnia Wayúu.
Ana, sobreviviente de aquella masacre en la que el número de muertos llegó a doce, fue una de las primeras personas que abandonó Portete, el lugar donde nació hace más de sesenta años. Regresó a los seis meses y encontró un pueblo desolado, habitado apenas por un puñado de valientes mujeres que, en medio del dolor, trataban de olvidar el espantoso día.
Dice que se le acabó la alegría, que no ha vuelto a sonreír y que desde hace cuatro meses no ha visto en su casa a nadie distinto que a su hijo Daniel Epinayu, y a Doris Arends y Joisith Sánchez, las maestras de una escuela en ruinas en la que todos los días se reúnen los pocos niños que aún quedan.
También afirma que le duele cuando algunos miembros de su clan todavía le reclaman que esté viva. Ellos piensan que, de alguna manera, Ana fue cómplice de un grupo de paramilitares que llegaron a Portete en varios vehículos, vestidos con camuflados del ejército, con la intención de exterminarlos a todos y apoderarse del puerto natural por donde empezaban a exportar cocaína y recibir el contrabando de mercancías que llegaba de Panamá, Curazao y Bahamas.
"Mataron a Rosa Uriana y a Rubén Epinayuu delante de todos. Las jovencitas que no pudieron esconderse aparecieron violadas, pero de Reina Fince Pushaina y Diva Fince Epinayuu no se supo nunca nada. Se llevaron a muchos que tampoco han vuelto. Yo volví para morir en mi pueblo, aunque hubiera preferido que me atravesaran cuando pusieron la bayoneta en mi pecho", explica.
Cuatro 'paras' la tiraron junto al telar multicolor que acababa de tejer y comenzaron a indagarle por sus familiares. Preguntaron por los hombres, interrogaron por el lugar donde habían ido a esconderse las mujeres y amenazaron con matarla, al igual que a los niños. Ella evitó pronunciar palabra. Sólo abrió sus ojos asombrados al ver los otros ojos muertos que parecían mirarla desde la punta del cactus; y los desorbitó más al observar, a pocos metros de distancia, el cadáver de Diva Fince, a quien había designado para que le cerrara los ojos cuando la sorprendiera la muerte en la última etapa de su vejez. Pero la muerte sorprendió primero a Diva aquel domingo sangriento cruzado por machetes, balas y motosierras.
Ana Epinayu nunca había visto asesinada a una mujer de su etnia. La feminidad, en la cultura Wayúu, representa un símbolo sagrado, una especie de culto y veneración que la pone a salvo de los conflictos que en ocasiones han medido la dimensión de la sangre entre diversos clanes enfrentados a muerte. Por eso dice que le duele aquí en el alma, junto al corazón. Porque los 'paras' masacraron también a Gintüi Epinayu, Diva, Reina, Margoth, Rosa, Diana y Margarita. Ha sido, según Ana, una de las mayores afrentas para los Wayúu, a lo largo de su historia.
Por eso, Daniel Epinayu, hijo de Ana, prefiere contestar con monosílabos y repetir, en un español apenas inteligible, que ya todo pasó, que ojalá vuelvan los suyos, los que se fueron a Maracaibo. Él es otro de los sobrevivientes de la masacre y siente pena por ello: baja la cabeza y aprieta las manos contra sus rodillas. Aida, palabrera de la etnia y quien hizo las veces de traductora del wayuunaiki al español en el diálogo con Ana, afirma que los hombres de Portete, en el lugar donde se encuentren, aún se sienten avergonzados por no poder evitar la tragedia. Es una impotencia que Daniel refleja ahora, poco antes de terminar la visita que cada semana cumple a su madre como si se tratara de un ritual de vida.
¿DÓNDE ESTÁ PORTETE?
Las pocas casas que quedan en Portete están desperdigadas en el desierto, al final de varios senderos que, vistos desde arriba, conforman un minúsculo laberinto. Son rancherías centenarias, de arquitectura simple, que aparecen de pronto cuando el camino se abre como un playón inhóspito y árido, atravesado por silbidos nocturnos y olea-das de viento y polvo.

