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martes, 25 de septiembre de 2007

CINCUENTA AÑOS DE REPRESIONES Y SAQUEOS NO HAN FRENADO LA LUCHA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS [1]

Por: GIOVANNA CAPELLI [2]

Veinticinco años de resistencia. 25 años de lucha por la dignidad, el territorio, la autonomía, la unidad y la misma sobrevivencia. Uno de los movimientos indígenas más importantes de América Latina, la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) celebra en estos días un cuarto de siglo de resistencia en el país más maltratado del continente, que antes de la llegada de los colonizadores era llamado Abya Ayala.

Desde hace más de medio siglo Colombia sufre un conflicto interno que en los últimos años ha asumido el perfil de una verdadera y propia guerra contra la población civil. Dos tercios de ésta vive en la miseria forzada por la explotación económica. Un modelo impuesto directamente desde Washington que ha necesitado aliarse con los escuadrones de la muerte, con el narcotráfico internacional, con los militares, los políticos y las oligarquías locales.

En un continente en transformación, sostenida por la onda bolivariana e indígena y sacudido por las luchas de los movimientos sociales, Colombia asume un valor mucho más importante para los intereses estratégicos de las multinacionales y para la seguridad energética de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta esto, se comprende la intensificación de las acciones militares realizadas y las privatizaciones llevadas a cabo. El Plan Colombia, El Plan Patriota, las bases militares, el TLC (Tratado de Libre Comercio), son sólo algunos de los instrumentos de guerra contra una población entera.

El fiel vasallo de turno es esta vez el gobierno de Uribe Vélez, famoso no solo por esto, sino sobretodo por ser el verdadero promulgador del paramilitarismo y del modelo de Estado parafascista construido para llevar a cabo las políticas neoliberalistas. El escándalo de los últimos meses en el que se ha revelado públicamente la responsabilidad de un tercio del parlamento por mantener relaciones con el paramilitarismo, conexiones con el narcotráfico, y relaciones con las empresas y la corrupción, inicia a mostrar las dimensiones del terrorismo de Estado y de cómo un país ha sido desmontado y luego reconstruido expresamente sobre los intereses del capital y de la mafia, nacional e internacional.
Al interno de este marco, los movimientos indígenas, sociales, afrocolombianos, sindicales y todas las organizaciones que se rebelan contre esta prospectiva constituyen un obstáculo de eliminar. El paramilitarismo nace de hecho no para combatir contra las guerrillas de las FARC-EP y el ELN sino para exterminar los opositores sociales y políticos y aterrorizar la población civil. Basta pensar en las 65 mil ejecuciones extrajudiciales de los últimos treintas años, de las cuales, cinco mil corresponden a miembros de los partidos de izquierda de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, a los casi tres mil sindicalistas asesinados en los últimos veinte años y a los cuatro millones de desplazados internos.

