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viernes, 14 de diciembre de 2007

POSICIÓN DE LA ONIC FRENTE AL PLAN NACIONAL EN DERECHOS HUMANOS

El contar hoy la Declaración de Los Derechos de los Pueblos Indígenas es un logro, fruto de un proceso que fue concertado desde hace 20 años, entrelas diversas organizaciones y pueblos indígenas del mundo, conrepresentantes de diversos países.

Los mayores iniciadores de este proceso hoy ya están muertos. Por eso en el seno de los pueblos indígenas hoy subyace la declaración Universal delos derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, como un mandatopara hacerlo visible y de absoluto cumplimiento.

En este sentido, el gobierno de Colombia participó en las discusiones con otros gobiernos del mundo manifestando en ese entonces, el estar deacuerdo con dicha declaración y ahora nos encontramos de cara a ungobierno que rechaza la declaración de los pueblos indígenas.

Nuestro Plan en materia de Derechos Humanos es la exigencia y el acatamiento inmediato de la Declaración Universal de los Derechos de Lospueblos Indígenas de Naciones Unidas, "ese es nuestro plan de acción"sumada a las ya existentes declaraciones del sistema Universal y del Americano.

Por lo tanto, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC,informa y alerta a la comunidad nacional e internacional que TENEMOSSUSPENDIDA LA INTERLOCUCION CON EL GOBIERNO DE COLOMBIA, por las siguientes consideraciones:

Ante el difícil panorama desolador de violaciones de derechos de lospueblos indígenas.

El pasado 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2007, losindígenas expresamos nuestras postura, sobre las actuaciones del Gobierno Nacional frente a los Derechos de los pueblos indígenas de Colombia,decidimos retirarnos de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas(Decreto 1397 de 1996), "hasta tanto el gobierno no cumpla el Decreto 1397/96 en materia de presentar una propuesta de presupuesto destinada ala constitución, ampliación y saneamiento de Resguardos, y conversión deReservas Indígenas, que corresponda por lo menos, con las demandas de tierras ya identificadas y requeridas por los pueblos indígenas".

Las políticas, reformas y paquetes legislativos, configuran un conjuntode leyes que van en contravía de los derechos de los pueblos indígenas, en las que se avizora la amenaza constante y reiterada contra los territoriosindígenas, sin acudir a los mecanismos de Consulta Previa. Toda vez que elEstado delega sus funciones, en las empresas privadas que instalan sus megaproyectos, desconociendo la jurisdicción especial indígena, además deconvertir el desplazamiento forzado interno en una especie de política. Unejemplo claro es la aprobación del Estatuto de Desarrollo Rural, la ley forestal, el código minero, la ley de trasferencias, ley de paramos, entreotras. Estas leyes desconocen el reconocimiento de nuestros territorios,ya que está mas orientada a la generación de empresas agroindustriales, de tal manera que en el Plan de Desarrollo de este gobierno no contemplarecursos económicos para el saneamiento, ampliación y constitución deresguardos indígenas, pero si estrategias para reestructurarlos o lo que es lo mismo para desconocerlos.

Así mismo la Comisión Nacional Derechos Humanos, que venia actuando segúndecreto 1396 del 96, con la participación de la ONIC, CIT, OPIAC y AICO yel Gobierno, fue levantada el 2 de noviembre de 2006, por la no adopción del Gobierno frente a la Declaración Universal de los Derechos de losPueblos Indígenas de Naciones Unidas, por la falta de delegatariosoficiales con poder de decisión del Gobierno en la mesa; sumada a la falta de compromisos por el ente de control de ddhh e investigación, no danrespuesta a los mas de 2 mil casos presentados ante la Fiscalía parabuscar respuesta por estas violaciones. De los casos presentados 99% están en etapa preliminar o de instrucción, pese a que los casos vienen desde1994.

A pesar de las demandas repetidas por las comunidades y pueblos indígenasexigiendo respuestas efectivas de sus desaparecidos, el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos y la reparación por parte del Estado a lasfamilias de las víctimas de este crimen de lesa humanidad, el Estadocolombiano no ha aclarado a la fecha ninguna de las denuncias pordesaparición forzada, ni ha emprendido sanciones penales contra los responsables.

En este sentido es necesario advertir la preocupación por el papel queviene jugando la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de laNación y la Fiscalía General de la Nación, respecto de su obligatoria protección de los derechos de los pueblos indígenas, puesto que lasinvestigaciones por desplazamientos, torturas, desapariciones, yasesinatos, cometidos contra lideres indígenas en el país, no han arrojadoresultados efectivos y eficaces, todo ello sumado a la presencia yactuaciones paramilitares en los resguardos, quienes han terminadoamparados bajo la ley de justicia y paz o como la denominaron algunos: la"Ley de la Impunidad".

Estas actuaciones evidencian nuestra única pregunta ante el Plan Nacionalde Derechos Humanos ¿para que seguir agotándonos en discusiones con elgobierno nacional, si este no tiene voluntad política para cumplir, acatar y respetar los DDHH?

Las ONIC quieren decir con esto. Que ante el Plan Nacional de DerechosHumanos, no esta dispuesta a seguir en la interlocución con este Gobierno.Antidemocrático y represivo de Álvaro Uribe Velez.

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIAONIC: 25 AÑOS DE RESISTENCIA POR UNA SOCIEDAD MÁS INCLUYENTE.VII CONGRESO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, POR LA CONSOLIDACION DEL GOBIERNOPROPIO.

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