A golpe de vista, aparecen los rectángulos de bahareque y barro apelmazado que antes de la matanza estuvieron reforzados con varas de yotojoro. Los techos resquebrajados en forma de pirámides ya no amortiguan los rayos del sol ni las gotas de una escasa lluvia que cae desde el comienzo de los siglos. Casi al final se ve una enrramada que fue, hace menos de un lustro, punto de encuentros y desencuentros, sitio de esparcimiento y lugar de fiestas y sueños de visitantes.

Las rancherías fueron las viviendas de una parte de esta etnia Wayúu de antiguas raíces culturales, pero abandonadas hoy y remecidas desde sus cimientos por el viento que sopla del norte y sobrevuela los promontorios de sal antes de morir en el mar. Están solas: otras aparecen al lado de pequeños cauces de lagunas sin agua, con puertas deformadas y sostenidas apenas con troncos leñosos carcomidos por los años. Portete ya no existe. Antes del 18 de abril de 2004 era un pueblo de más de setecientos habitantes que, junto a Puerto Nuevo y Guarrao, formaba parte de Bahía Portete, corregimiento perteneciente al municipio de Uribia. Ahora es la sombra de una aldea de rancherías deshabitadas que poco a poco se desmoronan en medio de un silencio largo. Dicen que todavía habitan medio centenar de mujeres y decenas de niños en las chozas que están cerca de lo que antes fue un puerto de entradas y salidas. Dicen también que están ahí, pero que tienen miedo, incluso, de los camuflados amarillos del desierto que viven en casuchas militares instaladas después de la masacre. Y dicen, además, que se esconden del 'comandante Pablo', un paramilitar al servicio de 'Jorge 40' que se mueve por los lados de la serranía de Jarara.

Estos niños de ojos rasgados que avanzan a lomo de mula y miran con desconfianza, podrán comprender, cuando la razón les asista, el misterio de los huesos desenterrados de los difuntos en su segundo velorio, o el llanto de madres y esposas abrazadas un domingo cualquiera al suplicio de las cruces de barro que se yerguen sobre los restos de los hijos y maridos asesinados en la incursión paramilitar.
EL 'COMANDANTE PABLO'
Ana afirma que ella volvió por lo que ya dijo, pero también por las promesas del Gobierno. Entonces recuerda que en mitad del dolor colectivo, meses después de la tragedia en su etnia, el vicepresidente Francisco Santos estuvo en Riohacha y posteriormente se trasladó a la Alta Guajira para hacer promesas que aún no se cumplen.
"Él quiso que bailáramos la yonna dizque para alejar los malos espíritus, pero nosotros estábamos de luto. Trajeron indígenas de otras partes para mostrar que lo que había pasado aquí no era grave", anota.
Doris y Joisith revelan su asombro al escuchar el tamaño de las confesiones. Hace algunos meses llegaron de quién sabe dónde para reiniciar las clases con los párvulos que aparecen puntuales, todas las tardes, en una improvisada choza de indígenas que abandonaron el pueblo para siempre después de sobrevivir a la masacre. Ahora, las dos maestras, marchan para dictar las clases del día; Daniel, por su parte, se ha ido con su vergüenza marchita; Ana trata de espantar, frente al telar de colores vivos, los amargos recuerdos revividos hace poco durante más de dos horas. Y Portete sigue diluyéndose, desapareciendo en medio del sol y las areniscas doradas del desierto, mientras allá arriba, en Jarara —advierte Aida—, tal vez el 'comandante Pablo' esté planeando otra masacre junto a sus 'Águilas Negras'.