Cifras que producen escalofrío pero que también hacen reflexionar sobre la extraordinaria capacidad de resistencia de los movimientos colombianos partiendo precisamente del movimiento indígena que ha pagado más que cualquier otro en términos históricos y sociales.
Tan sólo en los primeros ocho meses de este año han sido asesinados trescientos indígenas, y miles han sido las violaciones de derechos humanos, pero, no obstante esto, “la palabra continua a caminar”. La resistencia indígena, a pesar de la nimiedad numérica, dado que representa “solo” un millón trescientos mil de los cuarenta y cinco millones de colombianos, es impresionante por su fuerza y creatividad. Los 92 pueblos nativos que aún viven en Colombia responden golpe a golpe a las actividades criminales de las multinacionales en sus territorios, violados no solo por la brutalidad de la fuerza, sino también por la misma incapacidad del derecho internacional de hacerse sentir.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos muchas veces han condenado el gobierno Uribe Vélez pidiéndole modificar su política hacia los pueblos indígenas, pero hasta el día de hoy nada ha servido para cambiar la situación.
Son 18 pueblos indígenas que están en riesgo de desaparecer por causa del conflicto y de las actividades de las multinacionales, todas realizadas en total violación del derecho y de las convenciones internacionales. “Hasta hoy solo nuestra resistencia y la solidariedad internacional de base nos han permitido continuar y existir como indígenas. Los gobiernos continúan a desconocer todos nuestros derechos, mientras las instituciones multilaterales son incapaces de hacer aplicar lo que ellas mismas dicen y la grande cooperación internacional solo ha jugado un rol negativo o de división de nuestras luchas”, dice Luis Evelis Andrade Casamá presidente de la ONIC. En este sentido también nuestro país viene llamado en causa.
Nos parece de verdad incomprensible cómo se puede continuar a no denunciar en el plano internacional un gobierno parafascista como el de Uribe Vélez mientras sí se “demuestra preocupación” por el gobierno venezolano, boliviano y ecuatoriano. Redistribuir igualmente las riquezas, nacionalizar los propios recursos garantizando de todas formas un margen de grandes ganancias para las empresas privadas, erradicar el analfabetismo e invertir en el social en vez que en la guerra hace torcer la nariz y da fastidio a la “democrática” Europa, mientras permanece muda ante todo lo que sucede cotidianamente en Colombia.
Debemos entonces hablar con sinceridad de una colusión o de una incapacidad por parte de la Unión Europea para articular una política independiente de los intereses del gobierno de Washington y de las grandes transnacionales. Sería entonces necesario que alguien nos dijera desde esta perspectiva de que parte está el gobierno italiano, mientras seguramente los movimientos de nuestro país han ya demostrado su decisión de paz y justicia social en confronto con las explotaciones y las guerras. Para apoyar el movimiento indígena colombiano en estos años, A Sud, canalizando el apoyo de pequeñas realidades de base y de algunas instituciones locales, ha reforzado el sistema informativo indígena realizando 36 radios comunitarias, ha constituido un observatorio legal, ha apoyado y acompañado en campo los procesos de algunas de las luchas simbólicas en contra de la explotación petrolífera, ha iniciado la campaña por la “liberación de la Madre Tierra” y por el reconocimiento de la “deuda ecológica” y ha sostenido actividades para el regreso de las comunidades desplazadas a sus territorios.
Después de la moción presentada por el grupo al Senado del PRC (Partido de la Refundación Comunista) en apoyo al movimiento indígena colombiano, luego de la visita de la ONIC y de la representante de las mujeres Wayúu organizada por A Sud en octubre del 2006, algo se ha movido. El pasado cinco de septiembre, durante una misión internacional de verificación de los derechos de los pueblos indígenas organizada precisamente por A Sud y por el grupo al Senado del PRC se vivió una de las etapas más intensas de este camino hecho de reciprocidad y de ideales comunes: la inauguración de la Casa de las Mujeres Wayúu. La concretización de la primera fase de un proyecto de cooperación de base que parte del sostenimiento a la lucha de las mujeres por la afirmación de sus derechos y contra la impunidad del paramilitarismo que en los últimos años ha asesinado y violado a centenares de ellas.
Este extraordinario pueblo matrilineal hecho de mujeres guerreras que han vivido por milenios en la región de La Guajira al norte de Colombia, ha visto su territorio transformarse en el epicentro de los intereses del narcotráfico y de nueve megaproyectos, entre los cuales la más grande minera de carbón a cielo abierto, una gasoducto, un puerto multifuncional y hasta un proyecto de ecoturismo, que ha provocado el desplazamiento de muchos Wayúu de sus territorios, obligados ahora a vivir en condiciones inhumanas. Todo viene robado de esta tierra, mientras que a sus legítimos hijos no les queda nada excepto el dolor por las muertes sufridas.

Para continuar a resistir y para continuar a formar e informar a tantas de ellas, las mujeres Wayúu han solicitado a A Sud que se comprara una casa en uno de los puntos estratégicos de La Guajira donde se entrecruzan muchos de estos intereses: Cuatro Vías. Una casa realizada también gracias al apoyo del Comité Piazza Carlo Giuliani, que ha sido dedicada precisamente a nuestro Carlo, entrelazando simbólicamente su nombre al de aquellos muertos Wayúu que en estos años se han enfrentado por los mismos valores en los que él creía y por los cuales fue asesinado. Una acción desde la base que acerca nuestros pueblos, que refuerza nuestras luchas y que demuestra como es posible construir otra forma de hacer política.








[1] Publicado originalmente en periódico Liberazione . 9 de septiembre de 2007.
[2] Senadora italiana del Partido de la Refundación Comunista (PRC)

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