AIDA, LA PALABRERA
Los palabreros son una institución sagrada entre los Wayúu. Según la leyenda, el primero fue Utta, ave mítica de plumaje ocre y pico recto que dictó las primeras leyes que garantizaron el orden y la convivencia entre clanes conformados en espiral y unidos por lazos genealógicos. Luego surgieron los de carne y hueso, con la virtud de un verbo tranquilo que se disemina en el desierto de dunas y árboles secos; sin picos ni plumajes, asistidos por el ángel de la palabra que se encadena y expande al vaivén de argumentos convincentes.
Aida Cuaq Iguarán es una de las pocas palabreras que quedan en la etnia. Su vida transcurre entre la Alta Guajira y la ciudad de Riohacha, facilitando las reparaciones de las ofensas y brindando su apoyo mediante el poder de la palabra. Habla wayuunaiki, lengua nativa, y español. Dos preguntas fueron suficientes para que rindiera honores a su oficio:
¿Cómo explica esto?
- Casi todo lo he dicho con mi llanto. Con estas palabras quiero rendir un homenaje a la memoria de las mujeres de mi etnia, cuyos nombres ya se conocen. También a los hombres 'picados' y baleados sin misericordia: Rubén Epinayu, Nicolás Barros Ballesteros, Arturo Epiayu, Alberto y Robert Everts Fince. Dicen que otros se fueron a Maracaibo, pero creo que están desaparecidos. En Portete murieron niños, ancianos y mujeres. En una sola fosa, hacia Sukaramana, encontraron 16 cadáveres después de la masacre y no entiendo cómo el Estado nos ha ignorado en estos eventos de Justicia y Paz.
¿Y en cuánto al impacto?
-Me llevé a Riohacha a una ahijada que sobrevivió a la masacre. Lo vio todo y todavía está traumatizada. Sólo habla con mujeres porque le tiene pánico a los hombres, especialmente a los de tez blanca. Nunca en la etnia Wayúu había sucedido semejante barbarie, pues siempre se evitó el conflicto a través del diálogo y las indemnizaciones por la falta cometida. Nos quieren acabar.

¿QUIÉNES FUERON?

Según algunos miembros representativos de la etnia Wayúu, todo comenzó cuando a José María Ipuana se le metieron en el cuerpo los malos espíritus. Ipuana es el mismo José María Epinayu, conocido como 'Chema Bala' y quien aparece en su cédula venezolana con el nombre de José María Barros. Él quedó con el control de uno de los pocos muelles de Bahía Portete después de que su mamá lo designara como administrador.
La muerte de dos de sus primos fue abriendo unas viejas heridas que nunca terminaron de cicatrizar. Cuando le 'mandaron la palabra' —acto ceremonial para iniciar el proceso de reparación— 'Chema' aceptó los crímenes y pagó por ellos. El mal estaba hecho. Así, los conflictos continuaron hasta que 'Chema Bala' estableció alianza con los hombres del Bloque Norte de 'Jorge 40'.

Poco a poco el paramilitarismo se fue extendiendo por la península de La Guajira, cubriendo zonas y alargando sus tentáculos. En un momento, pisaron las tierras resquebrajadas y secas del desierto. Primero fueron tres muertes selectivas en Puerto Nuevo, a principios de 2004. En abril del mismo año se produjo la masacre y el desalojo en Portete. Y el 16 de mayo del mismo año mataron en la ranchería Halapalichi a Amable Epinayuu, anciano de 82 años y uno de los últimos testigos de la masacre del 18 de abril.
Mientras 'Chema Bala' era detenido y trasladado a Bogotá el 10 de octubre de 2004, los 'paras' del Bloque Norte terminaban de copar la región desértica de la península después de asegurar el control en el sur de La Guajira; Maicao y Carraipía, donde también asesinaron a placer para controlar el negocio del contrabando de gasolina.Las recientes desmovilizaciones, según Aida Cuaq, no han traído la quietud. Entonces repite el refrán de moda: "se fueron las abejas de los paracos, pero llegaron las águilas, que vuelan más alto". Una en especial es temida en estos momentos por la fama negra que la envuelve: el 'comandante Pablo', quien tal vez en este instante descansa en Poropo antes de llegar con sus hombres a la serranía de Jarara.

Tomado de: http://www.elheraldo.com.co/revistas/reportaje/actual/noti2.htm

sábado, 4 de agosto de 2007

A voice for union and indigenous leaders in Colombia

9 July 2007


International Alert and its partner Indepaz convened a meeting of union, indigenous and environmental leaders to discuss the issue of natural resource extraction and its effects on Colombia’s development.


The meeting, held together with experts and academics on 14th June in Colombia, was prompted by the Colombia 2019 National Development Plan and the fact that natural resource extraction is a key component of the current Colombian government’s strategy for economic development.


Alert contributed by sharing its experiences in working with multinational companies in Colombia and elsewhere in relation to human rights, transparency, conflict and impact assessment. Alert’s partner, Indepaz, presented its analysis of the current national development plan and its potential interaction with the Colombian armed conflict.


Representatives from the Wayuu and Uwa indigenous communities talked of the very distinct difficulties they have faced in their interactions with multinational and state-owned mining and oil companies. The Wayuu live in the lowlands near the border with Venezuela and have long lived an ambulatory lifestyle that has been limited by mining operations while the Uwa live in the mountains in self-isolation and fear that oil drilling will destroy their entire culture.


Also speaking at the meeting, the state oil workers union, USO, expressed their concerns about the over-generous concessions made by the government to multinational oil companies with questionable labour, human rights and environmental records.


Alert has long worked with members of the Colombian peace and human rights communities and has more recently engaged the extractive sector on its Conflict Sensitive Business Practice project with partners such as Indepaz and Fundacion Ideas para la Paz to build bridges between the private sector and other sectors of Colombian society. This is extremely difficult work given the ongoing armed conflict and political polarisation.

viernes, 3 de agosto de 2007

Carta de Solidaridad el partido Verde de Italia




NUEVAS AMENAZAS CONTRA LA SÜTSÜIN JIYEYU WAYÚU – FUERZA DE MUJERES WAYÚU

Las mujeres delegadas de organizaciones, comunidades y rancherías, que hacen parte de la 'Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayúu', hacemos un llamado urgente de solidaridad a los pueblos indígenas del mundo, a las organizaciones de derechos humanos y, en general, a todos los actores interesados en la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas, frente a los recientes hechos de amenazas directas proferidas contra lideres y liderezas de comunidades del pueblo Wayúu, quienes adelantan un proceso de denuncia en contra de acciones perpetradas por grupos armados al margen de la ley, particularmente paramilitares, tanto los de ayer como los que ahora se hacen llamar 'Águilas Negras' y que continúan operando en La Guajira.

Este llamado lo hacemos con fundamento en los siguientes hechos, desencadenados a raíz de la participación de una delegación de veinticuatro (24) indígenas del pueblo Wayúu y de la 'Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayúu', en el 'Primer Encuentro de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales', realizado en Bogotá, D.C., del 26 al 28 de julio de 2007.
HECHOS

1. El día domingo 29 de julio de 2007 LINEY CECILIA OSPINA BOSCÁN , lidereza del Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento, la misma noche que regresaba de Bogotá, después de su participación en el 'Encuentro Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales'. recibió telefónicamente una amenaza hacia las 11:00 P.M. Sobre el particular, un hombre con marcado acento cachaco y en todo agresivo le profirió, refiriéndose a su participación en el encuentro, una amenaza contra su integridad personal, advirtiéndole que sabia de sus movimientos en Bogotá y sobre las personas que estaban detrás de todo el proceso.

2. El día lunes 30 de julio del 2007, en la comunidad Wayúu de Wepiapaa, una de las viviendas que habitan desplazados Wayúu del Alto San Jorge, fue incendiada posiblemente con la finalidad de extender una conflagración que acabara con todas las viviendas de la comunidad. Este hecho criminal fue realizado por dos sujetos armados y sin identificar quienes huyeron en una moto con rumbo al corregimiento de Mingueo (Dibulla). De esta comunidad es originaria la lidereza ARELIS BEATRIZ OJEDA JAYARIYU, quien participo también en el 'Encuentro Nacional de Victimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales' y quien como parte activa del proceso de Sütsüin Jiyeyu Wayúu – Fuerza de Mujeres Wayúu ha venido denunciando la crítica situación de las familias Wayúu desplazadas en Wepiapaa.

3. Otras amenazas realizadas de manera soterrada acudiendo a extraños rumores y comentarios, han sido recibidas repetidas veces, desde su llegada de Bogotá, por DERIS PAZ DAZA, lidereza de una de las rancherías de Maicao y parte del proceso organizativo, quien habló duro y claro en el 'Encuentro Nacional de Victimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales' a nombre de la delegación del pueblo Wayúu. Los rumores que ha alcanzado a escuchar refieren que no debió haber viajado a Bogotá y la previenen sobre quedarse quieta frente a las acciones que se están llevando a cabo.

4. Las anteriores amenazas se suman las que desde hace varias semanas le han venido haciendo a KARMEN RAMÍREZ BOSCÁN, quien viene desempeñando un papel destacado en el proceso de documentación de casos y de visibilización de los crímenes cometidos contra los paramilitares y otros actores armados en contra de diversas comunidades del pueblo Wayúu, especialmente de la Media Guajira.

5. En otro contexto diferente, LEONOR VILORIA otra de las lideres que han venido cercanas al proceso y quien específicamente adelanta acciones de recuperación de tierras en la comunidad de Kauletamano, sobre la Troncal del Caribe en la vía que de Riohacha conduce a Santa Marta, desde el día sábado 28 de julio de 2007 ha sentido más directamente y más fuertes las amenazas contra su vida. En esta ocasión personalmente varios hombres armados le advirtieron que abandonara de inmediato el trabajo organizativo que adelanta.

6. Cabe anotar que estos hechos contra las liderezas Wayúu no son aislados y se han venido incrementando en los últimos días, sobre todo a partir de la visibilización nacional e internacional que han venido teniendo las demandas y propuestas de las víctimas y sobrevivientes Wayúu. Incluso se conoce que, desde mediados de abril de 2007, las 'Águilas Negras' tienen una lista en la cual figuran varias liderezas y líderes Wayúu, con órdenes de llevar a cabo una 'operación limpieza' de 'sapos', todo ello con el propósito de amedrentar las voces de las víctimas y sobrevivientes Wayúu.

Ante los preocupantes hechos anteriormente expuestos, solicitamos lo siguiente:

1. El Gobierno Nacional debe garantizar acciones inmediatas, oportunas, adecuadas y concertadas con las comunidades del pueblo Wayúu concernidas, para determinar el tipo y alcances de la protección y seguridad que se le debe brindar a cada una de las liderezas y líderes Wayúu que han recibido amenazas serias contra sus vidas, así como a las comunidades y organizaciones de las cuales hacen parte.

2. El Gobierno Nacional se debe comprometer efectivamente, a través de las instituciones pertinentes, a adelantar en forma ágil y transparente todas las investigaciones que se requieran tanto para hallar a los responsables de las amenazas, como sobre los responsables materiales e intelectuales de todos los crímenes que se han cometido contra comunidades del pueblo Wayúu y que se han venido denunciando.

3. A las organizaciones de derechos humanos y a la opinión pública nacional e internacional, les hacemos un llamado fraternal para que no nos dejen solas en este proceso de consolidación de un movimiento de víctimas y sobrevivientes Wayúu y para que nos blinden con su acompañamiento permanente en el territorio.

Woumain, Maikou, Wajira,
[Maicao (La Guajira)], 2 de agosto de 2007

SÜTSÜIN JIYEYU WAYÚU – FUERZA DE MUJERES WAYÚU

 
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